(DyN) – Se cumple un año hoy del rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a aceptar la revisión de las sentencias en contra de la Argentina, en el juicio contra los holdouts y de la caída en default técnico de la deuda pública.
Tras esa decisión, el 20 de junio del año pasado, el juez Thomas Griesa ordenó que el país no pueda pagar los bonos reestructurados con las operaciones de 2005 y 2010 hasta que se cumpla con su sentencia.
El 30 de junio de 2014, la Argentina depositó 539 millones de dólares de un vencimiento en las cuentas del banco fiduciario New York Mellon en Buenos Aires y Griesa le impidió a la entidad su transferencia.
El juez designó un «special master» judicial, Dan Pollack, para que oficie de mediador entre la Argentina y los acreedores.
A un año de esa resolución, el status jurídico no ha cambiado y el país se encuentra sin posibilidades de buscar financiamiento en el exterior.
En septiembre la Argentina dictó la Ley de Pago Soberano por la cual se pretendía cancelar sus obligaciones en el país y Griesa respondió declarando al país en «desacato».
Tras unas negociaciones frustradas con los holdouts, que incluyó la participación de bancos privados locales y extranjeros, la Argentina desconoció a Pollack y comenzó a pedir su remoción.
Los últimos meses de 2014 transcurrieron con la perspectiva de que el 1º de enero, tras expirar la cláusula RUFO -que impedía al país ofrecer mejores condiciones de canje a las ofrecidas en 2005 y 2010- se reanudaran conversaciones, diálogo que finalmente no ocurrió.
En el primer trimestre de 2015, Griesa convocó a los denominados «me too» a que presenten sus acreencias y se hicieron nuevos reclamos por 5 mil millones de dólares».
Dos semanas atrás, Griesa aceptó estos requerimientos y por ende la deuda a renegociar se elevó a unos 7 mil millones de dólares.
La Argentina denunció que Griesa «extorsiona» al país y pretende una negociación con todos los holdouts cuyos reclamos podrían llegar hasta 20 mil millones de dólares.
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