El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano imputó al intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, por defraudación a la administración pública.
Es en el marco de la causa en la que se investiga el desvío de los subsidios a trolebuses articulados de Tamse a favor de las empresas Ersa y Autobuses Santa Fe, que asumieron el servicio de transporte que brindaba la ex empresa municipal a fines del año pasado.
Además, también fueron imputados el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el actual titular del área, César Ferreyra.
Vidal Lascano afirmó que los elementos recabados le permitieron realizar las imputaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados al transporte público de pasajeros.
«Desde marzo teníamos una denuncia y comenzamos la investigación que llevó a este resultado provisorio», aseveró el funcionario judicial, que precisó que la causa es «por supuestas irregularidades en la asignación de subsidios al gasoil para el transporte».
Según el fiscal, a partir de declaraciones juradas de los funcionarios municipales, «la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) asignaba subsidios a Ersa Autobuses, para ochos unidades, que se correspondían con unidades de la firma Transporte Autormotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse residual)».
Vidal Lascano subrayó que, cuando los funcionarios municipales tomaron conocimiento de la denuncia penal formalizada por el concejal Daniel Juez (Frente Cívico y Social), «presentaron un escrito», no obstante lo cual «otros elementos investigatorios llevaron provisoriamente a tomar esta decisión».
Aunque sin aludir a fechas posibles, el fiscal precisó que el próximo paso procesal consistirá «en la citación a prestar declaración indagatoria», para que los investigados ejerzan «su derecho de defensa».
«Aquí no hay un error administrativo, sino una intencionalidad, que Ersa recibiera los subsidios que correspondían a Tamse», expresó Juez al enterarse de lo resuelto por Vidal Lascano.
El origen de la causa es la presentación que, en marzo pasado, había formalizado el concejal Juez, que denunció una supuesta estafa «en el cobro de subsidios nacionales (por gasoil) para unidades del sistema de transporte urbano de pasajeros» de la capital cordobesa. Según la denuncia, dos empresas privadas «percibían el cobro de sumas en subsidios para coches del transporte urbano de la ciudad, que correspondían a vehículos de la firma Tamse residual».
Según la denuncia de Juez y en función de «documentación de la CNRT, la Unión Transitoria de Empresas que conforman Ersa Urbano y Autobuses Santa Fe cobraba en forma indebida dichos subsidios», lo que habría generado «un perjuicio al Estado municipal cercano a los 240.000 pesos por mes».
«De acuerdo con las reglamentaciones de la CNRT, el intendente Mestre era el responsable y, como máxima autoridad, debía asegurar en una declaración jurada, con su firma, la información que se enviaba para el cobro de subsidios», destacaba la denuncia.
El servicio de transporte urbano es prestado en la capital cordobesa por tres empresas: Coniferal, la UTE integrada por dos firmas (Ersa y Autobuses Santa Fe) y la Tamse residual, que sólo tiene a su cargo las tras líneas de trolebuses.
