(DyN) El gobierno nacional exhortó a los principales empresarios del país a que colaboren en la lucha contra el alza de precios, con el objeto de moderar las expectativas inflacionarias.
Durante una reunión en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le hizo llegar a la mesa directiva de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) un pedido gubernamental de «colaboración en la lucha contra el alza de precios».
La comitiva empresaria estuvo integrada por los vicepresidentes de AEA, Héctor Magneto y Cristiano Rattazzi.
Desde el Gobierno se insistió en que el encuentro fue «de carácter institucional» y, según voceros oficiales, además de Peña estuvieron presentes, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, el secretario de Comercio, Miguel Braun y los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana y de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui.
También se hizo saber que la «exhortación» a los hombres de negocios tuvo como objetivo «moderar las expectativas inflacionarias para el resto del año».
(DyN) Los grandes empresarios y las pequeñas y medianas empresas celebraron el discurso del presidente Mauricio Macri y apostaron por una mejora en el mercado laboral y la disminución de la pobreza.
“La asunción de Mauricio Macri representa un hito histórico en la consolidación de la democracia argentina, y brinda una oportunidad única para que entre todos trabajemos por un país mejor. Un país con una justicia independiente, plena división de poderes y en el que impere el respeto por los que piensan diferente”, indicaron desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
En este sentido agregaron que “un país en que el empresariado tiene un papel central para lograr que se multipliquen las fuentes de trabajo porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable”.
Por su parte, la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), que representa a PyMEs de todo el país, dijo que esas empresas escucharon con atención el discurso del nuevo presidente y destacó el “tono ampliamente conciliador”.
Macri, subrayó la entidad, se comprometió a utilizar la política como un instrumento de trabajo conjunto para identificar la gran diversidad de problemas que tienen los diferentes sectores, resolverlos y mejorar así tanto la calidad de vida de la población como el sistema de producción”.
Además los pequeños empresarios remarcaron que “el nuevo presidente se comprometió a mejorar la infraestructura, algo fundamental para reducir los costos de producción de las PyMES”, y a “producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo, porque esa es la fuente de la prosperidad”.
“Siendo las PyMES y los emprendedores el principal componente para lograr esa multiplicación de empleos y prosperidad, el primer discurso presidencial abre entusiasmo y optimismo en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, que son las que le dan vida y equidad a la economía de mercado”, concluyó CAME.
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli cruzó sin miramientos a los banqueros y empresarios que cuestionaron la decisión del organismo de revocarle la autorización para operar como CEO de la filial local del Citibank a Gabriel Ribisich.
«La respuesta del sistema financiero me parece fuera de lugar», descerrajó Vanoli al diario Tiempo Argentino, al tiempo que explicó que «tuvieron una actitud corporativa» porque a su juicio «antes de responder no analizaron los hechos que generaron la suspensión».
–¿Qué piensa de la decisión de la Asociación de Bancos Argentinos y la Asociación de Empresarios de Argentina de salir con una fuerte crítica a la resolución del BCRA que dejó sin efecto la licencia del CEO del Citibank en el país?
–Está claro, como expresa el comunicado de prensa, que se trata de una defensa corporativa. Ellos no están analizando los hechos concretos que explican la pérdida de la licencia sino que lo hacen en función de los intereses de grupos. El Citibank no tendría que haber consultado a (Thomas) Griesa y debió acatar la ley de la Argentina. Estos datos deberían haber formado parte de la valoración de los grupos económicos que criticaron la medida, y no fue así.
–Sin embargo, los comunicados de ABA y AEA fueron muy duros.
–La respuesta del sistema financiero me parece fuera de lugar. No obstante, es esperable por la actitud que siempre tuvieron, siempre ha habido una defensa corporativa. Están acostumbrados a que la Superintendencia de Bancos y el Banco Central siempre fue permisiva y ya no es así porque ahora existen mecanismos de control y regulación para evitar abusos.
–¿Usted entiende que detrás de estos reclamos hay móviles políticos?
– Gran parte de los sectores concentrados están apostando a que (Mauricio) Macri gane las elecciones y por eso se suben a cualquier cosa para tratar de operar en los mercados.
–¿Habló con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de este tema?
