La actividad económica en la provincia de Córdoba cayó 1% el año pasado, de acuerdo al Indicador de Actividad Económica de Córdoba (INAEC) que mensualmente elabora la Dirección de Estadísticas y Censos.
Según el informe, el 2014 cerró con un crecimiento del 1,1% de diciembre respecto al mismo mes de 2013 y del 0,58% en comparación con noviembre, pero “la variación acumulada del año respecto a igual periodo del año anterior arrojó una variación negativa del 0,95%”.
El desagregado por rubros muestra que, efectivamente como lo mostraron otros indicadores como los elaborados por la Federación Comercial (Fedecom) o el Centro de Almaceneros, el comercio fue el sector más afectado por la recesión.
Los números oficiales aseguran que las ventas se redujeron 15,2% interanual en diciembre, culminando el ejercicio con un desplome del 11,1%.
En tanto, la industria también mostró una fuerte retracción: 5,72%, que de todos modos es una merma menor a la cercana al 7% que se había registrado durante todo el año gracias a la recuperación de noviembre y diciembre.
Del otro lado, estos números negativos se compensaron, fundamentalmente, con el crecimiento mostrado por el sector agropecuario. El indicador específico de este rubro, que se mide por trimestre, exhibió una recuperación del 19,41% en el último trimestre, logrando cerrar el balance 2014 con una mejora del 17,3%.
Del mismo modo, el consumo de servicios públicos también estuvo por encima de 2013, aunque con un alza más modesta: 2,59%, luego de una reducción en diciembre.
(DyN) – El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, contestó las críticas que más temprano había hecho Aníbal Fernández al paro del campo, al señalar que el sector «necesita funcionarios que resuelvan problemas, no un jefe de Gabinete que se convierta en opinólogo».
En declaraciones desde Salta, donde participará desde las 15.30 de una asamblea en el tercer y último día de cese comercial en contra de las políticas oficiales para el agro, el directivo planteó: «Depende exclusivamente del Gobierno que se revierta la situación de crisis que está viviendo el campo solamente en la Argentina».
«Todos los países productores de alimentos mantienen su competitividad y ocupan los mercados que la Argentina perdió por culpa de la mediocridad de sus funcionarios», se quejó.
En ese marco, el titular de la SRA enfatizó que la Argentina «lo que menos necesita es un jefe de Gabinete que se convierta en opinólogo de los problemas del campo. Necesitamos funcionarios que resuelvan esos problemas que venimos enfrentando hace años como consecuencia del fracaso de la política agropecuaria».
«No revertir las políticas que causan daño a todas las actividades productivas del país y que ponen en riesgo el empleo de los argentinos, habla de la perversidad del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que lo apoyan», fustigó Etchevehere.
Del mismo modo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Rubén Ferrero, replicó a Fernández al señalar que «el Gobierno continúa sin reconocer lo que pasa en la Argentina porque vive enfrascado en su propio relato».
El directivo sostuvo que «se llegó al cese por pedido de los mismos productores». «Los de trigo no saben a quién vender su producción; los productores de frutas del sur no cubren ni siquiera los costos de cosecha y los productores de uva no tienen quién les compre su producción, por nombrar sólo algunas de los producciones en crisis», sostuvo Ferrero.
«El Gobierno continúa sin reconocer lo que pasa en la Argentina porque vive enfrascado en su propio relato. El acatamiento fue amplio porque fueron los mismos productores los que lo solicitaron. Los corrales vacíos en el Mercado de Liniers, las economías regionales paralizadas y los productores movilizados son un solo un ejemplo», puntualizó el titular de CRA.
El titular de la delegación Córdoba de Coninagro, Marco Giraudo, afirmó que el cese de comercialización convocado por la entidad que él representa junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se debe al “desoír del gobierno de los reclamos de los productores” porque “se gestiona, se gestiona, se gestiona y realmente no se logra nada y por eso han subido los pedidos de las bases” de un reclamo.
