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Reglamentan la Ley de "Control Ciudadano" de la Policía de Córdoba

El Gobierno de Córdoba reglamentó la Ley de Control Ciudadano Nº 10.197 de la Policía de la Provincia, que como aspecto principal incluye la posibilidad de que los vecinos puedan opinar en audiencias públicas sobre el ascenso de los oficiales a comisarios.
Se trata de una de las normativas surgidas luego del malestar social despertado tras los saqueos y episodios violentos ocurridos el 3 y 4 de diciembre del año pasados, ocurridos en el marco de una protesta policial en reclamo de mejoras salariales que dejó a los cordobeses sin protección en las calles.
La puesta en práctica concreta de la ley comenzó a regir en las últimas horas tras la publicación de la reglamentación en el Boletín Oficial.
Puntualmente, el decreto Nº 1.266 –que lleva la firma del gobernador José Manuel De la Sota; el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg; y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba– dispone en primer término la creación de la “Oficina de Control Ciudadano Policial”.
Luego, establece que este programa “se implementará en relación al Personal Superior de la Policía de la Provincia de Córdoba, que se encuentre revistando y en condiciones de ser promovido a los grados correspondientes a los estamentos de Oficiales Superiores y Oficiales Jefes”.
Como se mencionó, la principal novedad es la realización de audiencias públicas donde asociaciones vecinales y particulares, a través de un “Buzón del Ciudadano”, podrán dar su opinión y ofrecer sus reparos con datos respecto a los policías que se quiere ascender.
Según la reglamentación, las autoridades estarán obligadas a “consignar la
nómina del personal policial en condiciones de ser promovido, como así también, lugar, fecha y hora de realización de la misma (Audiencia Pública”, asignando el lugar donde se colocará el «Buzón del Ciudadano»”.
El decreto señala que “las organizaciones y entidades enunciadas en la norma deberán acreditar, de manera previa y en forma fehaciente, la personería jurídica pertinente, como asimismo quienes participen en su representación, deberán justificar el carácter invocado”.
Y continúa: “Las opiniones que deseen formular los vecinos deberán ser plasmadas en formularios dispuestos a tales efectos por la Autoridad de Aplicación, los cuales se encontrarán a disposición del público con la debida antelación al día de la audiencia, para que luego de cumplimentados por los interesados, sean depositados en el «Buzón Ciudadano» habilitado a tales fines, el que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inviolabilidad hasta el momento de su apertura en la Audiencia Pública”.
“Se dejará constancia en el Acta de la Audiencia Pública de los formularios contenidos en el Buzón Ciudadano, consignado su identificación. Una vez consideradas las expresiones consignadas en dichos formularios, se pondrán en conocimiento del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, las que pudieran constituir denuncias de faltas disciplinarias y/o conductas delictivas”, concluye la norma.
A corto plazo, y según el anexo al decreto, este proceso se utilizará cada vez que se definan los nuevos Jefes de comisarías de la capital, de Unidades Regionales departamentales y de comisarías ubicadas en la cabecera de cada departamento. El año próximo también se sumarán las designaciones en ciudades de más de 10.000 habitantes.

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