El juez federal Daniel Rafecas ordenó medidas de prueba en la causa que investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, informó el diario La Nación.
El mismo matutino publicó además un informe en el que asegura que hay funcionarios del Ministerio de Industria, encargada de brindar subsidios a empresas, que son además los dueños de las firmas que terminan recibiendo gran parte de esos aportes.
En cuanto a la situación de Recalde, Rafecas requirió la declaración jurada patrimonial de 2013 a la Oficina Anticorrupción y a la AFIP, al hacer lugar a un pedido del fiscal federal Jorge Di Lello.
Además, Rafecas pidió que la policía federal entreviste a los dueños de los departamentos del octavo piso de un edificio en Alvarez Thomas al 3000, en Villa Urquiza, donde según una denuncia de Graciela Ocaña una unidad pertenecería a Recalde. En la misma causa, se investiga si el funcionario abusó de su autoridad al percibir su sueldo como director de Aerolíneas Argentinas y otro como director de Austral.
En su nueva declaración de bienes, el funcionario kirchnerista sostiene que en 2012 su patrimonio era de $ 4.907.489, contando sus bienes y descontando sus deudas. Mientras que en 2013 ascendió a $ 5.760.556, considerando sus bienes menos sus deudas. La cuenta arroja un incremento del 17 por ciento.
En cuanto a la denuncia contra funcionarios que trabajan bajo el ala de Débora Giorgi, La Nación señala que entre los beficiarios de los bonos que el Estado ofrece desde 2001 para saldar desventajas por aranceles de importación con reintegros del 14% en las ventas (que bajan al 12,5% cuando se les descuenta el IVA), hay asesores y agentes vinculados a la cartera que conduce Giorgi y profesores o autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esa operatoria supone una incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.
En este contexto, la diputada nacional Elisa Carrió (Frente Amplio-UNEN) denunció penalmente a Giorgi por esta supuesta entrega de subsidios a empresas que presuntamente pertenecen a funcionarios de esa cartera.
La denunciarecayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
Carrió pidió que, además de a Giorgi, se investigue si otros funcionarios del Ministerio de Industria pudiesen estar involucrados en las supuestas maniobras.
Y reprodujo el texto del diario que menciona al «subsecretario de Coordinación, contador Marcos Ricardo Coy, que supuestamente aprueba a qué empresas van los subsidios, y asesores o colaboradores sin cargo específico».
«Allí aparece el primer punto sensible: algunos de estos gestores son, a su vez, profesores de la UBA (o mantienen vínculos con ella), que aporta el conocimiento para las auditorías que definen la entrega de esos bonos», acotó la legisladora.
La dirigente de la Coalición Cívica consideró que los supuestos hechos «podrían configurar» la comisión del delito de «negociaciones incompatibles con la función pública y/u otros posibles actos ilícitos».
Por último, la diputada reconoció que en el Ministerio, según público el diario, «negaron que haya funcionarios dueños de empresas que cobren subsidios de esa cartera».
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