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(DyN) – Uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, resaltó hoy el encuentro «inédito» que mantuvo la institución ayer con el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, y si bien dijo que hay «pequeñas dudas» sobre la nueva ley, aseguró que «el resto es normal».
«Nunca había pasado, es algo inédito que desde los servicios de inteligencia se visite a una central fabril. Es lo moderno, lo normal, y no tener que estar a escondidas», señaló.
En declaraciones a radio América, el empresario afirmó que acordaron «seguir trabajando», y afirmó que existen «pequeñas dudas» sobre la aplicación en el mundo económico de la nueva ley de inteligencia.
«Hay un tópico que es si la AFI va a tener la potestad de intervenir con los empresarios por una góndola de un supermercado si hay desabastecimiento. Son pequeñas dudas, el resto es más que normal», resaltó.
Ayer, Parrilli se reunió con la cúpula de la UIA para informarles acerca de las tareas de la nueva ley de inteligencia, que permite escuchas telefónicas para evitar corridas cambiarias, y les aclaró que «no hay intenciones subalternas» y que lo que se busca «es proteger los intereses de los argentinos».
«Fue muy interesante por un montón de cosas. Pasamos de algo que sabíamos que existía pero que era algo oscuro, como la vieja SIDE, a una nueva agencia federal de inteligencia a cargo de Parrilli casi con puertas abiertas», expresó hoy Sacco.

«Nadie nos puede prohibir operar el contado con liqui. Que me vengan a tirar la puerta abajo si quieren que deje de operar”.
La afirmación pertenece a Claudio Pérès Moore presidente del Merval. El empresario, uno de los más reconocidos dentro del mercado financiero local, dialogó con sobre las presiones oficiales sobre el mercado financiero, el nuevo papel de la ex Side para controlar las corridas y los allanamientos a sociedades de Bolsa. También se refirió a su acercamiento con Daniel Scioli y el futuro del dólar. Entre otras estas son algunas de sus respuestas:
¿Qué impacto puede tener en el mercado que la Agencia Federal de Inteligencia pueda ahora realizar espionaje para impedir corridas cambiarias?
Toda presión ajena a las corrientes propias del mercado generan ruido. Pero el Estado ya tenía todas las herramientas necesarias para controlar los movimientos del mercado. No creo que haya demasiados cambios. Tanto los clientes como las sociedades que operan en Bolsa, ya estaban muy controlados porque hay mucha regulación.
¿Es cierto que el Gobierno llama a las sociedades de Bolsa para pedir que dejen de operar el contado con liqui?
Como presidente del Merval no me sucedió, pero es lo que se escucha en el mercado. Pero la operatoria de arbitraje de bonos o contado con liquidación es totalmente legal. La demanda de títulos dolarizados es constante, y no sólo para hacer contado con liqui, si no también se está comprando mucho Boden 2015 que vence ahora en octubre. Si es cierto que nos han hecho llegar el mensaje de que el Gobierno quiere una brecha del 40% entre el contado con liqui y el oficial. El dólar hoy es una herramienta política. Estamos en proceso eleccionario y nadie le escapa que hay una monetarización de la economía muy importante y el Gobierno busca fomentar el consumo.
 
