Cuatro acusados eran juzgados por la sucesión de explosiones que dejó siete muertos, cientos de heridos, la planta industrial averiada y graves destrozos en distintos barrios de Río Tercero. Se trata del exdirector de la planta, Jorge Cornejo Torino; así como quien era director Producción de la fábrica, Carlos Franke, su par de Coordinación Empresaria, Edberto González de la Vega; así como el jefe del área del que dependían los polvorines, Marcelo Gatto.
Todos ellos son militares retirados y están imputados de «estrago doloso por muerte de personas». Norberto Emanuel, un civil que en 1995 era subinterventor de Fabricaciones Militares, estaba también procesado pero no llegó al juicio: murió en diciembre de 2012.
El interventor de la empresa al momento de la voladura, general Juan Andreoli, no alcanzó a ser imputado porque murió en un accidente en helicóptero.
El expresidente Carlos Menem y el exjefe del Ejército, Martín Balza, fueron procesados en su momento, pero resultaron sobreseídos en etapas anteriores de la causa.
El auto de elevación a juicio suscripto por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, sostuvo que las explosiones fueron provocadas «por medio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, de manera intencional, programada y organizada» con el objetivo de «ocultar un faltante de proyectiles, municiones o explosivos».
Entre 1991 y 1995, en la Fábrica Militar de Río Tercero se realizaron maniobras para acopiar y retocar proyectiles y cañones que fueron exportados en forma ilegal a Croacia.
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