El economista Juan Carlos de Pablo escribe hoy una columna en el diario La Nación referida al proyecto de que las empresas que recibieron ayuda estatal entreguen acciones al Estado. El título original es: «Mató a sus padres, pero pedía clemencia por ser huérfano». Aquí la reproducimos.
Julio Hipólito Guillermo Olivera alertaba contra aquellos que pretendían desconectar las relaciones causales, planteando el caso de la persona que mató a sus padres, la policía la metió presa, el tribunal la halló culpable y en el momento en el que el juez iba a fijarle la pena, el asesino pedía clemencia, por ser… ¡huérfano!
Primero los hechos, siempre primero los hechos. Juan Pérez fabrica cuchillos, con ayuda de ocho operarios. El Gobierno lo obligó a cerrar la planta, por considerar que los cuchillos no son un producto esencial. Solicitó ayuda para pagar los salarios, consiguiendo que el Estado nacional les abonara directamente a sus obreros la mitad, y con sus ahorros él les pagó el resto.
A raíz de esto la diputada nacional Fernanda Vallejos propone que las empresas que recibieron ayuda estatal entreguen acciones al Estado.
En la Argentina 2020 la iniciativa merece ser analizada en sí misma, pero también en el contexto político en el cual fue lanzada.
El Estado nacional no tiene la «culpa» de que Pérez no haya podido fabricar y vender, y por consiguiente juntar la plata para pagar los salarios. Pero fue por su determinación que ocurrió lo que ocurrió, más allá de que la medida es entendible como parte de la lucha contra el coronavirus.
Solo Dios sabe, en ausencia de la cuarentena, cuántos cuchillos hubiera vendido Pérez, y para la toma de las decisiones es totalmente irrelevante. Sostener que en las actuales circunstancias Pérez le «debe» al Estado la ayuda recibida, por lo cual tiene que entregarle parte de la propiedad de su empresa, es una manera muy peculiar de ver la realidad.
La iniciativa también merece un análisis político. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) podían tener acciones de empresas privadas, dentro de su portafolio, pero no podían inmiscuirse en su funcionamiento. La estatización de las AFJP transfirió esas acciones a la Anses, quien envió representantes a las referidas empresas. Imposible olvidar un caso emblemático: el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires representó al Estado nacional ante el grupo Techint, pretendiéndole enseñar a la familia Rocca a producir y vender acero. Al tiempo fue reemplazado por Aldo Ferrer.
Si cientos de miles de empresas ahora recibieron ayuda estatal, ¿enviará el Estado otros tantos simpatizantes de La Cámpora para mejorar su funcionamiento? No me canso de repetir: ya bastantes problemas tenemos con los problemas que existen.
Leé la columna aquí: https://www.lanacion.com.ar/economia/mato-a-sus-padres-pero-pedia-clemencia-por-ser-huerfano-nid2367834