(DyN) – La norma fue aprobada por 132 votos afirmativos, 62 negativos y 3 abstenciones.
La presidenta de la comisión de Transporte, María Eugenia Zamarreño, defendió la iniciativa al indicar que tiene “dos objetos: regular como servicio público esencial las tareas de prestación de los servicios de navegación aérea, y la creación de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, EANA”.
Al defender la declaración de servicio público, explicó que se busca impedir la interrupción total de los servicios que garantizan la navegación aérea, porque se trata de “actividades que al interrumpirse pondrían en riesgo la vida de la personas”, y apuntó: “no se trata del tráfico comercial y el turismo, también hay hospitalarios, vuelos humanitarios y vuelos de gobierno”.
“El servicio esencial tiene como consecuencia que no se puede interrumpir la actividad en forma total, y se debe garantizar un servicio mínimo de la actividad, y esto no implica para nada impedir el derecho a huelga”, remarcó la legisladora.
En cambio, el jefe de la bancada Unidad Popular, Claudio Lozano, cuestionó que el proyecto “mezcla de manera indebida las cuestiones inherentes de la aviación civil con cuestiones que son propias de la defensa nacional”; además, afirmó que deja “a los trabajadores de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil)” en una situación de “limbo” por el traspaso a la nueva empresa y “militariza nueve aeropuertos”.
Si bien aceptó “la necesidad de establecer como servicio público esencial a los Servicios de Navegación Aérea, así como la creación de la nueva empresa estatal, insistió en que “el proyecto del oficialismo deja en una situación de absoluta indefinición a los trabajadores, modificando su encuadre laboral y además militariza aeropuertos”.
En verdad por razones de seguridad nacional quedan en manos de la Fuerza Aérea nueve aéroestaciones que están vinculadas parcial o totalmente a la actividad militar como la base aérea ubicada en Moreno, aunque el legislador aclaró que su bancada se iba a abstener.
Antes, el oficialista y abogado laboralista Héctor Recalde había desechado que el proyecto afectara la situación de los trabajadores del sector, al indicar que “no se está innovando en absoluto con respecto al libre acceso al derecho de huelga”.
De acuerdo con el proyecto, la empresa a crear se hará cargo de toda la gestión del tránsito aéreo, es decir: servicios de información aeronáutica, de comunicaciones aeronáuticas, de navegación y vigilancia, de búsqueda y salvamento, y del servicio meteorológico para la actividad aérea.
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