A través de un comunicado, la CECIM -Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza- expresó su apoyo al gobernador Rodolfo Suarez ante la situación de la obra de Portezuelo del Viento:
«Mendoza se encuentra en un momento bisagra, en el que debe decidir qué posición toma con respecto al uso de los fondos que le otorga una sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el perjuicio que le provocó la no obtención de la Promoción Industrial que benefició a las provincias vecinas durante décadas.
En un acuerdo con el Estado Nacional se llevó a cabo una solución transaccional de desistimiento de una acción judicial, que dirimió en un acuerdo donde se pagaba a la provincia de Mendoza un monto de 1.023.362.922 dólares para llevar a cabo la obra APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO MULTIPROPÓSITO PORTEZUELO DEL VIENTO U OTRAS OBRAS HÍDRICAS (Decreto 1320 del 18 de junio de 2019 de la provincia de Mendoza), donde Mendoza se compromete a llevar a cabo la obra conforme al régimen judicial provincial y las disposiciones acordadas en el Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado, COIRCO.
Al análisis de este escenario sumamos los informes ambientales difundidos en los últimos meses que refieren a un cambio climático que se vive en la región cordillerana y donde se está atravesando la peor crisis hídrica de la historia.
El agua ha pasado a ser el factor más importante para el desarrollo de la economía, y considerando que esta obra no tiene un aprovechamiento hídrico para los Oasis Norte, Centro y Sur de la provincia, apoyamos la posición del gobernador de la provincia por el posible redireccionamiento de los fondos para llevar a cabo otras obras que consideran esenciales para el mejor aprovechamiento hídrico y sanitario de la provincia.
Desde la CECIM -cámara integrada en su totalidad por PyMES constructoras- tenemos el convencimiento de que el uso de los fondos acumulados por el pago de la sentencia que el Gobierno Nacional está depositando por el resarcimiento a nuestra provincia nunca rendirán más que en el momento actual, para hacer frente a las obras que la provincia necesita y así paliar la crisis hídrica y sanitaria que atraviesa Mendoza.
El uso de las herramientas jurídicas que garanticen la independencia en la toma de decisiones que el estado requiere y la transparencia del uso de los fondos como es la Ley de Contrataciones de Obras Públicas Provincial 4416 serán la garantía para el desarrollo de nuevas actividades que dinamicen la economía para los próximos años».