Giraudo justificó esta medida de fuerza en que “todas las economías regionales están en una situación calamitosa, de desastre, donde este gobierno con un tipo de cambio planchado y sin ninguna gestión de exportación ha puesto en serio riesgo a muchas de ellas”
El ruralista hizo estas declaraciones al programa “Todo Pasa” de Punto a Punto Radio 90.7, en donde explicó, por ejemplo, la situación de los productores de trigo. “Hay una especie de trigo que va normalmente a exportación, que el paladar argentino no consume la proteína, y la exportación cerrada hace que eso esté abarrotado, los productores con las deudas por cubrir y sin poder vender sus cereales. Entonces esto ha empujado a que las bases nos digan: el reclamo tiene que existir, las autoridades tienen que entender que los productores se están fundiendo, y entonces no queda otra que ir al paro, ¿no?”, manifestó Giraudo.
Y añadió: “Es muy comprometida la situación de muchos productores y ni hablar con toda esta situación climática. Acá en córdoba hay productores que la están pasando muy muy mal: imagínese que si está afectada la gente de las localidades, cómo está aquel que vive a 15, 20 kilómetros por camino de tierra, donde no se puede llegar y por ahí tiene un metro de agua dentro de su casa. Está muy complicado y también pierde la producción y si no se pierde el total de la producción pierde una buena parte y acá perder una buena parte de la producción significa no cubrir los costos y quedar en quebranto”.
“Estamos mal, está difícil, hemos pasado por situaciones mejores años atrás pero ha cambiado la historia. El precio internacional planchado, el tipo de cambio planchado, los altísimos costos, la inflación, ha hecho que la situación en el campo cambie y estos problemas climáticos por ahí nos dan el golpe de gracia”, cerró Giraudo.
La opinión de la Rural
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, aseguró que el paro iniciado por 72 horas por tres de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace es «contundente».
«El cese de comercialización ha sido contundente en toda la Argentina. Esto refleja el pedido que hicieron los productores en los últimos meses en distintas asambleas para mostrar el descontento y nuestra crítica a la política que aplica el Gobierno nacional», señaló.
En declaraciones a radio Provincia, el dirigente sostuvo que la medida busca demostrar «que esta forma de tratar a los sectores productivos no sirve, perjudica a toda la actividad económica que tienen los pueblos del interior».
(DyN – Télam) – Tres de las cuatro entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace iniciaron un paro de 72 horas que incluye un cese de comercialización de granos, hacienda en pie y leche, que se extenderá hasta el viernes.
La medida de fuerza es desarrollada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pero no por la Federación Agraria Argentina (FAA).
No obstante, se estimaba que numerosos de sus afiliados también se sumarán la protesta.
Por la mañana sólo ingresaron 28 camiones al Mercado de Hacienda de Liniers, con 885 vacunos.
Es la primera vez desde marzo de 2008, cuando se creó la Mesa de Enlace, que una de sus entidades no adhiere a una medida de fuerza dispuesta contra la política oficial.
La Federación Agraria que encabeza el santafesino Omar Príncipe tomó distancia de sus socios debido al diálogo abierto con el Gobierno, con el que obtuvo beneficios en trigo, crédito a sojeros y lechería.
En solitario, la FAA decidió realizar el 19 de marzo una movilización de productores hasta la sede del Ministerio de Agricultura, en esta capital, como parte del plan de lucha de la entidad y para reclamar por la segmentación de las retenciones.
Al respecto, el titular de la FAA, Omar Príncipe, en diálogo con Télam dijo que “los pequeños y medianos productores no pueden darse el lujo de no comercializar” y que la situación de los chacareros “es mucho peor que en el conflicto de 2008 porque los precios intencionales son mucho más bajos”.
Para el dirigente agrario, “hoy por hoy el paro no suma al reclamo que tenemos los productores chicos y medianos para que el Gobierno segmente retenciones, por lo que está claro que no nos beneficia”.
En esa misma línea se pronunció Ariel Toselli, vicepresidente de Federación Agrria, quien sostuvo que en el contexto que traviesa el sector, sobre todo en zonas inundadas,»hacer un paro es una tomada de pelo».
«Los productores de las provincias inundadas tienen que sacar a caballo la leche de las vacas, y largar un paro en éste momento es una tomada de pelo», dijo Toselli.
No obstante, Príncipe reconoció que existe un sector de los chacareros que tiene “gran bronca, desilusión y falta de confianza con el Gobierno” y que busca “profundizar la protesta”.
“Nuestra tarea como dirigentes es entender que esos productores están en una situación en la que necesitan la ayuda inmediata”, aseguró.
La visión oficial
Como era de esperar, el Gobierno salió a cuestionar la medida, a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien afirmó que la medida del campo es un “lockout patronal”, al tiempo que criticó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por su postura en favor de la eliminación de las retenciones agrarias, al afirmar que es “como el mate cocido; llena pero no engorda”.
