Con esa estrategia, comenzó a trabajar en el lanzamiento de un programa de emisión de Obligaciones Negociables (ON) por u$s 500 millones que fue aprobado en su última asamblea extraordinaria de accionistas llevada a cabo la semana pasada.
Así lo informó la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el documento, las autoridades de Transener anticiparon la decisión de crear un programa global de ON, «las que podrán ser simples o convertibles en acciones, a ser autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV)».
La decisión se conoce un mes después de que la mayor empresa de transporte eléctrico del país anunció que invertirá en los próximos cinco años cerca de u$s 230 millones, en el marco de un acuerdo con el Gobierno a través del proceso de Revisión Tarifaria Integral que se puso en práctica desde febrero pasado., destaca El Cronista.
En este sentido, el presidente de Transener, Jorge Lapeña, destacó que la emisión de ON «permitirá a la compañía contar con un instrumento más ágil para acceder a los mercados de capitales locales e internacionales, con el objeto de obtener recursos para refinanciar pasivos, solventar futuros planes de inversión, eventuales necesidades de capital de trabajo».
En la actualidad, el 51% del capital de Transener es propiedad Citelec, sociedad en un 51% del Estado, a través de Energía Argentina (Enarsa); y en otro 49% del Grupo Pampa, de Marcelo Mindlin. El 49% restante cotiza en el mercado bursátil. La actual composición accionaria se debe a que el año pasado, el Gobierno adquirió por u$s 27 millones la actual participación accionaria en Transener, que era propiedad de Electroingeniería.
Luego de esta operación, el Estado le transfirió $ 2014 millones para sortear sus inestabilidades financieras gracias al auxilio oficial que el gobierno kirchnerista se había comprometido a ceder pero que nunca llegaron a destino. Se trata de dinero que debió recibir tras firmar en 2005 un convenio con la Unidad de Negociación y Análisis de contratos de servicios públicos (Uniren) para obtener aumentos tarifarios de 31%, aunque por única vez pero que no se concretaron.
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