Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción nacional, disertó ayer en la Universidad Católica de Córdoba (UCC) en el marco de una jornada sobre ética y transparencia.
En ese marco, adelantó algunos de los ejes sobre los cuales están trabajando desde esa cartera. Con tono crítico, Alonso consideró que «no estamos condenados a la corrupción» en Argentina y que «no vamos a resolver esto de un momento a otro, estamos hablando de 200 años de historia, de 200 años de Aduana», en clara alusión a las recientes sospechas de corrupción por parte de funcionarios de esa entidad.
En primera instancia, Alosno subrayó la necesidad de prevención de situaciones de corrupción y para ello confirmó que en todas las instancias gubernamentales solicitarán que el presupuesto sea totalmente público porque «esto tiene que ver con la transparencia». Aclaró que si bien hay áreas muy sensibles que merecen nivel de reserva en el manejo de la información (seguridad, defensa, inteligencia) propondrán que «estén sometidas, por ejemplo, al control parlamentario o de auditoría general».
Por otro lado, adelantó que se exigirá en todos los casos que se realice una retención salarial del 20% a los funcionarios que no presenten su declaración jurada patrimonial. «Si bien desde hace 17 años existe la ley que regula esto, nunca se cumplió», criticó Alonso.
Asimismo, subrayó que una de las máximas aspiraciones del gobierno nacional es integrar el listado de los países miembros de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para lo cual el gobierno nacional está poniendo en marcha más de 20 proyectos para presentar a diferentes misiones extranjeras que llegarán a Buenos Aires para evaluar la posibilidad de que la Argentina ingrese como miembro pleno en esta entidad internacional. «Poder ser miembro miembros del OCDE, organismo que establece estándares muy altos en materia educativa, laboral, medioambiental, institucional, es un paso en el camino al desarrollo sustentable», rescató Alonso.
Por último, la funcionaria destacó que el Poder Ejecutivo puso en marcha el sistema de gestión documental electrónica y subrayó que esto permitirá «mayor acceso a la información».
Sobre la relevancia del trabajo para prevenir y sancionar la corrupción, destacó algunas de las últimas investigaciones que se llevaron a cabo desde la oficina que preside, como la denuncia a Echegaray por administración fraudulenta y a De Vido por fraude de U$S 130 millones. Alonso concluyó: «Hay que echar a rodar esta cuestión de que si la sociedad no toma seriamente este tema puede ser un espasmo, como en el 2001».