(DyN) – El ex director general de Operaciones de la ex SIDE Antonio «Jaime» Stiuso y otros ex espías fueron imputados hoy y comenzarán a ser investigados por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos.
El fiscal federal Ramiro González requirió hoy abrir una causa contra unas 50 personas y 85 empresas, muchas de ellas en el extranjero, que fueron denunciadas por la ONG La Alameda, y le solicitó al juez Sebastián Casanello una treintena de medidas de prueba para iniciar la investigación, informaron a DyN fuentes judiciales.
Junto con Stiuso serán investigados los ex agentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, además de empresarios presuntamente vinculados a ellos y Carlos Molinari, procesado por lavado de dinero en la causa en la que se investiga a Lázaro Báez.
Además, serán investigadas 85 empresas que La Alameda, a través de su titular y legislador porteño, Gustavo Vera, denunció como un entramado que lavó dinero de la agencia de espionaje.
La novel Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Oscar Parrilli, le informó a la Justicia que las empresas denunciadas no fueron creadas por el organismo como pantalla para hacer tareas de inteligencia.
Una de las empresas denunciadas es «American Tape SRL», creada en 1995 para y dedicada formalmente a la producción, importación y distribución de elementos de audio y video, y que según La Alameda fue utilizada para lavar dinero.
Parrilli también desclasificó los legajos de Stiuso y del resto de los ex espías denunciados y los envió a tribunales.
«Tenemos la sospecha que esto no es solo lavado de dinero de fondos reservados, sino que hay vinculación con el narcotráfico de parte de los agentes de inteligencia», le había dicho Vera a esta agencia la semana pasada después de la decisión de Parrilli.
Los voceros señalaron que el fiscal González entendió que ante las denuncias se estaba frente a un «complejo entramado» financiero que requería ser investigado y así dispuso que se abra una causa.
Para comenzar le pidió al juez Casanello unas 30 medidas de prueba, entre ellas informes a entidades bancarias, financieras y organismos públicos como la Inspección General de Justicia (IGJ).