“A Massa le han dicho que tenía que decir eso y ha dicho eso. Mañana le dirán que diga otra cosa y dirá otra cosa. Es como el mate cocido; llena pero no engorda. No le pidamos mucho más que eso”, disparó Fernández.
Sobre el cese de comercialización agrario, expresó que “no es un paro” sino “un lockout patronal de quien tiene el manejo de determinados niveles de producción y, fundamentalmente, una oleaginosa de las características de la soja”.
De todas maneras, consideró que, a raíz de esta medida, “el campo muestra que empiezan a ponerse las cosas en su lugar” dada la no participación de la Federación Agraria, a la que diferenció de las otras entidades, en especial de la SRA, a la que -indicó- “nunca le preocupó realmente qué sucede con el productor chico y lo ha perjudicado cada vez que ha tenido oportunidad”
(DyN) – El Coordinador de la Mesa Nacional de Productores de Leche (MNPL), Carlos Brave, afirmó que la decisión del gobierno de entregar un subsidio de $ 0,30 por litro de leche de los tambos «no es una solución, es una aspirina para un cáncer».
El dirigente tambero aseguró que «todo lo que venga (para atender la crisis que enfrenta el sector productor de leche) es mejor pero no soluciona los grandes problemas que hay, sobre todo a aquellos tamberos que están inundados con grandes problemas para producir».
«Donar 30 centavos por litro a los pequeños productores es una medida política que tomó el Gobierno (de Cristina Kirchner) que no ha tomado en serio la gran problemática de la leche, que también la tiene toda la economía regional», explicó Brave en declaraciones a FM La Plata.
Cabe mencionar que el Ministerio de Economía dispuso, a través de la creación del Régimen de Recomposición de Pequeños Productores Lecheros, conceder un subsidio de $ 0,30 por litro de leche cruda entre marzo y mayo próximo para aquellos tambos que produzcan hasta 2.900 litros diarios y cuya producción tenga por destino su industrialización.
Esta iniciativa fue promovida a través de la resolución 82 del Ministerio de Economía, con la firma de sus titular, Axel Kicillof, y de la resolución 34 de la Secretaría de Comercio, con la rúbrica de Augusto Costa, según se publicó en el Boletín Oficial.
De acuerdo a las autoridades económicas, aquellos interesados podrán inscribirse en el régimen mencionado hasta el martes 31 de marzo, sin excepción, y explicaron además que «la problemática estructural del sector lácteo nacional reside en la marcada heterogeneidad entre los productores».
Para Economía, la medida en cuestión beneficiará a cerca del 62 por ciento de los tambos que producen diariamente hasta 2.900 litros de leche cruda.
Las autoridades nacionales atribuyen la crisis que experimenta el sector tambero local, en materia de precios, a los «mayores costos» que «usualmente» deben enfrentar los «pequeños productores» lecheros y al «menor acceso a financiamiento y menor poder de negociación frente al sector industrial».
Estimaron además que la caída que exhiben las ventas externas de las industrias lácteas «redunda» en la decisión de las plantas procesadoras de «trasladar parte de la baja en la rentabilidad a los productores tamberos».
Por ello, desde el gobierno nacional se dispuso subsidiar a través de un «Régimen de Recomposición» por un valor de $ 0,30 por litro de leche pagada en las tranqueras y con destino industrial para aquellos tambos que produzcan hasta 2.900 litros diarios, en un promedio mensual.
Desde el ámbito oficial se indicó que de esta forma se logrará compensar las pérdidas -por aumento de costos fijos y una menor liquidez monetaria- que sufren los tambos por la caída estacional en la producción que exhibe el sector en el primer semestre del año, cuando la cantidad de materia prima recolectada cae por motivos climáticos.
Allí, desde el Ministerio de Economía se busca atender particularmente la situación que experimentan las producciones tamberas ubicadas en las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Según informó la Secretaría de Comercio, para acceder al régimen mencionado, las firmas interesadas deberán inscribirse hasta el día 31 de marzo próximo, presentando una declaración jurada de dos hojas a través de la página de internet www.mecon.gob.ar/secretarias/comercio/comercio-interior, por el cual los tambos recibirán una «constancia electrónica de inscripción».
