(Télam).- El experto independiente de la ONU sobre la deuda exterior y los DDHH, Juan Pablo Bohoslavsky, y dos miembros del Comité Asesor del Consejo de DDHH, Jean Ziegler y Obiora Okafor, exhortaron a los gobiernos a establecer un órgano de la ONU que busque eliminar el secreto, el fraude y la evasión fiscal en dichos paraísos.
«Si bien las estructuras en los paraísos fiscales pueden ser el resultado de una actividad comercial legítima, se estima que hay individuos que retienen entre u$s 7.000 y 25.000 millones en ese tipo de cuentas, y que los ingresos tributarios perdidos por muchos países podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares al año», reza el informe.
Sostuvieron también que «cuando individuos y corporaciones esconden activos no declarados en el extranjero para eludir los impuestos o blanquear dinero, están de hecho robando esos fondos a la sociedad», según la agencia EFE.
Los expertos indican que los beneficios «de estas actividades ilícitas» pueden y deben destinarse a financiar servicios públicos, tales como sanidad, vivienda, escuelas, infraestructura de transporte, seguridad social, mantenimiento del orden público y tribunales.
«Hay que recordar que las corrientes financieras ilícitas incluyen fondos que, aprovechando los vacíos legales y otros artificios, eluden el espíritu de la ley, esto incluye, por ejemplo, las operaciones de evasión fiscal que se ven facilitadas por el uso de sociedades situadas en paraísos fiscales», subraya el texto.
Ante esta realidad, los tres relatores pidieron a Naciones Unidas que adopten medidas eficaces para prevenir las actividades ilegales de las empresas offshore situadas en paraísos fiscales.
«La justicia tributaria mundial y el éxito de la lucha contra el blanqueo de dinero no serán posibles a menos que los Estados cooperen en el control y la regulación de las actividades fiscales de las empresas situadas en paraísos fiscales», puntualizaron.
Asimismo, los expertos pidieron la divulgación de la información sobre la propiedad efectiva de las cuentas en todos los países.
«De este modo, se podrá eliminar el secreto y el anonimato que envuelve a la actividad financiera ilícita en los paraísos fiscales, y los recursos en cuestión destinarse al progreso común y ser devueltos a sus legítimos propietarios: el conjunto de la sociedad», concluye el texto.