El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 ordenó al Gobierno porteño, como medida cautelar, arbitrar «las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber» en la ciudad, hasta tanto haya una sentencia definitiva respecto del pedido de amparo del Sindicato de Peones de Taxis de la ciudad de Buenos Aires, la Cámara Empresaria del Autotaxi, la Asociación Civil de Taxistas de Capital, la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro y la Unión de Propietarios de Autos Taxis contra el gobierno porteño.
Ayer el servicio Uber comenzó a funcionar en el país: vincula a pasajeros con choferes privados. El servicio es pago, pero es más barato que la tarifa que se paga por un taxi. Esto le valió la oposición de los taxistas (que ayer por la tarde realizaron varios cortes de tránsito en el centro porteño), que lo consideran competencia desleal (porque los autos no pagan el mismo seguro, ni licencias habilitantes, etcétera).
También, del Gobierno porteño, que considera que Uber no cumple con los requisitos legales para ofrecer un servicio de transporte en la ciudad. La compañía estadounidense dice que sí, amparándose en la ley 26.994 del Código Civil.
Ahora llega la decisión del Tribunal, que también ordena a la Agencia Gubernamental de Control y a la Secretaría de Transporte porteña confirmar si Uber pidió su habilitación como servicio de transporte de pasajeros. Al ser una medida cautelar, la respuesta debe llegar en cinco días.
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