El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ordenó un informe al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a cargo de Víctor Rossi, sobre las empresas constructoras argentinas que operan en territorio uruguayo y que son investigadas en el marco de la causa denominada «cuadernos de las coimas K».
La investigación encabezada por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, sobre todo las denuncias sobre el traslado de dinero por parte de varios implicados en la supuesta red de corrupción como el financista Ernesto Clarens y Daniel Muñoz (secretario privado de Néstor Kirchner), reabrió una causa judicial en el país vecino.
Consultado por el canal VTV Noticias, Vázquez indicó que Rossi estaba siguiendo la controversia. El ministro es un funcionario de su confianza que lo acompaña desde 1990 en cargos de gobierno, primero en la intendencia Montevideo y luego como ministro de Poder Ejecutivo.
El presidente dijo que quiere saber el «estado de situación» de los negocios y las obras de empresarios argentinos en Uruguay.
En la lista de empresarios argentinos que están bajo la lupa de Uruguay figura Juan Chediack, actual vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y pieza clave del consorcio seleccionado por el gobierno uruguayo para la construcción del Puerto Pesquero de Capurro.
Chediack declaró como arrepentido en la causa de las coimas de la corrupción. Siendo presidente de la CAC en 2014 y miembro de la entidad desde 1992, formó parte de un período en el que, según afirmaron varios «arrepentidos», el pago de coimas y los sobreprecios estaban extendidos a través de la obra pública. Su empresa, Chediack S.A, realizó obras viales, civiles, hidráulicas y de minería.
A partir de las revelaciones de “los cuadernos”, la Justicia determinó que Uruguay fue una escala ineludible en la operatoria que incluyó la fuga de divisas al exterior y el lavado de dinero originado en los fondos públicos mal habidos. Por eso, la Secretaría Contra el Lavado de Activos adoptó un activo rol para determinar las conexiones de estos traslados y triangulaciones.
Dos empresarios con pedido de captura
Por otro lado, ayer la Policía uruguaya puso bajo custodia una embarcación que habría sido comprada a través de los fondos destinados a obra pública. Según indicó El Observador, se trata de un crucero de uno diez metros de eslora (largo) que pertenecería al empresario Carlos Ferrari, prófugo de la Justicia tras ser condenado por pagar coimas al presidente de la Lotería de Río Negro.
Ferrari está con un pedido de captura por Interpol. Pero no es el único. También se envió una alerta roja por Óscar Thomas, acusado de entregar dinero generado por los sobreprecios. El fiscal penal Alejandro Machado solicitó a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado y al cuerpo internacional de agentes que continúan la investigación sobre el paradero de estos prófugos.
En las últimas horas hubo dos allanamientos sobre las viviendas de los imputados en Punta del Este y Piriápolis.
Óscar Thomas se desempeñó durante el gobierno kirchnerista como director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El ex funcionario fue varias veces mencionado en los cuadernos de Centeno, como uno de los empresarios que le entregaba dinero a Roberto Baratta, la ex mano derecha del entonces ministro de Planificación, Julio de Vido. -> 234901
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