–Sí. Este tema excede al Banco Central propiamente dicho porque incluye el pago de la deuda de la Argentina. Por eso la puse al tanto de lo que está ocurriéndo.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) se manifestó en contra de la decisión que tomó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de inhabilitar al máximo responsable del Citibank Argentina, luego de la que la entidad firmara un acuerdo con los fondos buitre por el pago a bonistas.
“AEA manifiesta su gran preocupación por la decisión del Banco Central de dejar sin efecto la autorización para que el Sr. Gabriel Juan Ribisich continúe actuando como representante legal en nuestro país de la sucursal del Citibank”, indicó la entidad.
En un comunicado, sostuvo que “la medida referida se adoptó sin permitir que el afectado pudiera hacer uso del derecho de defensa contrariando así una de las garantías fundamentales que brinda nuestra Constitución, por lo que se solicita la inmediata revisión de la misma”.
Al igual que la cámara de bancos extranjeros ABA, AEA cuestionó la medida oficial, que se adoptó luego de un convenio firmado por el Citibank con los fondos buitre y que avaló el juez neoyorkino Thomas Griesa.
(DyN) – Empresarios y economistas cuestionaron el efecto que tendrá, en caso de ser aprobada, la ley de pago soberano local, así como también criticaron los cambios a la Ley de Abastecimiento, que en la madrugada obtuvieron media sanción del Senado
En declaraciones a DyN, el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos; el CEO del banco HSBC, Gabriel Martino; el presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), Diego Pérez Santiesteban y el economista Orlando Ferreres coincidieron en esas opiniones durante el XVII Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), realizada en la UCA bajo el título «Argentina sin Atajos».
Para Martino, a cargo de la filial local de uno de los bancos que participó en la fallida búsqueda de una compra de la tenencia a los holdouts que litigaron contra la Argentina, «lo que es el cambio de jurisdicción» que propone la iniciativa «no va a tener mucho impacto en el mercado».
«Veo mucha dificultad legal y no creo que los fondos que tengan bonos argentinos cambien de jurisdicción, no porque no quieran cobrar sino porque legalmente la mayoría no lo puede hacer», sostuvo Martino.
Por su parte, Ferreres consideró que «estamos violando la seguridad jurídica» al no acatar el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa,. «Nos hemos comprometido, para mal o para bien, en respetar un juicio en primera instancia, en segunda y en la Corte Suprema y después que terminó no lo queremos cumplir», expresó el economista.
En ese sentido, Ferreres advirtió sobre las consecuencias de esa situación al indicar que «cualquier persona que va a invertir en la Argentina» podría preguntarse «si éstos no cumplen lo que firmaron con los Estados Unidos, ¿qué nos van a cumplir a nosotros?».
Para Pérez Santiesteban, «esta problemática todavía tiene la posibilidad de tener un arreglo mucho más simple, sin que nos pongan en una situación de riesgo frente a todos los tenedores que acordaron». «Esos 1.300 ó 1.400 millones de dólares es 0,5 por ciento del total de la deuda reestructurada y no tiene ningún sentido poner en riesgo una negociación de deuda que fue muy exitosa por un monto tan menor», opinó.
«Traer la jurisdicción a la Argentina complica la situación con los tenedores de deuda que están dentro del canje y que confiaron en la Argentina aceptando una quita enorme y además complica hacia el futuro en la toma de nueva deuda», expresó Pérez Santiesteban.
Por último, Campos señaló que «todo lo que sea aislarnos del mundo, nos parece que es malo».
Ley de Abastecimiento
En cuanto a la Ley de Abastecimiento, Campos manifestó que «afecta el empleo, la producción y la inversión, ya que le da una enorme discrecionalidad a un funcionario público para intervenir en la vida de una empresa y esto va a ser muy desestimulante para la inversión y el empleo».
Pérez Santiesteban añadió que “las modificaciones no avanzan en el sentido de lo que en este momento necesita el país, que necesita tener un ambiente amigable para recibir inversiones y desarrollar empleo, y no esquemas que planteen acciones restrictivas, limitativas o persecutorias».
Martino sumó que “la norma implica retroceder 50 años la Argentina, aunque tenemos que esperar qué pasa en Diputados y después una vez que se reglamente».
