El Gobierno anunció la intervención administrativa de Edesur por 180 días, según confirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, y tal como se especulaba en las últimas horas, tras los masivos cortes del servicio de electricidad que se produjeron en los últimos 15 días que causaron pérdidas económicas y pusieron en riesgo la salud de personas electrodependientes. La medida se publicó este martes en el Boletín Oficial y habilitó a que la ciudad y la provincia de Buenos Aires designen sus representantes en el proceso.
En una breve conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón; el interventor en el ENRE, Walter Martello; y el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, el ministro de Economía indicó: “Utilizando las facultades que la ley nos asigna hemos instruido al ENRE para que intervenga la empresa por 180 días para que se certifique el cumplimiento de las obras que tiene que hacer”.
Massa dejó en claro que esta decisión no afecta el contrato de concesión, pero afirmó que el Estado va a llevar adelante la fiscalización del servicio. Esta intervención por 180 días, que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la construcción de las obras para la debida prestación del servicio será llevada adelante por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, un ingeniero muy cercano a Cristina Kirchner. Asimismo, Massa argumentó que “la inminente decisión de Enel [la controlante mayoritaria de Edesur] de poner en venta la compañía, aparece de alguna manera como una situación que genera incertidumbre respecto de la prestación del servicio”.
Massa también hizo referencia a fuertes sanciones económicas que caerán sobre la empresa concesionaria del servicio. “Hemos tomado la decisión de ejecutar los $2700 millones de sentencia como devolución a todos los usuarios que sufrieron corte del servicio. No se afecta el contrato de concesión, pero el Estado va a llevar adelante la fiscalización del cumplimiento de contrato”, precisó.
El ministro también recordó que la semana pasada se procedió a efectuar una denuncia penal por abandono de persona y administración fraudulenta; junto con el pedido de prohibición de salida del país a quienes llevan adelante la compañía.
La intervención entró en vigencia este martes con la publicación de la medida adoptada por el Enre en el Boletín Oficial. A través de la resolución 307, el organismo regulador afirmó que “los procesos operativos de gestión de reclamos” de Edesur así como “la transparencia en la información brindada” por la compañía tanto al Estado como a los “usuarios afectadas se aparta de las buenas prácticas”.
Fuente: La Nación