El objetivo oficial de crear la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), que tiene como fin controlar el manejo de las acciones que el Estado posee en compañías privadas y reestatizadas, generó rechazos y tibia aprobación entre economistas y juristas y apoyo dentro del Gobierno.
El economista Lorenzo Sigaut Gravina consideró que la creación de la agencia “puede complicar a aquellas empresas privadas que están en conflicto con el estado”.
El economista jefe de Ecolatina subrayó que “se blinda” la tenencia de las acciones en poder del Estado y sostuvo que “al próximo gobierno le costará disponer de esas acciones porque se necesitará 2/3 del Parlamento para eso”.
Maximiliano Castillo, director de ACM, dijo la iniciativa oficial “no tendrá impacto económico en el corto plazo”, aunque admitió que “agrega ruido” en el clima negocios.
“Ninguna ley puede crear mayorías especiales. Están contempladas en la Constitución Nacional, de manera que, para crear nuevas mayorías especiales, hay que reformar la Carta Magna”, opinó al respecto el constitucionalista Daniel Sabsay, quién calificó de “inconstitucional” la propuesta presidencial que deberá debatir el Congreso.
En declaraciones radiales, el ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que la iniciativa anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner busca declarar “de interés público las acciones del Estado para que la decisión de vender o no, no sea una decisión burocrática de un funcionario”.
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