El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró que el juez en lo Contencioso Administrativo bonaerense, Luis Arias, que frenó las medidas del Gobierno para reformar la ley de medios al hacer lugar a una medida precautelar, «no tiene ni competencia ni jurisdicción» para evitar los cambios que impulsó la Casa Rosada.
«Yo lo traté de extravagante porque es un juez provincial tratando de tomar decisiones federales. No tiene ni competencia ni jurisdicción», afirmó Aguad en diálogo con radio Mitre.
«Es todo muy raro. La decisión del juez es ambigua porque no anula la intervención sino que dice que esa intervención no puede tomar medidas para adelante. Paraliza las funciones de la Afsca y Aftic», señaló.
El funcionario recordó que al mismo tiempo que Arias hacía lugar a la medida precautelar para frenar los cambios en la ley de medios, la jueza en lo Contencioso Administrativo federal Cecilia de Negre rechazó el amparo presentado por Sabbatella contra el Gobierno por la intervención de la Afsca.
«En esta Argentina hay una costumbre nueva que es plantar medidas de amparo en 20 o 30 juzgados federales de todo el país. Esos jueces dictan simultáneamente medidas judiciales contradictorias sobre un mismo hecho y tema. Lo que es un escándalo jurídico y lo que es un atentado a las reglas de juego y seguridad jurídica», explicó Aguad.
Y agregó: «Esto se tiene que terminar en la Argentina en algún momento, la Corte Suprema debe decir quiénes son los jueces que tienen competencia y jurisdicción para dictar amparos».
(DyN) El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que, por decisión del presidente Mauricio Macri, “se termina la guerra del Estado contra el periodismo” y “comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI”.
En una rueda de prensa de Casa de Gobierno, de la que también participaron el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y Miguel de Godoy por la Afsca, se anunció un decreto de necesidad y urgencia que fusiona la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) con la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic).
El nuevo ente, que será dirigido por Miguel de Godoy, estará bajo la órbita del ministerio de Comunciones. A la vez, el Gobierno impulsará en el Congreso una rediscusión de la Ley de Medios y la Ley de Telecomunicaciones.
Peña anunció el envío de una nueva ley de comunicaciones al Parlamento, para unificar las actuales leyes de medios y tecnología.
El jefe de Gabinete dijo que se buscará así “terminar la guerra del Estado contra el periodismo, la confrontación y la pelea, que ha sido inútil y dividió a los argentinos”.
“Hoy comienza una política pública de comunicación del siglo XXI, con una mirada en la que todos los argentinos puedan acceder a servicios de Internet, telefonía y cable con pluralidad, competencia y modernidad”, planteó el funcionario y anunció que se buscará “una nueva ley de comunicaciones que integre las leyes de medios y de tecnología de la comunicación, para tener un marco normativo del siglo XXI”.
(DyN) La Justicia determinó desalojar las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), a raíz de la resolución del fiscal Julian Ercolini. En su dictamen, Stornelli pidió también garantizar el orden público y resguardar los bienes del Estado.
El presidente Mauricio Macri removió mediante un decreto a Sabbatella de su cargo.
La justicia imputó al ex funcionario kirchnerista por la denuncia de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que al Gobierno no le parece “adecuado el comportamiento de Sabbatella” y lo acusó de “usurpar las oficinas del AFSCA”.
Durante una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno tras una reunión de Gabinete, Peña criticó “esta actitud de desconocimiento de la investidura presidencial” y llamó al funcionario kirchnerista “a la reflexión”.
El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, confirmó que el gobierno de Mauricio Macri tiene intención de modificar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), pero aclaró que hasta tanto lo logren cumplirán con el texto.
«Esta ley la vamos a cumplir porque somos esclavos de la ley, y cuando se modifique cumpliremos con la modificación», adelantó en diálogo con La Once Diez. El funcionario consideró que la regulación «se usó para ensañarse contra algunos medios» y además «nació vieja, mirando al pasado» porque «va a haber apagón analógico en 2019».
