La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que el Estado Nacional presente en los próximos cinco días toda la información documentada previa y posterior al memorándum firmado con Irán por la causa AMIA.
Así se resolvió al término de una extensa audiencia de la Sala II del tribunal en donde el fiscal Raúl Pleé y la querella de la DAIA -a cargo del abogado Miguel Bronfman- exigieron que se mantenga la declaración de inconstitucionalidad de ese pacto.
«Sin entrar a analizar qué hubo detrás de este pacto, decimos que el Memorándum no solo es inconstitucional sino que además es absolutamente impracticable», dijo Bronfman.
Del otro lado, el Estado Nacional pidió que se anule el fallo dque declaró esa inconstitucionalidad.
Al presentar su informe oral ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) los abogados Horacio Diez, Subprocurador del Tesoro de la Nación, y Luciano Hazán, del Ministerio de Justicia, consideraron que, con el dictado de la resolución recurrida “se quebrantaron normas del proceso”.
Diez recordó al tribunal presidido por Juan Gemignani e integrado por Ana Figueroa y Luis Cabral, que el Memorándum “no se encuentra en vigor” porque ello hubiera ocurrido luego que fuera aprobado por ambos estados.
El letrado sostuvo que, en la cuestión sobre la validez del Memorándum de Entendimiento, la justicia no debería haber intervenido, porque se trata de un “caso no judiciable”.
El abogado pidió “respetar las esferas funcionales del Poder Ejecutivo” ya que casos como el del Memorándum “son asuntos más de índole política que legal».
Diez y Hazán dijeron que si el Poder Judicial interviene en este tipo de casos “se coloca por encima de otros poderes del Estado”.
Los letrados representantes del Estado coincidieron, también, en que el Memorándum de Entendimiento fue concebido como una “herramienta” para avanzar en la causa por el atentado contra la mutual judicial.
Agregaron que los informes que presentaría la “Comisión de la Verdad”, cuya creación preveía el Memorándum, “no eran vinculantes” para los jueces y fiscales de la pesquisa por el ataque a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, con 85 muertos, centenares de heridos y multimillonarios daños materiales.
“La búsqueda de la justicia no es una alternativa, sino un deber”, remató Hazán, durante una década abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, antes de responder preguntas del tribunal.
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