Mendoza

Informe fiscal de cierre de año del CEM, con impacto del Covid: números complicados para Mendoza

Finanzas provinciales 2010-2019 y cierre 2020

La pandemia COVID-19, que caracterizó a todo este año, tiene consecuencias sobre familias y empresas, sobre el Estado provincial y sus cuentas. La ejecución presupuestaria resulta atípica. Con la actividad económica cayendo un 10% anual, los ingresos del sector privado y del sector público se ven afectados. Los recursos corrientes caen un 14% interanual en términos reales, siendo aún más fuerte la contracción de los de origen provincial (-21%). Según estimaciones propias, los recursos corrientes percibidos alcanzarán, a fin de año, el 83% de los recursos presupuestados.

El desplome de los recursos fiscales ha sido muy importante. Tomando como referencia los períodos 2018 y 2019, al tercer trimestre de cada año habían ingresado al fisco el 70% de los recursos corrientes presupuestados. En tanto, transcurridos 9 meses de 2020, los ingresos corrientes alcanzan apenas el 58% del presupuesto votado, habiendo ingresado el 69% de los recursos nacionales y solo el 48% de los recursos provinciales votados.

Luego de un año en el que el gasto corriente creció a un ritmo interanual mayor que los recursos corrientes (57% vs. 44%), se percibe un intento del gobierno provincial de controlar el ahorro corriente ya que comparando los nueve meses de 2020 con los de 2019, ambas variables están creciendo al mismo ritmo. Se advierte una merma importante de las erogaciones de capital: hasta septiembre se había ejecutado tan solo el 41% de lo presupuestado.

Estimamos que este año, signado por la pandemia y la contracción económica, cerrará con un superávit corriente en torno del 1% y un déficit operativo que rondará el 2,5% de los recursos corrientes. La respuesta final dependerá del comportamiento de los gastos corrientes y de la inversión pública en el último trimestre del año. Mirando al 2021, Mendoza debe debatir cuál es el tamaño del Estado que puede financiar para asegurar el crecimiento y la creación de empleo que nos permita reducir los niveles de pobreza.

Desde una perspectiva de largo plazo hay señales auspiciosas:

a) la reducción lenta, pero continua, de la presión tributaria provincial desde 2017, luego de haberse duplicado entre 2010 y 2015. Para el cierre de ejercicio 2020 proyectamos una presión tributaria provincial efectiva de 6,6% del PBG, por debajo del año 2019. Los desequilibrios fiscales no se resuelven con más impuestos, sino apelando a la eficiencia del gasto y a la plena vigencia de herramientas como la Ley de Responsabilidad Fiscal, hoy letra casi muerta;

b) la racionalización de la planta de personal estatal provincial: aumentó 22,5% entre 2009 y 2015 y disminuyó 6,6% desde 2016 hasta la fecha. Esta política debe continuar, priorizando las funciones indelegables del Estado. Los empleos que necesita Mendoza deben crearse mayoritariamente en el sector privado;

c) luego de 10 años de deterioro del ahorro corriente (pasando de un superávit 18,8% en 2005 a un déficit del 6,8% en 2015), comenzó a encontrar un sendero virtuoso a partir de 2016 (exceptuando 2019);

d) tras una década de crecimiento del tamaño del Estado provincial, entre 2016 y 2019 su participación se estabiliza en torno del 25% del PBG, para reducirse al 23,8% en 2020, según estimaciones propias.

e) la mayor participación de las erogaciones de capital en las erogaciones totales; luego de varios años, se alcanzó el umbral del 10% de los recursos corrientes en 2018 y 2019, situación que, luego de COVID-19 debería recuperarse y mantenerse como política.

Para crecer, Mendoza necesita de un sector privado pujante y un Estado provincial austero y eficiente que acompañe al sector productivo, reduciendo la excesiva presión fiscal, cambiándola por compromisos de contratación de nuevos trabajadores, y mejorando las condiciones de acceso al financiamiento para la inversión y el empleo.

El trabajo en pos del orden fiscal debe continuar y consolidarse definitivamente. Este será un aporte significativo del sector público al clima de negocios e inversiones de nuestra provincia, para afrontar el desafío de crecer en base a una economía más diversificada, con menor presión impositiva, con menos burocracia, con más y mejores servicios, y con más infraestructura productiva y social.