Lombardi respaldó de esta manera los dichos del ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, quien ayer señaló que «la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno» ya que fue creada para «aniquilar a medios» con los que el kirchnerismo «no estaba de acuerdo», como el Grupo Clarín o la emisora cordobesa Cadena 3, entre otros.
Sobre la nueva legislación que buscará debatir el macrismo, Lombardi aventuró que en los próximos años «todo va a ser digital» y que «hay que mirar cómo se informa la gente». «Nadie puede obviar el tremendo énfasis que tienen las nuevas tecnologías, las redes sociales, y los nuevos medios en el siglo XXI. Pareciera absurdo que el Estado se ocupe con tanto énfasis de una parte y se desentienda de lo otro», amplió.
(DyN) – La Justicia dictó una medida cautelar a favor de un grupo de periodistas que trabajan en el Grupo Clarín, para evitar la adecuación de oficio a la Ley de Medios, tal como lo había dispuesto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
La cautelar fue dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Pablo Cayssials, en el marco de una causa iniciada por Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruíz Guiñazú y Eduardo van der Kooy.
Los periodistas solicitaron el amparo por temor a que «la adecuación de oficio ordenada por la AFSCA afecte, de modo grave y directo, sus derechos constitucionales y convencionales a expresarse sin censura previa, así como a informar y opinar crítica y libremente y a trabajar».
(DyN) – El Gobierno nacional pidió a la Corte Suprema un salto de instancia (per saltum) para la revisión de un fallo sobre la adecuacion de oficio del grupo Clarin a la Ley de Medios audiovisuales.
Así lo informaron fuentes del Máximo Tribunal y agregaron que el planteo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) ya empezó a circular entre los jueces.
La presentación del Estado solicita la Corte que dicte el per saltum y luego revise la medida cautelar dictada en primera instancia por el juez Horacio Alfonso.
El Grupo Clarín presentó un video en el que responde punto por punto a las afirmaciones de dos spots protagonizados por Martín Sabbatella que el propio Gobierno difundió el pasado fin de semana durante las transmisiones de los partidos de Fútbol para Todos.
En el spot Clarín explica que el funcionario nacional recurre a excusas y argumentos falsos para cargar contra el grupo de medios. También sostiene que el plan “es el más riguroso de todos los que se hayan presentado” y detalla las razones de cada desmentida.
Agrega que “mientras el Gobierno no trata los planes de sus amigos, o le permite a otros grupos compartir socios, familiares, empleados, señales y miles de etcéteras, a Clarín ni siquiera le permite cumplir la ley”, expresó el blog Seniales.
El Grupo Clarín considera que la adecuación forzosa que intenta imponer la AFSCA es “una burla al fallo de la Corte Suprema, que exigió un trato igualitario y un órgano independiente”.
Y culmina reiterando que la ley de medios fue concebida “con nombre y apellido, se aplica con nombre y apellido, y se quiere usar para silenciar a quienes molestan”.
(Télam) – El titular del Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, volvió a denunciar por «burda y ficticia” la «maniobra del Grupo Clarín» frente a la ley de medios, al defender la decisión del organismo de iniciar la adecuación de oficio del holding a la norma.
El Grupo Clarín “tuvo todas las posibilidades, todos los tiempos de adecuarse a la ley, pero como no lo hizo e intenta burlar la norma, es obligación del Afsca establecer la adecuación de oficio”, insistió el funcionario en declaraciones a Radio Nacional, y recordó que se acudirá «a otros organismos del Estado a fin de que investiguen si estamos en presencia de otros delitos económicos” por parte del mayor conglomerado de medios del país.
“Entre hoy y mañana vamos a ir a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para llevarles toda la información ”, dijo.
Asimismo, recordó que la decisión se tomó en virtud de que “se encontraron vínculos societarios y comerciales entre los administradores y los miembros propuestos para las unidades 1 y 2, las de mayor importancia tanto periodística como económica”.
