Un español fue detenido en Madrid acusado de ser el cerebro financiero del lavado de dinero en el exterior y en paraísos fiscales de la empresa constructora brasileña Odebrecht, en el marco de la Operación Lava Jato que investiga la corrupción entre compañías de ingeniería, funcionarios de la petrolera estatal Petrobras y la financiación de los partidos políticos.
El arresto del español Rodrigo Tacla Durán abrió un capítulo internacional en el caso «Petrolao», el cual inició el juzgamiento por parte del juez Sergio Moro del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por la fiscalía de haber recibido como soborno un apartamento por parte de la empresa constructora OAS a cambio de tres contratos con la empresa petrolera.
La Guardia Civil española anunció que Tacla Durán, de 43 años, está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal, e informó que sobre él pesa una orden internacional de detención para ser extraditado a Brasil.
Aunque se conoció este martes, la detención se produjo el sábado, luego de que Tacla Durán llegara a Madrid procedente de Estados Unidos, adonde se había ocultado tras huir de Brasil en abril de este año.
Tacla Duran es un abogado de la empresa constructora Odebrecht, que estaba siendo investigado por las autoridades brasileñas en el marco de la operación Lava Jato, por el presunto lavado de dinero de Petrobras a través del desvío de más de 50 millones de reales brasileños (14 millones de euros) a diversos partidos políticos.
El español está considerado como un especialista en movilizar el dinero de Odebrecht y otras dos empresas, Mendes Junior y UTC, que supuestamente era enviado al exterior para pagar sobornos y financiar ilegalmente a partidos políticos.
Al margen de esta detención, uno de los focos de la agenda nacional brasileña está puesto en el juicio que inició ayer el juez Moro en Curitiba para determinar si es de Lula un apartamento en el balneario de Guarujá que el presidente dijo que desistió de comprar luego de que se lo ofreciera Leo Pinheiro, dueño de la constructora OAS, quien es su amigo y confesó ser un corruptor de funcionarios para obtener licitaciones en la esfera federal y estadual.
Cuatro testigos presentados por la acusación, la fiscalía de la Operación Lava Jato, negaron vinculaciones de Lula con ese departamento que se la atribuye como dádiva, pero la sesión estuvo marcada por las discusiones, e incluso gritos, entre los abogados del ex mandatario (2003-2010) y el magistrado, célebre por su rigurosidad en este caso que involucra al nudo del sistema político y su financiación ilegal mediante obra pública.
El testimonio principal fue el del ex senador Delcidio Amaral, quien dijo creer que el ex presidente, hoy su rival político, sabía cómo funcionaba el reparto de cargos en la petrolera estatal Petrobras, aunque reconoció que nunca conversó con el ex mandatario sobre acciones ilícitas o corrupción.
También el extitular de la constructora Camargo Correa, Dalton Avancini, un corruptor que confesó haber pagado sobornos por 100 millones de reales por el 1% de obras públicas a directores de Petrobras, declaró en la audiencia que nunca se reunió con Lula, nunca supo sobre corrupción vinculada al ex presidente personalmente y que además desconoce el caso del apartamento que la fiscalía le endilga en la playa de Guarujá.
El exsenador Amaral fue quien más abundó en el contexto de la corrupción pero no ofreció pruebas ni declaraciones directas sobre el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
«Lula no sabía los detalles, pero sabía de los proyectos y de los intereses involucrados. La clase política y hasta la hinchada del Flamengo lo sabía. El no tenía injerencia directa. Pero absolutamente había en Petrobras una situación de corrupción sistemática», dijo Amaral, quien fue destituido como senador por sus pares a causa de casos de corrupción.
Amaral era el líder del gobierno de Dilma Rousseff en el Senado y fue detenido tres meses acusado de planificar la fuga del país de un ex director de Petrobras corrupto confeso, Néstor Cerveró, uno de los delatores de la trama involucrando al Partido de los Trabajadores, el Partido Progresista (PP) y el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).
«Nunca conversé de esto con Lula. El no daba espacio para esto, yo no tenía una relación próxima con él pero esto era sabido, yo siempre conversé con políticos, por mi condición de senador y líder del gobierno en el Senado y también conozco a los empresarios involucrados», dijo el senador.
«No se ha aportado ninguna prueba contra Lula», dijo el abogado Cristiano Zanin Martins, en el marco del enfrentamiento que la defensa del ex mandatario tiene con la fiscalía y el juez Moro, a quien denunció ante la comisión de derechos humanos de la ONU por abuso de poder y persecución política.
La tensión en la sesión -que continuará durante la semana- se dio cuando uno de los defensores de Lula, Roberto Batocchio, se quejó porque Moro le negó varias demandas.
«Usted es el juez del proceso, pero no es el dueño del proceso. El límite es la ley y la defensa tiene derechos. Parece que usted quiere eliminar el derecho de defensa. Imaginé que eso fue sepultado por los Aliados en 1945», protestó.
Moro dijo que él hacía preguntas más allá del caso juzgado «para tener contexto». Y el abogado de Lula le respondió: «El contexto apenas existe en la cabeza de Su Excelencia».
«Están haciendo de la audiencia una seguidilla de tumultos», se quejó el juez Moro.
La fiscalía federal de Paraná, a cargo de la acusación en la Operación Lava Jato, que incluso impulsa un paquete de leyes en el Congreso contra la corrupción, llamó también a otros testigos, como los ex Camargo Correa Avancini y Eduardo Leite, todos corruptores confesos de funcionarios, y Carlos Mendonca, un arrepentido de la firma Toyo Setal, constructora de astilleros, que negaron que el ex presidente haya participado de ilegalidades.
