Nuevo pedido de desafuero y detención para Julio De Vido

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El diputado Julio De Vido recibió este jueves otro procesamiento con prisión preventiva, esta vez en una causa en la que investiga presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015.

La decisión fue del juez federal Claudio Bonadio, quien pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del ex ministro de Planificación y dispuso además la “inmediata detención” de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio y hombre de confianza de De Vido.

Baratta se presentó espontáneamente en el juzgado y quedó automáticamente detenido.

En su fallo, Bonadio resolvió además trabar un embargo por 1.000 millones de pesos cada uno y también procesó al ex secretario de Energia Daniel Cameron y el ex ministro de Obras Publicas durante el menemismo Roberto Dromi, quien intervino como asesor.

Los ex funcionarios están acusados de haber participado en una “maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015, ambos inclusive, por el Ministerio de Planificación Federal”, a través de la cual “se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado” de aproximadamente 6.995 millones de dólares, “pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado”, indicó el fallo.

A comienzos de mes, De Vido había presentado un escrito ante el Juzgado de Bonadio en el que había negado que se hubiera ocasionado una defraudación al Estado argentino con la compra de gas licuado durante su gestión para abastecer al mercado interno y pedido su sobreseimiento.

“La presente investigación adolece de falencias estructurales, consecuencia del evidente desconocimiento respecto del mercado del GNL a nivel tanto nacional como internacional”, sostuvo el diputado en ese escrito, pues se negó a contestar preguntas del Juzgado.

Y agregó que, de hecho, esas mismas operatorias que son investigadas, “no sólo contaron con los mecanismos propios de control de la propia Administración Nacional –Unidad Interna dependiente del Directorio de ENARSA, la SIGEN, la AGN e incluso, Price Waterhouse- sino que contaron a su vez con la participación de la Unidad de Seguimiento y Control en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires”.

En 2014 se inició la causa con el requerimiento del fiscal Carlos Stornelli para investigar “las presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural en el período comprendido entre el año 2008 y la actualidad”.

En total fueron tres las denuncias hechas: dos de un abogado particular y otra de entonces opositores del PRO como el senador Federico Pinedo, la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso.