El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía dio a conocer las empresas que resultaron adjudicatarias de las obras que conforman el Polo Judicial Penal. El proyecto contempla la construcción de tres edificios detrás del penal de San Felipe y un túnel que conectará uno de ellos con el complejo penitenciario.
La Estación Transitoria de Detenidos (Estrada) se ubicará en el sector más bajo del predio, entre las calles Atahualpa Yupanqui y San Felipe. El proyecto prevé la conexión con la Penitenciaría por medio de una circulación subterránea exclusiva y posee un presupuesto oficial de $163.410.773. De ese monto, $72 millones serán financiados con los Bonos Mendoza, mediante la ley de seguridad, aprobada por la Legislatura provincial. Esta obra fue adjudicada a la unión transitoria de empresas (UTE) formada por Genco y RIEC.
Estrada recibirá a las personas privadas de libertad (PPL) de los complejos penitenciarios de Mendoza (procesados y condenados) y a los detenidos provenientes de las comisarías.
Con un presupuesto oficial de a $652.184.247 y un plazo de ejecución de 12 meses, el nuevo edificio de la Corte Suprema fue adjudicado a la UTE Stornini-Ayfra-Construcciones San José. Poseerá una superficie cubierta de 14.709,80 m2 y será ejecutado con un sistema mixto de construcción que incluye elementos prefabricados y construcción tradicional, ambos en hormigón armado. En esta primera etapa, el nuevo edificio comprende también la construcción de la circulación peatonal subterránea, las obras exteriores, la subestación transformadora y la sala de grupos electrógenos.
Finalmente, el edificio del Ministerio Público Fiscal será construido por las empresas Ceosa-Tolcon. Estará dividido en ocho niveles: primer subsuelo, segundo subsuelo, planta baja, 1°, 2°, 3° 4° pisos y azotea, y posee un presupuesto oficial de $631.631.974.
El Polo Judicial Penal busca dotar del soporte estructural necesario para contener el aumento de las personas privadas de la libertad, proveer un ambiente propicio que permita el trabajo dentro de las cárceles y acompañar las reformas procesales para agilizar los procesos en la Justicia mendocina.
El funcionamiento de la Justicia Penal y del Ministerio Público Fiscal será trasladado a un emplazamiento ubicado detrás de los penales provinciales, lo que significará una mejor forma de utilizar los recursos. Las audiencias orales se llevarán a cabo directamente en ese edificio evitando el traslado de los internos.
Fuente: prensa Economía