(Agencias).- El presidente de la comisión Bicameral de seguimiento de organismos y actividades de inteligencia, el senador nacional Juan Carlos Marino (UCR- Cambiemos) reveló que en una primera auditoría encontraron gastos sin rendición, realizados por el ex jefe del Ejército, César Milani, por 500 millones de pesos durante el año 2015.
Marino reveló que después de una fuerte pulseada con el bloque del Frente Para la Victoria (FPV), que con mayoría en la bicameral bloqueó su funcionamiento, hoy se realizará una primera reunión.
Consultado si esa auditoría pudo detectar la compra de material de inteligencia para espionaje interno por parte del ex jefe del Ejército, Marino dijo que “la tarea nuestra es auditar a partir de la asunción. Pero no quiere decir que no repasemos hacia atrás”. Pero reveló que por ahora no detectaron ese tipo de compra.
Marino -quien estuvo en Santa Rosa junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el lanzamiento de un Centro de Información Criminal Regional- dijo que pretenden darle otro perfil a la comisión bicameral, diferente al que tuvo hasta ahora. “Vamos a sacarla del oscurantismo”, aseguró.
Otra “sorpresa” que apuntó el legislador fue la falta de control a las fuerzas federales, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Ejército Argentino. “Nunca en estos 10 años hubo un control de qué manera se gasta y en qué se gastaba los fondos. Nunca hubo auditoría a pesar del presupuesto más que interesante que manejan estas cuatro fuerzas”.
Cabe destacar que la Oficina Anticorrupción (OA) solicitó al juez federal Daniel Rafecas que en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilítico del ex jefe del Ejército, César Milani, disponga el embargo de sus bienes para preservarlos, incluida su parte en la sociedad “Tío Tola”, la panchería que tiene junto al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Para la OA, “se encuentran reunidos los elementos suficientes para que se dispongan medidas cautelares tendientes a preservar los bienes de posible origen ilícito, ingresado a los patrimonios de los imputados”.
Además, la Oficina pidió librar oficio a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires y de la Provincia de Córdoba, a fin de determinar si los imputados -en la causa por enriquecimiento ilícito también se investiga a Eduardo Barreiro- son titulares de otros bienes inmuebles y, en caso afirmativo, se les trabe embargo.
“Por el contrario, si no existiesen bienes, exigió que se anote una inhibición general”, pidió el organismo que conduce Laura Alonso, según se informó a través de un comunicado.
La Oficina Anticorrupción se presentó como querellante en esta causa el 12 de octubre, y se suma a la lista de procesos judiciales que investigan delitos contra la administración pública en los que el organismo figura en ese mismo rol, tales como las causas Hotesur, Tragedia de Once, Ciccone, Plan Qunita, subsidios irregulares para la construcción de canchas de hockey y enriquecimiento ilícito de ex funcionarios nacionales como José López, Ricardo Echegaray y Carlos Liuzzi.
Hace poco se había publicado un informe en un matutino porteño en el que se daba cuenta que “a Guillermo Moreno y César Milani, el Gobierno de Mauricio Macri les sienta bien. No políticamente, claro está; lo denostan cada vez que pueden. Pero sí en su rol de empresarios gastronómicos y dueños de la cadena de pancherías Tío Tola”.
Pues a pocos meses de abrir un local frente al Mercado de Maschwitz, los ex funcionarios K ampliaron su negocio y desembarcaron en la Ciudad de Buenos Aires con su primera panchería porteña.
En la parte coqueta del barrio de Retiro, sobre la calle Marcelo T. de Alvear, a pasos nada más del Palacio de Cancillería, Moreno y Milani, en sociedad con el empresario Carlos Castelli (fundador de Todo Moda y considerado en el país como el rey de la bijouterie), instalaron una diminuta panchería Tío Tola, casi idéntica a la que tienen en el Gran Buenos Aires, con un distintivo particular: sus precios económicos.