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Empresas rechazan orden judicial para bloquear a Uber por celular

Dos organizaciones internacionales que representan a los operadores móviles manifestaron su «preocupación» por el pedido a la Justicia porteña de bloquear el acceso a la aplicación de Uber. Así lo manifestaron la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la Asociación GSM en un comunicado.

La medida cautelar a que se hace referencia fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, fechada en diciembre, pero comunicada al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) días atrás.

El texto, que lleva la firma de los jueces Fernando Bosch y Marcela De Langhe, hace lugar a un pedido del fiscal de Cámara Martín Lapadú y nunca entró en vigencia porque fue apelada por la empresa. En el comunicado emitido el martes las entidades empresarias solicitaron a las autoridades judiciales y al ente regulador «dejar sin efecto este nuevo requerimiento y considerar otras vías para dar cumplimiento a la normativa vigente en el ámbito del transporte de pasajeros».

Y argumentaron que «el bloqueo de contenidos y servicios de internet constituye una medida extrema con potenciales efectos nocivos sobre la integridad y seguridad de la red, que sitúa a las operadoras móviles en un rol que no les corresponde».

Las entidades precisaron que «el bloqueo no resuelve el problema ya que no elimina el contenido de Internet ni detiene la actividad ilegal. Tan sólo supone un falso muro frente al contenido e implica un riesgo para los usuarios (que intenten evadir el bloqueo), favoreciendo la clandestinidad de los servicios».

Y cuestionaron que la jurisdicción del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma no estaría habilitado para dictaminar en cuestiones de Comunicaciones e Internet, que son materia federal. «Las tensiones derivadas de los nuevos modelos de negocios y la prestación de servicios a través de Internet deben ser abordadas a través de mecanismos idóneos, teniendo en cuenta el interés público», señalaron las compañías al destacar que están dispuestas a «un diálogo multisectorial que permita actualizar las normativas y darles cumplimiento».

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