Son dos terrenos ubicados en la parada 8 de la Playa Brava de Punta del Este. Quienes conocen la zona dirán que es inmejorable para emprender allí e invertir en el negocio de la construcción. La Trump Tower o los edificios de Le Parc son algunos de los monstruos inmobiliarios que se vislumbran desde la Rambla Lorenzo Batlle Pacheco y acompañan a estos predios, los que volvieron al centro de la escena en la Justicia uruguaya tras el escándalo de los cuadernos de las coimas K que desataron un entramado de corrupción en la Argentina.
La declaración como arrepentido del empresario Carlos Wagner, en la causa que lidera el juez Claudio Bonadío e investiga el pago de sobornos en la obra pública argentina durante los gobiernos kirchneristas, impactó del otro lado del Río de la Plata. El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción reactivó con sus palabras los trabajos de la Secretaría Antilavado, a cargo de Daniel Espinoza, y de la fiscalía del Crimen Organizado, con Luis Pacheco a la cabeza, en donde la compra y venta de los terrenos mencionados despertó una gran sospecha en Uruguay.
«Tenemos bastante información pero el fiscal Pacheco va a pedirle al juez Bonadio y a su par Carlos Stornelli que nos compartan las declaraciones de todos los arrepentidos, para tener las versiones oficiales y poder trabajar con la información oficial», dijo Espinoza.
Hasta el momento, la causa que investiga Pacheco descubrió que quien vendió esos dos predios -de 7.000 metros cuadrados cada uno-, fue una sociedad anónima que giró USD 16,5 millones a una cuenta de Helvetic Services Group S.A. en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal.
En 2013, el nombre del uruguayo Juan Pedro Damiani comenzó a ser mencionado a partir de la investigación judicial sobre lavado de dinero contra de Lázaro Báez, por la que el empresario patagónico está detenido y procesado. Damiani es el titular de un conocido estudio contable en Montevideo, apuntado como el favorito de los argentinos que buscaron operar con su dinero en el exterior, lejos de la mirada de la AFIP, a través de firmas offshore con prestanombres panameños y uruguayos.
Damiani apareció asociado a Helvetic Services Group S.A., quien tenía como «representante legal» a Jorge Chueco, ligado a la familia Kirchner, conocida en un primer momento como la firma suiza que se quedó con «La Rosadita», la financiera de Federico Elaskar que, en 2011, pasó a ser controlada por gente del entorno de Báez. Según determinó la Justicia argentina, a través de Helvetic, el empresario patagónico lavó al menos USD 33 millones, en una triangulación de dinero que pasó por Uruguay, Estados Unidos y Suiza.
El arrepentimiento de Wagner reabrió la causa por un motivo esencial: el empresario es accionista de la empresa Decavial, la misma que giró parte de un pago pactado, en los USD 16,5 millones mencionados, con una firma de Helvetic, atribuida a los hijos de Lázaro Báez.
Cuando la Justicia uruguaya escuchó la forma en la que se pagaban sobornos durante los gobiernos kirchneristas para obtener contratos millonarios en la obra pública, Pacheco, junto a la Secretaría Antilavado, reactivó el equipo de trabajo que en 2016 dio con el paradero del campo El Entrevero, en José Ignacio, y de un predio cercano, vinculados también con Báez.
En los cuadernos, a los que sí accedió la Justicia uruguaya, se detallan los 35 viajes a Uruguay que el exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, realizó entre 2008 y 2016, los cuales reflotaron una línea de investigación en la llamada ruta del dinero K, que hasta ahora no había arrojado resultados para la fiscalía del Crimen Organizado.
Aquí el foco radica en las valijas con dinero que llegan en vuelos privados. La primera vez que este tema fue investigado en Uruguay, fue en abril de 2016, cuando el valijero Leonardo Fariña declaró ante el juez Sebastián Casanello que él mismo se ocupaba de trasladar importantes sumas en vuelos que aterrizaban en el aeropuerto de Melilla, cercano a la ciudad de Montevideo, y eran así introducidas en el país aprovechando la falta de controles.
«Falta de personal y un pésimo control que aún sigue ocurriendo. En 2013 denunciamos que había innumerables vuelos privados que llegaban a Melilla, desde el aeropuerto de San Fernando, pero nos comunicaron que no necesitaban la intervención de funcionarios aduaneros. Nosotros queremos trabajar en defensa de nuestro personal y de los ilícitos que aún ocurren, en donde quizá se ingrese dinero o drogas sin ningún tipo de control», explicó Roberto Valdivieso, presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA)
Valdivieso también indicó «estar a disposición del fiscal Pacheco para colaborar y brindar la información necesaria que él requiera. Las fronteras uruguayas son porosas, los controles no dan resultados. Acá hay que fiscalizar y no facilitar los ingresos. Así nos va, los resultados están a la vista. No es ninguna novedad para nosotros, que ahora sí advertimos que hay preocupación porque el tema de los cuadernos fue el detonante. Pero lo advertimos».
Espinoza, por su parte, también mencionó el nombre de el financista argentino Ernesto Clarens, señalado por empresarios de la construcción como responsable de una maniobra para mover USD 200 millones fuera de Argentina y por Fariña por ser responsable de blanqueo de coimas desde 2003, con 91 viajes al Uruguay en su haber, de los cuales -al menos- siete fueron al mismo tiempo que viajaba Muñoz, aunque en transportes diferentes.
«Queremos saber, a partir de estos terrenos, qué nombres están involucrados. Qué relación tiene Muñoz o Clarens en todas estas maniobras. Necesitamos la información desde Argentina para poder avanzar. No sabemos si estos terrenos fueron comprados en efectivo, porque la falta de control en la Aduana no permite tener un registro fehaciente. Desde el 1° de abril de este año, en Uruguay rige una ley que no se puede realizar una compraventa de inmuebles o vehículos en efectivo que supere los USD 5.000. Para atrás, aún no sabemos cómo lo hicieron», concluyó Espinoza. -> 234710
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