¿Puede el Gobierno controlar el precio del dólar liqui y bolsa hasta las elecciones?
Hasta ahora lo han logrado. Es una variable económica importante por eso la controlan constantemente. El Gobierno controla el dólar de dos maneras: porque limita su entrega, en el caso del oficial, y por el precio.
¿Y después de octubre?
Hay demanda genuina de dólares retrasada. Los importadores por ejemplo, están postergando sus importaciones por dificultades para acceder al mercado cambiario.
Usted recibió hace pocos días a Carlos Gonella que desde la Procelac está impulsando el concepto de ilegalidad del contado con liqui.
Hemos recibido al “cuco” pero no nos habló de eso. El contado con liqui es completamente legal. No creo que puedan encontrar la manera de limitar estas operaciones. Además no veo en este momento movimientos especulativos con el contado con liqui si no que la demanda la concentran principalmente las empresas para cubrir sus necesidades operativas.
¿Los allanamientos en las sociedades de Bolsa sirven para frenar el movimiento de los tipos de cambio informales?
Hay que entender que son muy pocas las sociedades de Bolsa que operan con doble mostrador. La mayoría de las sociedades de Bolsa están muy reguladas ya y no trabajan haciendo negocios de cambio. No estamos vinculados con el movimiento del dólar blue. Sobre casi 140 sociedades que existen, sólo 5 o 7 habrán tenido problemas. A mi me allanaron y no encontraron nada en mi oficina. Y lo mismo sucedió con la gran mayoría de los allanamientos que hicieron. Todos estos operativos necesitan ser publicitados para tener el efecto deseado. El mensaje claro que han dejado con esto es que habrá un control exhaustivo del mercado. La CNV suspendió a sociedades de Bolsa por ejemplo por no contar con una pared divisoria en una oficina, esto ya es una sanción en si misma por la pérdida de actividad, pero en ningún caso aun hubo una investigación que terminara en una pena.
En el mercado dicen que a Balanz el Gobierno lo amenazó con suspenderlo por operar grandes volúmenes de contado con liquidación …
Si vos tenes todo legal, ¿por qué te van a prohibir operar? El que tiene todo legal, que siga operando. Si yo tengo todo legal, que me vengan a tirar la puerta abajo si quieren que deje de operar. Nadie nos puede prohibir operar el contado con liqui. Como presidente del Merval, voy a defender a todas las sociedades de Bolsa y operadores que operen de manera legal.
Recibieron a Daniel Scioli la semana pasada. ¿Qué demandas le presentaron?
El pidió venir, luego de la reacción de los mercados cuando se conoció la fórmula con Zannini. Nos puso a disposición a su ministra de Economía, Silvina Batakis. Nos reunimos con ella esta semana, y nos manifestó una preocupación muy fuerte por la situación de las economías regionales. Nosotros tenemos herramientas financieras para ayudarlas.
En el mercado algunos lo cuestionaron por haber incorporado a Nicolás Scioli (hermano del gobernador) que no era un hombre del mercado, en el directorio del Merval …
El entró como director independiente por parte del Banco Provincia. Queríamos que entrara una persona políticamente correcta y no un cuatro de copas. Es una persona instruida, que quiso siempre despegarse del apellido. Pero es cierto que su incorporación fue intencional, porque queríamos lograr un acercamiento con una fuerza política. Teníamos que acercarnos a los partidos políticos que podrían gobernar.
¿Con el Kirchnerismo no hubo relación?
Con ellos nos concentramos en trabajar la ley de mercado de capitales. Nos concentramos en que ninguna sociedad quedara afuera porque los cambios incorporaban muchas nuevas regulaciones.
Hace más de dos años, el Merval y la Bolsa de Comercio se fusionaron con casi todas las Bolsas del país para crear BIMA (Bolsas y Mercados Argentinos). ¿Por qué ese mercado nunca despegó?
BIMA nace con la nueva ley de mercado de capitales, que le quitaba muchas funciones a la Bolsa de Comercio. Buscábamos generar un gran mercado nacional, federal, integrado e interconectado. Sentamos las bases para lograrlo. De nuestra parte cumplimos con todo lo necesario e hicimos todo lo que debía hacerse, pero quedó en CNV la decisión de inscripción. Ellos nos deben otorgar la aprobación como mercado. Hablamos con los funcionarios de la CNV y del Ministerio de Economía, pero no está dentro de sus prioridades hoy.
¿Por qué como presidente del Merval decidió apoyar la ley de mercado de capitales, cuestionada tanto por operadores financieros como por inversores por su polémico artículo 20 que permite la intervención estatal en las empresas cotizantes?
Al principio se quería judicializar pero desde el directorio apostamos al diálogo porque fue una ley votada por todos los partidos políticos. De hecho a mi me amenazó la CNV con aplicarme en el Merval ese artículo, lo cual me generó molestia obviamente. Pero de la nueva ley se pueden sacar cosas buenas, como la idea de BIMA. Igual advertí a la CNV de que ese artículo despertaba mucho ruido entre los fondos de inversión extranjeros interesados en invertir en la Argentina. Igual fue más una herramienta política que de uso efectivo, porque al final no lo aplicaron. El nuevo gobierno debe rever ese artículo si pretende que vengan inversiones de afuera.
¿Cree que el próximo Gobierno deberá arreglar con los fondos buitre?
Todas las deudas pendientes en algún momento hay que saldarlas. Los fondos interesados en Argentina mientras tanto entran igual, porque los rendimientos son atractivos. Pero el próximo gobierno tendrá que encontrar una solución al conflicto con los holdouts si quiere conseguir fondeo en el exterior a menor tasa.

