La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba presentó el Informe Anual 2012 en el que proyecta que el déficit que tiene entre los ingresos y gastos previsionales será este año el menor en más de una década.
Así lo sostuvo el titular de la Caja, Osvaldo Giordano, en el marco de una conferencia de prensa organizada en el Centro Cívico de la que también participó el jefe de Gabinete de la Provincia, Oscar González.
Según los datos informados por Giordano, este año el déficit como proporción del total de los egresos será del 8%, el más bajo desde el año 2001 cuando fue del 3%. Se consolida así una tendencia decreciente desde el pico de saldo negativo, que ocurrió en 2006 con el 35%; y representa la mitad del rojo relativo del ejercicio pasado: 15%.
Giordano afirmó que esta mejora en la sustentabilidad se debe a las diferentes reformas en el régimen jubilatorio introducidas desde el año 2002 como el incremento en las edades de retiro, la modificación en el cálculo del haber inicial, la implementación de índices para la movilidad previsional y los cambios en los mecanismos de actualización de haberes, entre otras.
Al respecto, ejemplificó que, si no se hubiera ejecutado la reforma de 2002 que elevó las edades mínimas para jubilarse, la Caja debería pagar 10.000 haberes más que supondrían $ 1.625 “extra” de déficit, elevándolo a casi $ 3.000 millones, más del doble del rojo del año pasado: $ 1.327 millones.
De cualquier manera, en la oportunidad el funcionario no dejó de criticar al Gobierno nacional por su negativa a girar los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) necesarios para financiar parte del déficit. Esta fuerte importancia del organismo nacional queda clara al ver que, entre 2000 y 2007, sostuvo el 95% del déficit, mientras que entre 2008 y 2010 solventó el 75%.
El problema es que la negativa a girar fondos de los últimos dos años complicó al tesoro provincial, que tuvo que financiar este rojo no reconocido por el Estado nacional. Por caso, el último año la Provincia se vio obligada a prestarle a la Caja $ 1.118 millones, una cifra enormemente significativa si se tiene en cuenta que representa más de lo que la administración de José Manuel De la Sota recaudó en concepto de los impuestos Inmobiliario y Automotor en conjunto ($ 1.046 millones).