Además, se advirtieron una serie de “condicionamientos a los supuestos compradores en las restantes unidades, lo que demuestra que estamos ante ventas ficticias”, añadió.
“Les hemos dado todas las posibilidades, todos los tiempos, y sin embargo no han mostrado una voluntad verdadera de adecuación”, remarcó el funcionario.
En particular, sobre el comunicado que ayer publicó el Grupo Clarín, Sabatella analizó que “no hay nada que puedan decir» y remarcó los”vínculos societarios de los estudios jurídicos” así como las “sociedades comerciales cruzadas en Panamá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Argentina”.
“Algo similar sucede cuando quieren simular una venta que no es tal en sus unidades, por ejemplo, en la unidad 1 (Clarín, TN, etc) y la unidad 2 (Cablevisión). Si vos le vendés a alguien algo, por ejemplo un auto, vos no le decís al que te compra por dónde tiene que ir, dónde tiene que ponerlo, ni cuánto lo tiene que usar”, ejemplificó, y agregó que “es tal el nivel de condicionamiento que están determinando que eso demuestra claramente que la venta es ficticia y que queda bajo tu dominio”.
Sabatella concluyó en que el plan presentado por el Grupo Clarín es una “mentira brutal” así como también “es mentira lo que dicen que primero la aprobamos y después no”.
“En síntesis, todo, absolutamente todo lo recabado indica que la venta es ficticia, que se están burlando de la ley y repito, el Afsca tiene la obligación de hacerla cumplir”, concluyó.
El Grupo Clarín emitió un comunicado en el que le respondió al presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, luego de que éste en una conferencia de prensa anticipara la intención de la entidad de rechazar el plan de adecuación a la Ley de Medios presentado por la empresa, obligando al grupo a adecuarse «de oficio».
El texto completo del comunicado es el siguiente:
«Tras la conferencia de prensa del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, en la que anunció el intento del gobierno de avanzar en una arbitraria e ilegal adecuación de oficio, el Grupo Clarín recurrirá a todas las instancias que correspondan para resguardar sus derechos y el cumplimiento del plan de adecuación aprobado, que se ajusta estrictamente a la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Los exabruptos en los que incurrió el titular de la AFSCA, además de resultar falsos, burdos e injuriosos, demuestran hasta qué punto el gobierno está dispuesto a llegar en su incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y en la aplicación selectiva y discriminatoria de la ley de medios, para perseguir a los medios críticos y apropiarse de los que aún no pudo controlar.
Todas las manifestaciones realizadas por Sabbatella son deliberadamente falsas y están desmentidas por la realidad y por el propia conducta del Estado en los últimos meses. Las dos supuestas “maniobras” mencionadas por el funcionario kirchnerista son procedimientos absolutamente legales y regulares para el efectivo cumplimiento de la ley, que se realizó con un nivel de rigurosidad y transparencia inédito para todos los grupos de medios en la Argentina.
Las unidades 1 y 2 pertenecerán a accionistas absolutamente diferentes que no tienen ni tendrán participación cruzada alguna entre ellas, lo que implica el cumplimiento irrestricto de la ley, algo que no pudieron demostrar hasta ahora ni la AFSCA en otros casos, ni otros grupos de medios. Las menciones de Sabbatella a los abogados de fideicomisos o a otras sociedades ajenas a los medios, no tienen nada que ver con la ley de medios, son groseramente inaplicables y buscan confundir a la opinión pública. La ley de medios habla de accionistas diferentes, no de abogados ni tampoco de sociedades y negocios externos a los medios. Burdo sería que los accionistas del Grupo Clarín hubieran pretendido burlar la ley o engañar al gobierno escondiendo sociedades que están registradas y son públicas, u otras de las que ni siquiera forman parte. Pese a que el plan es técnicamente perfecto, tras recibir una notificación el Grupo Clarín le ofreció a la AFSCA cambiar los abogados para agilizar el proceso, lo que no sólo no fue respondido sino que derivó en este nuevo exabrupto. Queda claro que el Gobierno no tiene ningún interés en aplicar la ley sino que lo que busca es seguir persiguiendo y hostigando al Grupo Clarín. De lo contrario, le hubiera permitido al Grupo Clarín ejercer su derecho de defensa, lo que contrasta con todas los prórrogas, ajustes y postergaciones que le otorgó a los restantes grupos, en violación del fallo de la Corte.