Se informó además que los pagos a los beneficiados se realizarán en forma mensual, mediante resolución de la Secretaría de Comercio y a través de transferencias bancarias del Banco de la Nación Argentina desde la cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que al efecto se determine.
La Bolsa de Cereales de Córdoba estimó que alrededor de un millón de hectáreas productivas sufrirían pérdidas a raíz de las inundaciones provocadas por el fuerte temporal de lluvias que viene azotando a la provincia durante las últimas semanas.
“Entre 400.000 y 500.000 hectáreas habrían sido afectadas, según una primera aproximación que se puede trazar sobre el desastre. La pérdida de cosecha y de producción en otros rubros (lechería y ganadería de carne) todavía no se puede cuantificar, pero será elevada”, señaló la entidad mediante un comunicado.
Si bien, como el propio informe lo manifiesta, aún no se puede calcular en cuánto repercutirá esto en términos productivos, de movida el impacto puede decirse que será fuerte ya que esta cifra representa, por ejemplo, el 10% de la superficie sembrada de soja (4,9 millones de hectáreas) en el corriente ciclo.
Además, la Bolsa remarcó que “no se puede descartar que la superficie pueda ser aún mayor, lo cual podrá establecerse a medida que avancen las labores de relevamiento de daños”.
En cuanto a las consecuencias, la entidad explicó que “la permanencia de agua en superficie con cultivos próximos a cosecha desencadenarán pérdidas de calidad y potenciales mermas de rendimientos. En cultivos más tardíos, el daño potencial es la falta de oxígeno en las raíces que puede ocasionar el extremo de muerte de plantas. En ambas fechas de siembra, la magnitud de los daños será proporcional al tiempo de permanencia de las condiciones adversas”.
El detalle de las zonas más afectadas es el siguiente:
– Departamento Río Primero: se estiman unas 10.000 hectáreas afectadas en cercanías de las localidades de Montecristo, Rangel, Atahona y Esquina por la crecida de los ríos. – Departamento Río Segundo: los valores rondarían las 7.000 hectáreas dañadas, siendo una de las localidades con mayores problemas Pozo del Molle.
– Departamento San Justo: en general se halla dentro de los que sufrieron mayores inconvenientes. La localidad de Balnearia, considerada la segunda área con severas dificultades, presenta el 30-40% del área agrícola bajo agua, sobre todo al sudeste y nordeste de la misma. Otras localidades complicadas son: Porteña (2.000 has severamente afectadas), Marull (5.000), Altos de Chipión, Arroyito, Las Varillas, Tránsito, Devoto, Freyre, Morteros, Sacanta y El Fortín. Todos los reportes coinciden que la situación golpea también al sector lechero ya que muchas pasturas de alfalfa están bajo agua, y la falta de caminos transitables imposibilita retirar la producción de los establecimientos. Inclusive en la localidad de Tránsito se produjeron muertes de hacienda que no pudo ser retirada de los campos.
– Sobre la ruta 158, abarcando a los departamentos San Justo y General San Martín, se calculan 40.000 hectáreas anegadas.
– Departamentos Unión y Marcos Juárez: la zona norte de Unión tendría unas 20.000 hectáreas bajo agua. La localidad con cuantiosos daños es Idiazabal, la cual se encuentra evacuada en su totalidad. Según reportes en algunos lotes agrícolas, el agua alcanza los 2 metros de altura, visualizándose en los maíces de zonas bajas sólo las flores masculinas. Los caminos se encuentran cerrados, con 20 a 30 cm de agua sobre la calzada. Sobre la ruta provincial N°6 las ciudades de Ordoñez, Justiniano Posse, Monte Buey e Inriville se encontraron con problemas por el paso del agua. En muchos establecimientos la situación es complicada, ya que se encuentran inundados desde el lunes 2 de marzo, sin posibilidad de estimar pérdidas. En Bell Ville, es alto el porcentaje de hectáreas que se encuentran anegadas con el agravante de posible crecida por la apertura de las compuertas del dique Piedras Moras. Las ciudades ubicadas sobre la ruta provincial N°11, Wenceslao Escalante, Laborde, Monte Maíz, Isla Verde y Corral de Bustos no escapan a la situación antes descripta. Para la última localidad nombrada se reportan más del 40% del área afectada. Allí las napas freáticas registraron considerables ascensos; llegando a encontrarse a pocos centímetros de la superficie del suelo.