(DyN) – El director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, aseguró hoy que el organismo «no» irá a «las calles o a los lugares donde se compran o venden dólares a ver quién compra o vende».
Además, afirmó que con el cambio de jefe de Estado en diciembre, «o antes si lo pide la presidenta» Cristina Fernández, dejará el cargo: «Nunca se pensó en perpetuarnos», subrayó.
Ayer, el decreto 1311 oficializó la «nueva doctrina de inteligencia», según la cual la AFI podrá realizar tareas de espionaje frente a «atentados contra el orden constitucional y la vida democrática», entre ellos corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y «golpes de mercado», lo que generó una amplia polémica y que Parrilli atribuyó a «una interpretación tendenciosa, que buscó desvirtuar un hecho trascendente», por la puesta en marcha de la AFI.
«De ninguna manera esa va a ser nuestra tarea», enfatizó el funcionario, cuando, en diálogo con radio La Red, fue consultado sobre si la AFI controlaría bancos, casas de cambio u operaciones de compra y venta de dólares.
«No vamos a ir a las calles o los lugares donde se compran o venden dólares a ver quién compra o vende, o a una agencia de cambio, de ninguna manera va a ser nuestra tarea. El artículo 3º, inciso 1, prohíbe que realicemos tareas represivas, de investigación criminal o funciones policiales», puntualizó.
Según el decreto 1311, la doctrina de inteligencia prevé casos de «terrorismo y atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización», mediante corridas, desabastecimientos y «golpes de mercado».
«La mala interpretación es tendenciosa, busca desvirtuar un hecho trascendente. También se dijo que nos íbamos a perpetuar en el cargo. Nunca se pensó en eso. El director y el subdirector son nombrados por el presidente con rango de ministros. El 10 de diciembre, o antes si lo dispone la presidenta, me voy», aseguró.
La especulación financiera se combate mediante la reunión de «información, datos, análisis, y en todo caso, si vemos que hay la posible comisión de un delito, lo ponemos en conocimiento de las autoridades para que actúen», precisó Parrilli.
«No somos nosotros los que vamos a hacer la investigación criminal, ni vamos a andar buscando argentinos a ver si compran o no un dólar o si ponen un plazo fijo. No es nuestra tarea», remarcó.

(DyN) – El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, advirtió hoy que “el empresario que no tiene nada que ver con las corridas cambiarias, no tiene por qué preocuparse” por las nuevas atribuciones que tendrá la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Fernández ponderó la transferencia de las escuchas telefónicas al ámbito de la Procuración General de la Nación, al remarcar que “se busca terminar con el viejo concepto de que todos somos escuchados por alguien en nuestros teléfonos, sino que, cuando esto suceda, sea por una orden judicial”.
En cuanto a las nuevas atribuciones de la AFI, el ministro sostuvo, en su habitual contacto con la prensa en la Casa Rosada, que “el objetivo que se persigue es otra cosa. El empresario que no tiene nada que ver con las corridas cambiarias o bancarias o cosas por el estilo, no tiene por qué preocuparse”.

(DyN) – El juez federal Sebastián Casanello abrió formalmente una investigación sobre el patrimonio del ex agente de inteligencia Antonio Stiuso, imputado por el delito de «enriquecimiento ilícito».
Casanello hizo lugar a un pedido de medidas de prueba del fiscal federal Ramiro González y dispuso investigar el patrimonio de Stiuso y de otros ex agentes de inteligencia.
Se trata de la denuncia impulsada por la ONG La Alameda, cuyo titular es el diputado porteño Gustavo Vera.
Junto con Stiuso fueron denunciados los ex agentes de inteligencia Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni.
El fiscal González pidió investigar un supuesto «complejo entramado» financiero de empresarios, agentes y empresas radicadas en el país y en el exterior.
Entre las medidas de prueba ordenadas por Casanello figuran informes bancarios y los registros de la propiedad inmueble, automóviles y embarcaciones y aviones.
Paralelamente, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, advirtió que la convocatoria al ex espía de la SIDE Antonio «Jaime» Stiuso «sigue vigente», ya que no se trata de un procedimiento judicial, y debe presentarte a «dar explicaciones» sobre su actuación en ese organismo.
«La convocatoria sigue vigente para explicar este desaguisado. Esto no es como la Justicia, y él tiene que venir a dar explicaciones», afirmó Fernández.
Stiuso no se presentó ante la Agencia Federal de Información (que reemplazó a la Secretaría de Inteligencia), tras ser convocado en el marco de las investigaciones por el ataque a la mutual judía AMIA.
El ministro formuló declaraciones al ingresar a la Casa de Gobierno, en donde indicó que «la convocatoria sigue vigente» ya que «la explicación que tiene que dar (Stiuso) no es como en la Justicia, que precluye, que van pasando los tiempos y llega un punto que no se puede seguir avanzando sobre ese tema».
«Estamos hablando de un trabajo, y él tenía que cumplir con esa función específica, y no se desliga por haberse retirado de la función o por haber llegado al retiro jubilatorio», explicó.
Fernández, luego de señalar que Stiuso «no está en el país, según el dato que tengo», planteó que «seguramente tendrá que presentarse para dar las explicaciones de este desaguisado, en el que aparece tanto el fiscal (Alberto Nisman) como él hablándose en una puesta en escena», en el marco de unas escuchas que debía analizar la SIDE, a requerimiento de la fiscalía, sobre la causa AMIA.