Respecto de las unidades 3 y 4, las críticas de Sabbatella resultan tanto o más llamativas y falaces, dado que las compraventas fueron hechas públicas ante la propia AFSCA, la Comisión Nacional de Valores y otros organismos, y jamás existió objeción alguna a las mismas. Más aún, dichas compraventas fueron aprobadas por el Estado Nacional en las Asambleas del Grupo Clarín, lo que demuestra a las claras que este nuevo invento obedece a una decisión política posterior del kirchnerismo de avanzar en la apropiación de los medios del Grupo. Todas las cláusulas de dichos contratos son absolutamente transparentes, legales y legítimas, y forman parte del precio que se pudo obtener en las condiciones absolutamente adversas en las que deben venderse esas unidades. En efecto, como se expresó públicamente en la Asamblea, dichas cláusulas son usuales en operaciones realizadas bajo fuerza mayor, y apuntan a compensar al menos parcialmente el daño económico que implicó la venta forzada de dichas unidades en menos de 3 meses, en un contexto hostil para las inversiones en la Argentina.
En definitiva, tanto la división de los accionistas de las Unidades 1 y 2, como las ventas de las unidades 3, 4, 5 y 6, son las únicas operaciones realizadas hasta hoy, en el marco de la ley de medios, que cumplen a rajatabla las previsiones de dicha norma.
La persecución inédita del gobierno contra el Grupo Clarín y en general contra todas las voces disidentes, ratificada esta tarde con brutalidad por Martín Sabbatella, no cambiará la voluntad del Grupo Clarín de cumplir la ley ni su decisión de seguir haciendo el periodismo en el que cree».
El directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) votó por avanzar en la adecuación de oficio del Grupo Clarín. De este modo, el organismo contralor tendrá la postestad de avanzar en modificar la estructura de propiedad de la empresa para forzar su adecuación a la ley de medios.
La votación fue sobre tablas y terminó 5 a 2 a favor de la postura oficial. El titular del organismo, Martín Sabbatella, explicó que «ahora el Estado tasará los medios y concursará a las empresas [de Clarín] y las adjudicará por licitación» hasta adecuar a la compañía con la ley. Sin embargo, no brindó mayores precisiones respecto a los detalles futuros del mecanismo.
«La diferencia es que cuando la adecuación es voluntaria, los propietarios eligen a quien le venden o transfieren. Cuando es de oficio, lo hace el Estado por concurso. El titular de las empresas ahora tiene que garantizar el servicio y las fuentes de trabajo», remató.
Más temprano, la Afsca había advertido que el plan de adecuación voluntaria presentado por el Grupo no se ajustaba a ley.
El mayor grupo de medios de Argentina había presentado un plan para dividirse en seis unidades de negocios y así adecuarse a la regulación, pero el Gobierno dijo que encontró «anomalías» entre los integrantes de esas firmas que incumplirían con lo establecido en la normativa. «Es el grupo que más lesiona la democratización de la palabra en el sentido de que es el que tiene la posición dominante», dijo Sabbatella.
El titular del Afsca aseguró que la Afsca detectó «maniobras» en el Plan de Adecuación, como la eventual aparición de «socios cruzados en la Unidad 1 y la Unidad 2». «Está absolutamente claro de que [la propuesta de Clarín] está fuera de la ley», afirmó