En este marco es que la Bolsa concluye que “suponiendo un radio de influencia de cinco kilómetros en las localidades reportadas, una primera aproximación de la magnitud de lo acontecido en distintos puntos de la provincia de Córdoba arroja entre 400.000 y 500.000 hectáras agrícolas afectadas”.
“Las consecuencias para la actividad agrícola serían una merma en la calidad y cantidad cosechada de cultivos estivales, así como la pérdida de trigo que pudiera haberse encontrado aún almacenado en silos bolsas”.
La necesidad del Gobierno nacional de hacerse de divisas hizo que tomara la decisión de avanzar contra uno de sus objetivos desde hace tiempo: los silo-bolsas en los que los productores almacenan sus granos.
La ofensiva vino ahora de la mano de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que sumó dos nuevas reglamentaciones que intentan desalentar la supuesta “especulación” de los ruralistas.
Se trata de las Resoluciones Generales 3.745 y 3.744, publicadas en el Boletín Oficial y que fueron calificadas como «una herramienta eficaz para la estructuración de procedimientos y planes de fiscalización» impositiva.
La registración e información de cada venta de las bolsas plásticas que tienen por destino el almacenado de granos, más conocidas como silo bolsas, deberá ser cumplimentada por parte de los fabricantes y proveedores al efecto de permitir a la AFIP la «optimización» de su actividad fiscalizadora.
Para el caso de las operaciones de compraventa de cereales y oleaginosas, y también legumbres frescas, las autoridades impositivas establecieron como norma el procedimiento de registración de aquellos granos que no tengan a la siembra como destino.
Este requerimiento informativo ante la AFIP rige para el acopio de granos de trigo, cebada, maíz, soja, girasol y sorgo, y legumbres como porotos, arvejas y lentejas, entre otros.
Se indicó que la registración deberá ser solicitada por algunos de los sujetos intervinientes en la operación de compraventa de granos que no tendrá por objeto ser implantados por un plazo de ocho días a la fecha de concertada la adquisición y, según se aclaró, «dicho plazo no podrá exceder, en ningún caso del día siete del mes calendario inmediato siguiente al de la aludida fecha de emisión».
La AFIP indicó que dichos datos deberán ser ingresados a través de la página web del organismo en el ítem «Registro Fiscal de operaciones de Granos – Registración de Operaciones».
A través de la resolución 3.744 se indicó que el incumplimiento total o parcial de la registración solicitada «hará pasible a los responsables de las sanciones previstas en la ley 11.683».
Para el caso de la venta de silo bolsas, dichas operaciones deberán ser informadas por los fabricantes o bien por cuenta de terceros como revendedores o intermediarios, durante cada mes calendario y en caso de no tener ventas realizadas se deberá consignar como «sin movimiento» en la página de la AFIP.
Con este objeto, cada empresa deberá utilizar su ‘Clave fiscal’ y se especificó que la información se deberá suministrar hasta el día 15 del mes siguiente al período a informar.
(DyN) – La Mesa de Enlace Agropecuaria puso en marcha «el Plan de Lucha» del campo en reclamo de cambios en la política oficial y anunciaron que el próximo martes, en Expoagro, se darán detalles de las medidas de protesta.
El vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina (FAA), Ariel Toselli, aseguró esta tarde que el encuentro realizado por este nucleamiento en el Hotel Pestana, de esta capital, para exponer sobre la problemática de las economías regionales «es el momento oportuno (para dar inicio) a este plan de lucha que hoy comienza (por parte) de las cuatro entidades» como rechazo a la política oficial.
La iniciativa expuesta por Toselli, quien reemplazó a Omar Príncipe que está encabezando una asamblea en la localidad santafesina de Maciel, fue avalada por Egidio Mailland (Coninagro), Rubén Ferrero (Confederaciones Rurales) y Luis Etchevehere (Sociedad Rural), quienes aseguraron que el próximo martes, en Expoagro, presentarán «las diferentes acciones» que conformará la protesta.
La pérdida de competitividad generada fundamentalmente por el atraso cambiario pero también por la inflación y la alta presión tributaria, hizo que la provincia de Córdoba perdiera US$ 2.000 millones de exportaciones entre 2014 y 2013.
Así lo refleja el último informe de coyuntura elaborado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia que toma datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el armado de estos guarismos en particular.
