Un trabajo de la consultora IDESA intenta poner en términos cuantitativos el costo que compromete la creación de un empleo en el sector público. El trabajo se generó tras el decreto del Gobierno nacional prohibiendo que los familiares hasta el segundo grado de los funcionarios con cargos de ministro o superior puedan ser designados como empleados de planta en el sector público nacional.
«La medida tiene alta carga simbólica debido a que en la cultura política argentina usar el empleo público como mecanismo para distribuir favores personales, familiares y políticos es una práctica muy arraigada. La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante», dice el documento de IDESA.
¿Cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado? Tomando como ejemplo un empleado público provincial (66% del empleo público total) que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo estimado es el siguiente:
- Durante su vida activa habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones.
- Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca.
Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones. Estos datos son aproximados pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado. El principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida.
«Esta modalidad de gestión de los recursos humanos desnuda las inconsistencias de las normas que rigen en el Estado. Para efectuar una compra de un bien o servicio por un monto de esta magnitud es necesario un llamado a licitación pública aplicando controles de legalidad y pertinencia, métodos transparentes y competitivos de compulsa e instancias de apelación», destacaron desde la consultora.
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