  • Introducción

Este informe analiza las ejecuciones presupuestarias del Estado provincial entre 2010 y 2020, brindando una perspectiva de largo plazo, pero también abarcativa de la coyuntura y el efecto COVID-19 en la actividad económica, a fin de encontrar patrones de evolución relevantes de las principales variables de las finanzas públicas provinciales. Este informe se realiza con información oficial públicamente disponible. Con ello, el Consejo Empresario Mendocino busca contribuir al análisis y al debate de ideas sobre la cuestión fiscal provincial, aportando a la mejora de la gestión pública.

Teniendo en cuenta que los recursos son escasos para las personas, las familias y las empresas, pero también para el Estado, es imprescindible que el Estado los asigne adecuadamente y preste especial atención y dedicación a la eficiencia, eficacia y calidad con que provee bienes y presta servicios públicos. Estos recursos deben servir también para impulsar políticas públicas que establezcan el marco dentro del cual el sector privado productivo, el verdadero creador de empleo y riqueza genuinos, desarrolle su actividad económica y cree valor sobre la base de reglas claras y estables que apalanquen la creatividad, la innovación, la asunción del riesgo emprendedor y el empleo privado. La historia nos demuestra que no será el Estado, con planes y subsidios, el que reduzca los niveles de pobreza actuales. Se trata de un trabajo mancomunado en el que el rol del sector privado es central, invirtiendo en nuevos proyectos, creando empleo privado registrado, pagando salarios, aumentando las exportaciones y reinvirtiendo en el marco de una economía previsible. En este marco, el Estado nacional, pero también el Estado provincial y municipal pueden y deben implementar las políticas correctas para impulsar el desarrollo humano, económico y social.

Tal como mencionamos en informes anteriores, y aún distinguiendo el dispar compromiso asumido por las distintas gestiones de gobierno con la austeridad fiscal, es imprescindible que Mendoza recupere y sostenga, más allá de la coyuntura, buenas prácticas fiscales como la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley 7314), cuya letra fundamental es sistemáticamente exceptuada. Esto pues, más allá del mayor orden fiscal del último lustro, desde una perspectiva estructural, entre 2005 y 2015 el tamaño del Estado provincial se duplicó, pasando del 12,5% al 25,4% del PBG, y el empleo público creció 13,5% (4T10-4T19), muy por encima del empleo privado registrado. Para financiar este crecimiento del gasto fue necesario aumentar los impuestos (ej.: ingresos brutos en 2012), y apelar al endeudamiento.

Para que Mendoza pueda crecer, necesita de un sector privado pujante, y de un Estado provincial austero y eficiente que acompañe al sector productivo, reduciendo la excesiva presión fiscal, o cambiándola por compromisos de contratación de empleo, y mejorando las condiciones de acceso al financiamiento para la inversión y el empleo.

El documento analiza la evolución y composición de los recursos y las erogaciones corrientes y el desempeño del ahorro corriente, variable central de la ejecución presupuestaria. Luego, se aboca al estudio de los recursos y erogaciones de capital y del resultado operativo de cada año, para finalizar con una proyección al cierre de 2020. Finalmente, presenta las conclusiones del trabajo.

  • Conclusiones
  • – La pandemia COVID-19, que caracterizó a todo este año, tiene consecuencias sobre familias y empresas, sobre el Estado provincial y sus cuentas. La ejecución presupuestaria resultó atípica. Con la actividad económica cayendo en 2020 alrededor del 10%, los ingresos del sector privado se ven afectados y, con ello, también los del sector público. Nuestras proyecciones estiman que los recursos corrientes del año alcanzarán el 83% de los recursos presupuestados para el año. Esto afecta a las erogaciones corrientes que tampoco se ejecutarán conforme lo planeado, debiendo adecuarse a la disponibilidad de recursos. La caída real de los recursos corrientes alcanza el 14%, con una incidencia mayor en los recursos corrientes de origen provincial que caen un 21% real interanual.
  • – El peso del Estado provincial en la economía de Mendoza era, a finales de 2019, casi un 50% mayor que el de hace 10 años y el doble respecto de 2005. Los esfuerzos del último lustro por racionalizarlo, apuntando a una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios han sido importantes, pero solo lograron estabilizarlo -con vaivenes- en torno del 25% del PBG. El sector público creció más que la economía en su conjunto y el sector privado, genuino creador de oportunidades, de valor agregado y de empleo, se achicó. – La carga para este sector, que con sus impuestos sostiene la estructura estatal, se hizo más pesada. Nuestras estimaciones al cierre de ejercicio 2020 proyectan una reducción de 1,6 puntos porcentuales del peso del Estado provincial en la economía local.
  • – Los recursos de origen nacional representaron más de 50% de los recursos corrientes durante la última década. La incidencia de los recursos provinciales ha aumentado en los últimos años, aunque volvió a caer este año, en el marco de COVID-19. La Coparticipación Federal + Regímenes Especiales es la primera fuente de recursos corrientes. El impuesto a los ingresos brutos es la principal fuente de recursos provinciales; su peso creció entre 2010 y 2015 hasta alcanzar el 57% de los ingresos corrientes provinciales, disminuyendo desde entonces para ubicarse en el 46% actual. – -Los recursos no tributarios redujeron su incidencia por la disminución relativa de los ingresos por regalías.