El Gobierno promulgó la ley de inteligencia y los acuerdos de cooperación económica con China, a una semana de su sanción en el Congreso.
Así lo estableció mediante sendos decretos publicados en el Boletín Oficial, con la firma de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak.
El proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplazó a la Secretaría de Inteligencia (SI), ex SIDE, fue aprobado en la madrugada del jueves 26 de febrero. Los acuerdos, un par de horas antes.
Ambas propuestas han sido fuertemente cuestionadas por la oposición y, en el caso de los acuerdos con los Chinos, por el sector industrial que se queja de la falta de precisiones y teme que haya una “invasión” de obreros y materia prima de ese país, tal como lo reiteró hace algunas horas el ex titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren.

(Télam) – La Cámara baja comenzó a tratar en sesión especial el proyecto que reformula el sistema de Inteligencia nacional, que apunta a delimitar las funciones de los agentes de la ex SIDE y establecer un mecanismo transparente de los fondos reservados. El oficialismo junto a sus aliados tiene garantizados los votos.
Además, el plenario legislativo aprobará los dos acuerdos con China, uno que contempla un plan de inversiones, y otra que prevé la construcción de una base de espacio lejano de China en la ciudad de Neuquén y la ratificación del Protocolo internacional para permitir la construcción del túnel trasandino de «Agua Negra».
La primera sesión extraordinaria, a diferencia de lo que sucedió en el Senado, la heterogénea oposición conformada por el PRO, el radicalismo, el massismo y el Frente Amplio Progresista concurrirá a dar el debate, luego que el oficialismo reúna el quórum reglamentario.
De esta manera, estas bancadas opositoras se sumarán a la decisión ya adoptada por otras fuerzas políticas como la Coalición Cívica, Unidad Popular, Compromiso Federal liderada por los hermanos Rodríguez Saa y el interbloque del Frente de Trabajadores de Izquierda (FIT) de concurrir a la sesión.
El bloque de diputados del Frente para la Victoria, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, junto a sus aliados de Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, el Frente por la Inclusión Social, el Movimiento Solidario Popular, el PJ La Pampa, y el radical disidente Eduardo Santín tiene asegurado el quórum y la votación de los proyectos.
De esta forma, el oficialismo podrá cosechar un piso de 134 votos que serán aportados 118 por el FpV, 7 por los santiagueños que responden a Gerardo Zamora, 3 de Nuevo Encuentro, 3 de los neuquinos, y 4 por monobloques, aunque ese número se puede estirar si respaldan estas iniciativas el sindicalista Omar Plaini y el Movimiento Popular Fueguino.
Uno de los proyectos centrales que discutirán este miércoles los diputados será la reforma al sistema de Inteligencia, donde se busca delimitar la participación de los agentes de la ex SIDE en la investigación de casos criminales complejos de narcotráfico o de terrorismo internacional, como fue el atentado a la AMIA.
El proyecto aprobado en el Senado disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.
En cuanto a sus autoridades, el dictamen de mayoría establece que el director y subdirector general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el texto se aclara, además, que «el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional».
Además dispone que se mantiene el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota) que pasará a depender de la Procuración General de la Nación.
La Procuración General tendrá la función de realizar escuchas telefónicas solo a pedido de un juez, que era una tarea que realizaba la ex SIDE.
De todos modos, las modificaciones más importantes incorporadas al proyecto están relacionadas con la actividad que podrán realizar los agentes de la nueva AFI.
En ese sentido, se establece la prohibición de que los agentes funcionen como auxiliares de la justicia, y solo podrán hacerlo «por pedido expreso del juez en una causa determinada».
Otro punto importante es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías, como información pública, reservada y secreta.