Por último, Ferreres consideró que “estas leyes van en contra de la ocupación», ya que «va a haber más gente que no va a conseguir empleo o gente que lo va a perder, porque no generan un clima favorable para la inversión». «Es una total regulación del Estado, es como si estuviéramos en un país totalmente estatizado, tipo lo que era Rusia», disparó.
(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió a responder a los industriales que cuestionaron el proyecto que busca reformar la Ley de Abastecimiento.
«Este conjunto de iniciativas tiende a garantizar una intervención regulatoria de carácter eficaz. No se pretende sustituir a la empresa ni a la iniciativa privada. Simplemente, evitar distorsiones de la cadena de intermediación», indicó el funcionario.
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Capitanich agregó que, con esta ley, el Gobierno pretende «evitar la concentración económica» y «que ganen todos los actores de la cadena» productiva y también los consumidores, al evitarse el aumento del precio de los bienes «de un modo indebido e incorrecto».
No obstante, criticó que “ayer explicamos los alcances, pero observamos la estrategia comunicacional de grupos monopólicos concentrados a través de sus voceros y organizaciones calificadas, AEA, UIA o Copal, las que expresan esos intereses”, al tiempo que advirtió que “las asociaciones de consumidores no han tenido la posibilidad de expresarse” al respecto.
Incluso comparó que “cuando el general (Juan) Perón impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, también tuvo una fuerte resistencia, que sigue hasta ahora, pero no es casualidad, (porque) son los mismos grupos concentrados”.
Dichos grupos, según cuestionó, “ahora no quieren el ejercicio pleno del derecho de los consumidores” pero advirtió que “si no existen los incentivos específicos del Estado y su capacidad regulatoria para ordenar toda la cadena de valor, ocurre que unos pocos se apropian del esfuerzo ajeno”.
Por último, remarcó la voluntad de “hacer funcionar adecuadamente la defensa de la competencia para evitar la concentración económica” y que “legislación tiende a resolver este problema”.
Críticas de Massa
En este contexto, el diputado y precandidato presidencial Sergio Massa aseguró que «atacando» a las empresas «no es como se va a defender el trabajo» al referirse al proyecto de Ley de Abastecimiento que impulsa el gobierno, en el que advirtió una «serie de errores» que podrían ocasionar «daño» interno.
En diálogo con radio Mitre, el jefe del Frente Renovador consideró que es «tiempo en el que el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado» y no aumentar «la presión y el intento de injerencia del Estado sobre la actividad económica».
«La ley de abastecimiento tiene, a nuestro entender, por lo menos, una serie de errores que pueden producir más daño porque no es atacando a pequeñas, medianas y grandes empresas como se va a defender el trabajo en este momento», enfatizó el legislador.
El proyecto de reforma judicial sigue generando rechazos en diversos sectores de la política y la economía argentina. Hoy, por caso, se sumó la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la entidad que nuclea a las principales empresas del país, que, a través de su presidente, cuestionó de modo general la iniciativa del Gobierno nacional.
Según Jaime Campos, titular de AEA, “las reglas son fundamentales y es central saber que existe una Justicia independiente y prestigiosa”. En declaraciones a Radio Mitre de Buenos Aires, el ejecutivo subrayó también que el correcto funcionamiento de una República, fundamental para atraer inversiones, “requiere la división de poderes y sobre todo, saber que existe una Justicia independiente”.
“Las reglas son fundamentales. Esto no es sólo de la política, esto hace mucho a la economía. Hay un edificio con tres patas y el Gobierno piensa que puede modificar una de las columnas centrales de ese edificio sin hacer muchísimo debate y análisis, cambiando algo fundamental, que es una de las columnas centrales del edificio de la república, que es el Poder Judicial”, analizó Campos.
Más críticas de los judiciales
En tanto, el líder del gremio de los judiciales, Julio Piumato, ratificó el paro por 72 horas que tendrá lugar entre miércoles y viernes de esta semana y remarcó: “No es un paro en defensa de los jueces, esto es un tsunami en el sistema democrático argentino, que aleja a la Justicia del conjunto del pueblo”.
«Este proyecto en vez de beneficiar a los trabajadores, beneficia a los grupos económicos. Los trabajadores van a terminar arreglando por migajas. A nosotros, los judiciales salimos en defensa de nuestro propio derecho. Acá se viene el ajuste”, completó el sindicalista, aliado del líder de la CGT opositora, Hugo Moyano.