– Entre las erogaciones corrientes se destacan el gasto en personal y las transferencias a municipios. En 2019, la partida de personal representó el 53% del gasto corriente luego de alcanzar el 60% en 2015 (valor máximo de la serie). En tanto, las transferencias a municipios promediaron el 15,4% del gasto en la década. Luego de un sensible aumento de los intereses y gastos de la deuda entre 2016 y 2018, esta partida cae hasta ubicarse en 5,5% el último año. Estimamos que en 2020 aumentará la incidencia del gasto en personal en el total de las erogaciones corrientes.

  • – Luego de una década de deterioro lento pero persistente del ahorro corriente (2005:18,8%; 2015: -6,8%), esta variable comenzó a encontrar un sendero más virtuoso a partir de 2016 -excepto 2019- que debemos observar permanentemente ya que es un indicador clave de la salud de las finanzas públicas provinciales. La clave para mantenerlo en línea es que los gastos corrientes no crezcan a un ritmo mayor que los recursos corrientes, situación que se verificó en 10 de los últimos 15 años (las excepciones fueron 2014, 2016, 2017, 2018 y 2020).
  • – Resulta auspiciosa la reducción de la presión tributaria provincial desde 2017, luego de haberse duplicado entre 2010 y 2015. Para el cierre de ejercicio 2020 proyectamos una presión tributaria provincial efectiva de 6,6% del PBG, por debajo del año 2019. Los desequilibrios fiscales no se resuelven con aumentos impositivos como los votados en 2012, sino apelando a la eficiencia del gasto y mediante la plena vigencia de herramientas como las establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal – hoy, en gran medida letra muerta – que establecen fondos anti-cíclicos para atender situaciones coyunturales y que, de haber existido, podrían haber ayudado a paliar con mayor celeridad y eficacia las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Entendemos que es hora de volver a poner en valor ésta y otras leyes que hacen a la mejora de la gestión pública estatal y del clima de negocios, tan necesario para atraer inversiones y generar empleo.
  • Igualmente positiva es la racionalización de la planta de personal estatal provincial, que luego de haber aumentado un 22,5% entre 2009 y 2015 (triplicó el crecimiento poblacional) ha disminuido 6,6% desde 2016 a la fecha. Entendemos que esta política debe continuar, priorizando las funciones indelegables del Estado. Los empleos que necesita Mendoza deben crearse mayoritariamente en el sector privado de la economía, lo que no ha sucedido en la última década.
  • – Un parámetro indicativo de mayor orden fiscal refiere al aumento de la participación de las erogaciones de capital (que incluye la inversión pública) en las erogaciones totales, recuperación que, luego de varios años, ha permitido alcanzar el umbral del 10% de los recursos corrientes en 2018 y 2019, situación que, con la reactivación de la actividad económica debería recuperarse y mantenerse como política.
  • – La provincia acumula más de una década de déficit operativo: todos los años bajo estudio verificaron déficits operativos, con un deterioro paulatino a través de los años, hasta alcanzar el máximo déficit en 2015, equivalente a 13,5% de los recursos corrientes. Desde 2016 un mayor orden fiscal permitió mejorar los números fiscales hasta alcanzar un déficit operativo de 1,5% de los recursos corrientes en 2018, el menor de la década. El ahorro corriente generado permitió financiar una porción significativa de las erogaciones de capital. En 2019 el déficit operativo aumentó hasta 9,7%.
  • – Este año, signado por la pandemia y la caída de la actividad económica, estimamos un superávit corriente en torno del 1% y un déficit operativo que rondará el 2,5% de los recursos corrientes. La respuesta final dependerá, fundamentalmente, del comportamiento de los recursos y erogaciones corrientes, y de la inversión pública en el último trimestre del año.
  • – Finalmente, entendemos que Mendoza debe debatir cuál es el tamaño del estado que puede financiar para asegurar el crecimiento y la creación de empleo que nos permita reducir los niveles de pobreza actuales.

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