(DyN)- Asociaciones de consumidores alertaron en el Senado que el proyecto “Argentina Digital” que impulsa el Gobierno para regular las telecomunicaciones en todo el país significará “una mayor concentración” a favor de las empresas telefónicas e irá en detrimento de los usuarios respecto de las tarifas fijas.
En su exposición ante la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Fernando Blanco Muiño de la Unión de Consumidores de la Argentina aclaró que el artículo 15 de la iniciativa “solo declara servicio público a lo que es el uso y acceso a redes para licenciatarios”, y deja el resto como servicios “de interés público”.
Blanco Muiño advirtió que el cambio implicará “un retroceso” para la telefonía fija, ya que al ser considerada simplemente un servicio de “interés público” permitirá a las empresas disponer aumentos tarifarios que “es posible que impacten en el bolsillo de los consumidores”.
Por ello, el titular de la UCA pidió que se modifique el artículo 1 “para que todo lo declaren de servicio público y no de interés público”.
Además, Blanco Muiño solicitó a los senadores para fomentar la competencia “quitarle a Telefónica (de Argentina) y a Telecom “la autorización para fusionarse que tienen en nuestro país”, porque destacó que “entre las dos concentran el 67 por ciento del mercado argentino” y, por ende, puntualizó que “todos los monopolios son malos”.
Por la Asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino coincidió con su colega al indicar que el proyecto “declara servicio público una etapa, las relaciones entre las empresas mayoristas, pero no entre las empresas y los usuarios”.
Al respecto, Polino estimó que “se produce un retroceso” porque actualmente “las empresas Telefónica y Telecom no pueden aumentar las tarifas cuando se le ocurre” y a partir de la ley, si no tiene cambios, “alegremente” lo van a poder hacer al no tener más que pedir autorización y fundamentar los incrementos.
“Hablemos con claridad ¿a quién se quiere defender con esta ley? No se defiende a los usuarios, se los deja más desprotegidos que lo que están actualmente. Se favorece a las empresas telefónicas, que aparecen como las gran mimadas”, opinó sobre el proyecto.
Polino además aseguró que “este proyecto a nuestro juicio genera una mayor concentración en el mercado audiovisual y las telecomunicaciones” porque resaltó que “las empresas telefónicas van a poder abarcar todo el país con 4 servicios”, incluyendo el 4 G.
El director del AFSCA por la oposición, Gerardo Milman, manifestó sus “serias dudas de que este proyecto vaya a favor de todos los usuarios” y de las cooperativas, a las que señaló que con la ley se “les va a pedir una revalida de las licencias”.
A su vez, apuntó que el artículo 9 del proyecto deroga parte del proceso de adecuaciones por lo que advirtió que se generará “desigualdad” porque habrá “empresas que han sido adecuadas con una normativa y hay otras que van a ser adecuadas con otra normativa”.
Por otro lado, Milman conectó la posición favorable que tendrá Telefónica en las telecomunicaciones con los fondos buitres, al precisar que el mismo grupo de holdouts que “está detrás de Donnelly y General Electric tiene el 7,8 por ciento de la Telefónica de España”, que a su vez participa en Telefé. “Esta ley viene a darle el cuarto poder a los fondos buitre. O nos ponemos de acuerdo: o somos Patria o somos buitre”, desafió al Gobierno.
Otra directora del AFSCA pero por el oficialismo Graciana Peñafort, como contrapartida afirmó que “el proyecto responde a los modelos más avanzados de legislación digital”.
Peñafort destacó que al ser declaradas las telecomunicaciones servicio básico esencial “las redes van a estar abiertas” para la convergencia y los pequeños cables del interior tendrá tiempo para adecuar su tecnología para brindar también telefonía.
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