Los números fiscales siguen deteriorándose. En el primer trimestre del año, la administración nacional registró un déficit de $ 91.200 millones, según reveló ayer un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto (ASAP). El rojo implica más del doble de los $ 35.100 millones que se anotó en el mismo período de 2014. Semejante pérdida se explica porque desde hace al menos siete años, el gasto público sobre todo en un año electoral crece más que los ingresos, a pesar del permanente auxilio financiero del Banco Central al Tesoro.
La ASAP indicó que en la primera mitad del año los ingresos tributarios crecieron 30,1%, mientras que los gastos se incrementaron 38%, en lo que técnicamente se denomina «base devengado»; es decir, en el momento en que se genera la obligación del gasto o de cobro. «Como suele suceder durante el último mes de cada trimestre (y especialmente en junio y diciembre, por la incidencia del medio aguinaldo), en junio de este año la Administración Nacional en base devengado mostró un déficit financiero significativo de $ 20.500 millones», consigna el informe. Por su parte, la deuda pública, es decir, la contraída por el Gobierno, generó en la primera mitad de este año obligaciones de pago por intereses por un total de $ 48.648 millones, lo que implica un incremento del 33,3% respecto de igual período del año pasado. De ese modo, la ASAP estima que «los gastos corrientes y de capital totalizaron $ 636.192 millones en el período enero – junio, alcanzando una suba del 37,6%».
Subsidios
El Gobierno gastó en el primer semestre $ 111.000 millones en subsidios y transferencias a empresas del estado y privadas, y fondos fiduciarios, según destacó el informe. De acuerdo con esas cifras, se trata de un incremento del 12% respecto de igual período del año pasado.
El estudio puntualizó que los subsidios propiamente dichos «totalizaron algo más de $ 97.400 millones en el semestre» y aclaró que «se cuentan en primer lugar los destinados al sector energético, con un total de $ 70.200 millones aproximadamente». En esta línea, el 48% de los subsidios energéticos correspondieron a la empresa administradora del mercado mayorista eléctrico Cammesa, y un 19% a la firma estatal Enarsa. La administración de Cristina Kirchner intenta de esta manera equilibrar el enorme agujero en las cuentas públicas generado a partir de las importaciones de combustibles para cubrir la demanda doméstica ante la debilitada producción de hidrocarburos local.
«En segundo lugar, los subsidios al transporte totalizaron cerca de $ 22.600 millones en el semestre, promediando un incremento del orden del 31%», detalló ASAP. El relevamiento señaló que las asignaciones para el transporte automotor sumaron $ 12.570 millones, seguidas por las destinadas al transporte ferroviario, con erogaciones por $ 7655 millones y las del transporte aerocomercial, a las que se destinó unos $ 2360 millones.
Por último, otras empresas no vinculadas a energía y transporte demandaron al Estado unos $ 2950 millones de subsidios, entre los que se destacan AYSA con $ 1500 millones; Radio y Televisión Argentina, con $ 851 millones y el Correo Argentino, $ 232 millones.
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