Según datos relevados por The Heritage Fundation en sociedad con The Wall Street Journal, el puntaje de libertad económica de la Argentina es de 44.1, cuando las economías más libres son Chile, con 78.1, y Colombia con 71.7 puntos, los índice más elevado de 2015. Dicho ranking mide libertades económicas, gestión del gasto público, libertad de trabajo y libertad de empresa.
En ese contexto, Argentina ocupa el puesto 27º entre los 29º países de la región del Sur y América Central / Caribe, “y su puntaje general sigue estando muy por debajo de los promedios regionales y mundiales”, explica el informe.
“Argentina continúa sumida en un clima de represión económica. Gravemente obstaculizada por la interferencia del Estado, la economía formal crece cada vez más estancada, mientras la actividad económica informal se expande. La estabilidad monetaria es particularmente débil, y hay controles de precios en casi todos los bienes y servicios. La interferencia del gobierno en el sector financiero más distorsiona los niveles de precios”, precisa el duro informe sobre el país.
En los últimos cinco años, el puntaje de libertad económica de Argentina se ha reducido en más de 7 puntos, sumiendo a la economía en la categoría de «reprimida». “Pérdidas considerables han ocurrido en ocho de las 10 libertades económicas, sobre todo en el gasto gubernamental, libertad de inversión, libertad de empresa, y los derechos de propiedad”, explica el informe. En el Índice de 2015, Argentina ha registrado su nivel más bajo desde que se elabora dicho ranking de libertad económica.
“La corrupción afecta a la sociedad argentina y los escándalos son comunes”, dice en uno de los párrafos elaborados por la fundación. “En junio de 2014, el vicepresidente Amado Boudou fue acusado de soborno y conducta incompatible con la función pública. El sistema de justicia está afligido por las puntuaciones de los jueces titulares, por incompetentes y corruptos. Los tribunales inferiores están muy politizadas, y la Corte Suprema, relativamente independiente, ha recibido mayor presión por parte del gobierno”, agrega.
Otro de los capítulos analizados por The Heritage Fundation es la presión impositiva. Y explica: “las tasas de impuestos individuales y corporativos de Argentina son un 35%. Incluyen un impuesto al valor agregado, un impuesto sobre el patrimonio y un impuesto sobre las transacciones financieras. La carga tributaria es del 29,5% del producto interno bruto. El gasto público asciende a más del 40% del PIB y la deuda pública es aproximadamente la mitad del tamaño de la economía doméstica. El gobierno está en default técnico debido a los pagos de bonos reestructurados”.
Por último, elaboró un apartado sobre el comercio exterior en la Argentina, y explica que el país “tiene un arancel del 5,6%. Las barreras no arancelarias incluyen las licencias de importación y una política oficial de sustitución de importaciones. La inversión extranjera en algunos sectores de la economía está regulada. El gobierno ejerce un control considerable de las actividades financieras. Banco más grande de Argentina, que es propiedad del Estado y la única institución financiera en algunas áreas, ha sido utilizado para asignar el crédito de oportunidad política”, sentencia el duro informe.
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