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A qué se enfrenta el gobierno tras el fallo de la Corte

«Al caerse por lo menos una parte del ajuste de tarifas, el gobierno  va a tener que tomar algunas decisiones complejas, ya que se le van a plantear disyuntivas: si se cae parte del ajuste fiscal que tenía previsto por la reducción de subsidios, va a tener que optar por reducir otros gastos, por ejemplo los de obra pública como planteó el fin de semana Alfonso Prat-Gay», evaluó el economista Gastón Utrera sobre el panorama que se viene para el Gobierno nacional tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Además, detalló que es muy probable que el recorte se dé en el sector de infraestructura «porque es muy difícil recortar gastos corrientes».

Sin embargo, también adelantó otra posible alternativa: «otra opción es hacer las obras públicas, desembolsar los 80 mil millones de pesos que implique volver atrás el ajuste de tarifas e incumplir el objetivo de reducción de déficit fiscal este año,  un 4,8 % del PBI, según lo planteado por el equipo de Macri».

El economista consideró que «está costando llegar a ese número» y que esta última decisión «atentaría contra el objetivo de generar confianza en el plan económico y a partir de eso atraer inversiones».

Respecto a cual de las dos opciones puede ser más viable, Utrera analizó: «el gobierno va a tener que optar por el mal menor entre estos dos temas planteados en esta disyuntiva. Es altamente probable que decidan hacer las obras  públicas que tienen previstas e incumplir el objetivo de déficit fiscal, incumpliendo también la meta de inflación».

Consecuencias de la opción por el «mal menor»
¿Qué impacto tendría en la economía que el gobierno no cumpla con el objetivo de déficit fiscal? Utrera explicó que «eso implicaría tener que financiar ese mayor déficit fiscal, claramente no va a ser con más emisión de dinero porque el gobierno sabe que ahí se está jugando la batalla contra la inflación, será con mayor colocación de deuda, lo que significa tomar mucha más deuda que la prevista inicialmente».

Asimismo, consideró que otra de las consecuencias negativas es que el INDEC ahora deberá «revisar los números hacia atrás». Utrera confirmó que si bien eso implica para el gobierno «un alivio en la inflación de este año», los aumentos de tarifas definitivos se van a trasladar para el año que viene, lo que representa un aspecto negativo considerando que «el objetivo del gobierno era acumular todos los aumentos por única vez y con impacto transitorio acumularlos en 2016… lo cual complica incluso comprometer un objetivo de inflación».

 

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