De acuerdo a las cifras oficiales, el año pasado salieron hacia el exterior productos cordobeses por US$ 9.167 millones, lo que significa un 17% menos que los US$ 11.041 millones del ejercicio anterior.
Para esta mala performance fue clave la caída del 29% que sufrió el rubro “Productos Primarios”, bajando su aporte de US$ 3.619 millones a US$ 2.575 millones. El mismo representa el 28% de las exportaciones cordobesas y, además de los factores mencionados, le impactó de lleno la caída de los precios internacionales de los granos.
Directamente vinculado, el principal “negocio” del comercio exterior cordobés, que son las Manufactoras de Origen Agropecuario (MOA) –son casi la mitad de las exportaciones–, cayeron 6%, de US$ 4.712 millones a US$ 4.424 millones.
Pero lo más preocupante es el 20% de desplome que vivieron las exportaciones industriales, que son las que más valor agregado generan. Las denominadas Manufacturas de Origen Industrial (MOI) perdieron unos US$ 600 millones entre año y año: de US$ 2.710 millones a US$ 2.167 millones.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, confirmó que la Mesa de Enlace que reúne a las principales entidades agropecuarias del país lanzará en los próximos días un plan de lucha que incluiría un nuevo paro general de actividades con cese de comercialización de materia prima.
“Este jueves vamos a hacer una jornada de concientización en la que vamos a mostrar a la opinión pública la situación de la mayoría de las actividades productivas de la Argentina que están siendo perjudicadas por las políticas del gobierno. Y el martes 3, en el ámbito de la Mesa de Enlace, se va anunciar el plan de lucha y ahí vamos a decidir cuál va ser la modalidad de propuesta que vamos a seguir adelante en las próximas semanas”, remarcó Etchevehere.
Según el dirigente, esto no es un acto por alguna circunstancia nueva sino que “hace siete años que venimos reclamando, o sea que es la consecuencia de la política que aplica el gobierno del precio máximo al productor pero sigue perjudicando al consumidor. Por ejemplo, me refiero a la leche, que un tambero está cobrando alrededor de $ 3,20 cuando necesita $ 4 para poder subsistir y la leche en el mostrador está a $ 10, $ 12 el sachet, sin contar que del litro de leche que le compran al productor además del sachet, sacan queso, yogurt y una serie de lácteos que no se ve reflejado en el precio que nos pagan. Lo mismo con la lana, el trigo, la uva, la pera, la manzana…”.
Para Etchevehere, “a todo esto el gobierno lo podría revertir si sacase las retenciones, las prohibiciones de exportar, si sacase esta política de precios máximos, porque es justamente lo que está perjudicando a la actividad. Vemos que en nuestros países vecinos todavía las actividades son rentables y el campo, la producción de alimentos, ayuda a las economías de esos países a progresar, como es el caso de Uruguay, Paraguay, Chile o Brasil”.
En esa línea, los Centros de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe aseguraron que el empleo de los ROES como «licencias no automáticas» de exportación hacen perder al sector triguero unos 4.321 millones de pesos por las «restricciones vigentes».
Las entidades expresaron estos conceptos a través de un comunicado donde consignaron que el empleo de este tipo de «mecanismos» genera «no solo graves consecuencias economías a los productores, sino también a las economías regionales.
Los cinco centros de corredores granarios volvieron a criticar el alcance que tiene la resolución general 543, publicada en mayo de 2008 por la ex ONCCA, que a juicio de las entidades «opera en la práctica como un mecanismo de licencias previas de exportación no automáticas».
Según indicaron «hoy el trigo no puede ser comercializado ya que las restricciones vigentes hacen que no haya compradores en la plaza» granaria local y manifestaron que este tipo de «restricciones» provocó que las economías regionales debieran «resignar 4.321 millones de pesos».
Agregaron que «en la actualidad hay disponible para la venta 2,9 millones de toneladas de trigo, que en condiciones normales podrían ser colocadas en el mercado externo, pero no pueden comercializarse como consecuencia de la Resolución general 543».
Las cinco entidades expresaron que «este mecanismo, no solamente impide que los productores capturen el precio pleno por su producción, sino que priva a muchas localidades que dependen directa e indirectamente de este cultivo, de hacerse de 4.321 millones de pesos provenientes de la comercialización del trigo (considerando el valor del FAS teórico que publica diariamente el Ministerio de Agricultura), que no puede materializarse por las restricciones vigentes».