Aunque no se conocen detalles del operativo, en la tarde de ayer agentes del Banco Central de la República Argentina en conjunto con sus pares de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaron a cabo un aparatoso allanamiento en las oficinas centrales de Barujel S.A., la tradicional casa de cambio propiedad de José Barujel ubicada en la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo.
Personal de la PSA y el BCRA llevaron adelante el operativo «de fiscalización de operaciones vinculadas a la compra-venta de divisas», explicaron fuentes judiciales. Entre 30 y 40 personas están concretando el operativo, que según las fuentes consultadas por Punto a Punto, el operativo se extendió durante varias horas y los agentes se llevaron bolsas con dinero y máquinas.
El allanamiento se produce pocos días después de una medida adoptada por el Gobierno Nacional contra las casas de cambio donde se aumentaron los requisitos para operar.
Foto: La Mañana de Córdoba.
La Policía de Córdoba realizó ayer un allanamiento en el centro de la capital provincial, para investigar una serie de amenazas recibidas por Ricardo Sáenz, fiscal general Nº2 ante la Cámara Nacional de Apelaciones.
La Justicia investiga si desde el mismo domicilio se emitieron amenazas al fiscal federal Alberto Nisman previo a su muerte, el 18 de enero.
La jueza Gabriela Zangaro libró la orden para el juez de Control de Córdoba N°5, Carlos Lescano que llevó adelante el allanamiento. Según informó el propio juez, la investigación llevada adelante por la Justicia de Control en un departamento de esta capital fue positiva.
En el procedimiento se incautaron elementos de informática como computadoras, discos duros y un celular. Según trascendió de manera extra oficial el propietario del lugar es un hombre de alrededor de 40 años, que sería un “ferviente militante kirchnerista”.
“Nos pidieron un allanamiento en calle Lavalleja, con motivo de una investigación de un fiscal de Buenos Aires por amenazas que habría recibido el fiscal Sáenz” informó.
“El resultado fue positivo. Se secuestró un CPU, una notebook y un pen-drive, material que será enviado a Buenos Aires para su análisis”, precisó. Lescano explicó además que al sospechoso no se le tomó declaración, y tampoco quedó detenido, según informa el sitio Perfil.com.
Las amenazas fueron a través de Twitter. Sáenz recibió una fotografía del cadáver del ex fiscal de la causa AMIA, con la cita “así vas a terminar vos”.
Previo a estos allanamientos el propio Sáenz en una entrevista brindada al programa de Nelson Castro “El juego limpio”, se refirió a la amenaza de muerte recibida: «Me dijeron que iba a terminar como ‘este mamarracho’ y pusieron la foto de Nisman muerto», expresó. “Es un punto de inflexión este caso. No deberíamos olvidarlo. Como fiscal y como colega de Nisman y no puedo dejar de denunciar esto», concluyó.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desactivó una maniobra de defraudación fiscal por más de $ 40 millones llevada a cabo por profesionales de “importantes estudios jurídicos y contables de la provincia de Córdoba”, según comunicó la entidad a través de un comunicado.
A partir de la denuncia de la AFIP, el Juez Federal de Villa María, Roque Rebak, ordenó la realización de 25 allanamientos principalmente en las ciudades de Córdoba, Villa María, General Deheza, Almafuerte, Las Perdices, Las Bajadas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La maniobra consistía en la generación de saldos a favor inexistentes y su cómputo improcedente contra las obligaciones fiscales a pagar.
AFIP sostiene en el documento que “los saldos improcedentes se generan en Declaraciones Juradas rectificativas, tanto de IVA como de Ganancias, en las cuales computan retenciones ficticias, ya sea porque las CUIT no se
corresponden con los agentes de retención, o bien porque éstos no poseen informada la retención practicada o no poseen relación económica alguna con las firmas involucradas”.
En uno de los casos, “se detectó a un contribuyente que presentó ante los inspectores un comprobante bancario falso, por el impuesto debido, ya que el pago no se encuentra registrado en los sistemas de AFIP y el empleado
bancario que figura en los sellos incorporados en dichos comprobantes no existe”.
AFIP informó además que en uno de los estudios contables allanados se tuvo acceso a un listado de contribuyentes involucrados en la maniobra con el detalle de la Clave Fiscal de cada uno de ellos, “lo que permitirá profundizar la investigación”.
También se detectaron elementos que hacen presumir la existencia de una “usina de facturas apócrifas” y correos electrónicos mediante los cuales se «coordina» la modificación del domicilio fiscal a extraña jurisdicción para eludir los controles.
La Policía Federal realizó un procedimiento en la sede de la Procuración General de la Nación, ubicada en Belgrano al 900. El operativo se realizó en el marco de la investigación por supuesto espionaje a fiscales y fue ordenado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Según adelantaron fuentes judiciales a Infobae, el operativo se realizó por un pedido del fiscal Marijuan, quien pretende determinar si a través del sistema informático FISCALNET se puede acceder a datos privados de las causas en trámite. El procedimiento fue realizado a media mañana por dos peritos informáticos que dependen de la Policía.
La causa se inició luego de que el fiscal César Augusto Troncoso denunciara a una funcionaria vinculada a la procuradora Alejandra Gils Carbó que habría accedido «de manera no autorizada e ilegal» a información suya que estaba registrada en una computadora laboral.
La acusada es Romina Pzellinsky, quien se encuentra a cargo del Programa sobre Política de Género. El supuesto espionaje habría sido sobre dos dictámenes, uno radicado en la Fiscalía 5 y otro en la 23, ambas a cargo de Troncoso. Esos documentos fueron utilizados en un sumario por presunto mal desempeño que se inició contra el denunciante.
Pzellinsky, según la denuncia, «abusó de las funciones propias de su cargo» ya que no estaba autorizada a acceder al sistema FISCALNET (pone en red a todos los fiscales) ni a obtener copias de los dictámenes. «No descarto que el acceso haya sido más amplio e involucre y perjudique a otras dependencias, tanto fiscalías nacionales de instrucción como fiscalías federales», apuntó Troncoso en su denuncia, según informa el sitio Infobae.
Cuando trascendió la denuncia, la Procuración difundió un comunicado en el que afirmó que «no existe ni existió ningún tipo de injerencia indebida sobre la actividad de los magistrados que forman parte» del Ministerio Público. Recordó, además, que el fiscal Troncoso «se encuentra sometido a un proceso disciplinario».