La ofensiva contra la litigiosidad laboral se ha convertido en otro eje fundamental de las reformas estructurales «de segunda generación» que planteará Mauricio Macri.
Según confirmaron al portal iProfesional importantes fuentes vinculadas con el ámbito gubernamental, la embestida contra la llamada «industria del juicio» irá cobrando forma luego de las elecciones legislativas de octubre.
Preocupado por la lentitud que se evidencia en la creación de empleo en el sector privado, el Gobierno tiene en carpeta un blanqueo estructurado en tres lineamientos clave:
1. La condonación de multas a quienes regularicen la situación de sus empleados.
2. La implementación de mayores castigos a quienes persistan en mantener a dependientes mal registrados o empleo en negro».
3. El otorgamiento de beneficios a quienes han venido cumpliendo con la ley, para que la medida no sólo beneficie a evasores.
Por lo pronto, el Gobierno ya comenzó a preparar el terreno para la implementación del blanqueo laboral.
Según confirmaron a iProfesional importantes fuentes, ya hay equipos trabajando en esta iniciativa, que están siendo supervisados por el ministro Jorge Triacca.
Las consultas con la AFIP son frecuentes, ya que el blanqueo laboral se complementará con una reforma impositiva que estará orientada a bajar impuestos locales y nacionales (ver más abajo).
Entre las alternativas en carpeta, se destaca la baja del porcentaje -o directamente la eliminación- del monto de las multas por «empleo en negro» que va al bolsillo de quienes no estuvieron registrados en forma total o parcial.
Este tipo de sanciones está prevista en las leyes 24.013 y 25.323 y no son acumulativas. Los jueces laborales hacen lugar a una u otra, pero pueden terminar duplicando o triplicando los resarcimientos por despidos.
En la actualidad, la tasa de desempleo ronda el 10% y los asalariados no registrados suman cerca de 4,5 millones (33% del total).
La documentación acercada a este medio da cuenta de que las demandas por este incumplimiento reúnen el 30% del stock de juicios existentes.
Estos números significan un dolor de cabeza para el Ejecutivo y llevan a los funcionarios a evaluar alternativas para bajarlos y así disminuir una conflictividad que saturó a los tribunales.
En Casa Rosada están convencidos de que el sistema impositivo vigente más la catarata de juicios laborales no hacen otra cosa que incentivar el trabajo informal.
Según el jefe de Estado, el problema es la existencia de una «mafia» que sólo en un año y medio (diciembre de 2015- junio de 2016) se hizo de $10.000 millones en concepto de honorarios.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los últimos años se produjo un crecimiento exponencial de demandas laborales:
– En 2012 ingresaron 63.000
– En 2014, 78.000
– En 2016, 115.000
Si se consideran sólo las demandas que están a la espera de sentencias vinculadas con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), son 300.000 los casos acumulados por la friolera de u$s5.000 millones.
En este contexto, los expertos laboralistas alertan sobre el colapso del sistema y por la situación caótica que día a día se vive en los tribunales: en 2016 fueron presentadas a razón de 100 causas diarias promedio por mes y por juzgado, más del doble de lo que pueden asumir.
Del lado de las empresas, una de las principales quejas se vincula con las demoras en la resolución de una causa, ya que esa dilación las obliga a pagar un monto exorbitante en concepto de intereses.