(DyN) – El kirchnerismo quedó a un paso de la aprobación de la nueva ley de Inteligencia que comprende la creación de una agencia federal, al conseguir el dictamen de mayoría favorable al proyecto en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que permitiría ser tratado el próximo 25 de febrero.
El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, expresó a los escasos diputados opositores que concurrieron a la reunión que «tenemos responsabilidad de estos 10 años pero todos somos responsables por los últimos 30» de la falta de control.
A su vez, dijo a los legisladores que si bien «todas las leyes son perfectibles», la creación de la AFI es una ley «mucho mejor, más democrática, más transparente en cuanto al control político del Estado».
Los integrantes del oficialismo de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Seguridad Interior, de Justicia y de Legislación Penal firmaron el despacho mientras que el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica presentarán dictámenes de minoría mientras que plantearon sus observaciones Claudio Lozano (Unidad Popular); Berta Arenas (Compromiso Federal) y el radical disidente Eduardo Santín.
Al comienzo de la reunión, que se extendió por casi cuatro horas, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, la kirchnerista Diana Conti, contó que le había manifestado a Patricia Bullrich (Unión PRO) que aceptaba la incorporación al plenario de la comisión de Legislación Penal como había solicitado, pero que igual la diputada opositora no había convocado al cuerpo en su calidad de presidenta.
La reunión conjunta volvió a exhibir, como ocurrió el viernes pasado, la ausencia de los principales bloques de la oposición (UCR, PRO, Frente Renovador, socialismo) que, siguiendo la estrategia que tuvieron en el Senado, resolvieron no debatir la ley propuesta por el oficialismo.
La presencia de Elisa Carrió al comienzo del plenario y sus planteos contra el general César Milani y las sospechas que rodean al caso de la muerte de Alberto Nisman, tras lo cual se retiró del recinto del Anexo «C», dio la pauta que se mantuvo en la reunión en la que varias veces hubo referencias a la muerte del fiscal Alberto Nisman y a los servicios de inteligencia.
Junto a Parrilli concurrieron a informar sobre la creación de la AFI el subdirector de la SI, Juan Martín Mena y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
Parrilli apuntó que «esta ley no sólo regula la actividad de la Secretaría a nuestro cargo, sino de todos los organismos de inteligencia», destacó que «la trasferencia de escuchas al Ministerio Público Fiscal es un avance de la democracia», aseguró que «le vamos a dar importancia a la Escuela de Inteligencia para formar a los nuevos funcionarios» e hizo notar que se mantiene «el control parlamentario».
A su vez, precisó a los diputados que «hasta que la Procuración General designe los nuevos empleados, seguirán estando los actuales», al tiempo que resaltó que «todos los funcionarios de la AFI deberán presentar declaraciones juradas de bienes».
Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, planteó que se trata «de una ley a la medida de Milani, un general de la dictadura», opinó que con el tratamiento de la norma «se quiere tapar la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional» y, aseguró que el memorándum del acuerdo con Irán «fue un fracaso, ni el parlamento iraní lo aprobó».
Por su parte, Pablo Javkin (CC) confesó que «nos preocupa que los funcionarios principales no sean electos por mayoría especial», a lo cual luego Parrilli le contestó que no se los puede equiparar con los ministros de la Corte.
A su turno, Claudio Lozano (Unidad Popular) manifestó que «para nosotros Nisman es un muerto más de la causa AMIA» y afirmó que «hay que terminar con la presencia de Milani», mientras que Arenas propuso que la comisión Bicameral de seguimiento integrada mayormente por la oposición en tanto que Santín resaltó que «no se da siempre la posibilidad de tratar una ley como esta».
Parrilli aclaró al cierre de la reunión que «Milani no es director de Inteligencia pero si el estuviera en ese lugar va a estar subordinado a la ley».

(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calificó como «vergonzosa» y «antidemocrática» la propuesta de la oposición para derogar la nueva ley de Inteligencia, que hoy podría obtener media sanción en el Senado.
«Vergonzosa manifestación (de la oposición) suscribir un acuerdo para derogar una ley que no ha sido sancionada. Es una conducta antidemocrática, como lo han hecho varias veces», señaló el funcionario en referencia al acta que firmarán los precandidatos presidenciales de la oposición para derogar la futura norma en el próximo gobierno.
En su habitual conferencia de prensa, Capitanich aseguró que los legisladores de la oposición «tienen que cumplir con su responsabilidad, y si están en contra del proyecto, deben manifestarlo en el recinto».

(DyN) – El Frente para la Victoria consiguió la media sanción del proyecto del Poder Ejecutrivo que crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y modifica el funcionamiento de la ex SIDE.
La iniciativa oficialista obtuvo 38 votos afirmativos, frente a 7 negativos, en tanto que gran parte de los senadores opositores estuvo ausente del recinto.
Ahora, será el turno de la Cámara de Diputados para poder convertirlo en ley.