(DyN) – El proyecto de ley de Telecomunicaciones «Argentina Digital» obtuvo dictamen de comisión en el Senado, en una tensa reunión en la que quedaron plasmadas varias modificaciones de última hora a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, situación que motivó el retiro de los opositores, ya que los bloques solicitaron «una semana» para estudiarlas.
Así, con el dictamen de mayoría firmado sólo por el kirchnerismo, los legisladores oficialistas llevarán el miércoles próximo al recinto el texto de la nueva ley de Telecomunicaciones.
Los cambios efectuados a último momento en muchos de los 85 artículos del proyecto no permiten a las telefónicas brindar televisión satelital y tienden a moderar por un tiempo su penetración en los segmentos PYME, aunque la iniciativa sigue sin dejar en claro en quién delegará el Poder Ejecutivo el carácter de Autoridad de Aplicación.
Debido a las presentaciones de sectores que denunciaron perjuicios por el avance de las grandes compañías y hasta por la rsistencia de muchos legisladores oficialistas en convalidar el primer proyecto, el dictamen que se firmó en el Senado para habilitar su tratamiento en el recinto la semana próxima frena por un tiempo algunos de los puntos que prometían cambiar el tablero de los prestadores.
En primer término, el nuevo proyecto ahora dice que «los licenciatarios de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital» (artículo 9), sistema que utiliza en el país DirectTV.
Además, los cambios prevén que las empresas telefónicas tampoco podrán prestar inmediatamente el servicio de comunicación audiovisual, sino que deberán hacerlo respetando cierta gradualidad que, entre otras cuestiones, deja a la Autoridad de Aplicación la potestad de «establecer zonas de exclusión por plazos limitados que se determinen en razón del interés público» (artículo 82).
En cuanto al artículo 9, que elimina las limitaciones a los licenciatarios de servicios públicos que establece la Ley de Medios, ahora se suma otra excepción, la del artículo 24 inciso i) de esta Ley, que alude a «directores o administradores» que posean 10% o más de una prestadora de servicios públicos. Otra de las modificaciones que se le hicieron al proyecto establece que se mantenga la categoría de «servicio público» para la telefonía fija, aunque se eliminan menciones a la telefonía móvil, a la vez que se incluyen «derechos y obligaciones de usuarios y prestadores».
«Se dispone el resguardo de las redes comunitarias», dice la iniciativa sobre otro de los cambios efectuados al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, al tiempo que se incorpora la declaración del «derecho humano a las telecomunicaciones». Por último, se suma el concepto de «neutralidad de la red», que estará sujeto a condiciones de capacidad y velocidad de transmisión de datos, entre otros parámetros.
Entre los aspectos filosóficos del articulado, la iniciativa promueve «el rol del Estado como planificador» y prevé «declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados».
También garantiza la «completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso» de todos los ciudadanos «a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas».
(DyN) – El secretario general de Telefónica de Argentina, Alejandro Pinedo afirmó que el proyecto oficial «Argentina Digital» que busca regular las telecomunicaciones «no es un proyecto que aliente las inversiones» y advirtió que «no es el más adecuado, para que el país evolucione en esta industria» ni «crea las condiciones para alcanzar los objetivos que se plantea».
En el marco de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, el directivo manifestó la «preocupación» de su empresa por la delegación de facultades que la iniciativa da a la Autoridad de Aplicación, aún no determinada, «sin bases claras para la delegación».
También planteó que «desearíamos un proyecto de ley que fije claramente la política regulatoria» para el sector.
«Lamentablemente, la conclusión a sacar sobre este proyecto que tenemos adelante es que no constituye el marco jurídico más adecuado para alentar inversiones», repitió Pinedo en varias oportunidades.
El ejecutivo advirtió ante los senadores que la empresa considera además «preocupante la derogación en bloque y sin sustituirlo por un marco normativo preciso, de todo el ordenamiento jurídico sobre el cual se ha basado la industria en los últimos 40 años».
En otro orden, el CEO de Telefónica indicó que el artículo 9 «no alcanza para establecer las condiciones necesarias que impone la convergencia telefónica».
En ese sentido, hizo notar que en la empresa «no interpretamos que este artículo habilite per se a las TICs a la prestación de servicios audiovisuales».
También Pinedo señaló que una ley de desarrollo de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) «no debería omitir actores de gran relevancia» como son los proveedores de aplicaciones y servicios por Internet, sobre las que, apuntó, «no hay una sola referencia en el texto».
Manifestó, a su vez, a los senadores que «otro aspecto que nos preocupa es que el proyecto considera asimetría a favor de empresas del Estado es desmedro de empresas privadas», así como la eliminación «del régimen impositivo vigente que exceptuaba a las telefónicas del gravamen por uso del espacio público».
Del mismo modo, el ejecutivo de Telefónica le respondió preguntas a los legisladores Gerardo Morales (UCR) y Rubén Giustiniani (FAU) que la valoración de la iniciativa «no es positiva» y aseguró que «estamos en contra (del texto) así como está».
De esta manera, Pinedo le respondió a Morales, quien en su primera intervención planteó la «convicción» de que el proyecto enviado por el Gobierno «beneficiará a las empresas telefónicas en detrimento de las cableras». Luego, el socialista Giustiniani coincidió con Morales y marcó que «no hay duda que la ley los habilita para dar servicio de televisión y sólo faltaría que la autoridad de aplicación le diera la habilitación».
Pinedo contestó que «en Telefónica valoramos más la precisión de un marco regulatorio que una delegación para una posible autorización para brindar servicios».
Morales y Giustiniani también le preguntaron la opinión de la empresa sobre la declaración de la telefonía fija y móvil como servicio «de interés público», pese a que actualmente la telefonía fija es considerada «servicio público», a lo que Pinedo respondió que en todo caso «la calificación no es el instrumento idóneo para que un servicio se expanda y se modernice».
Morales pidió al gerente corporativo que informara qué inversiones ha hecho Telefónica en la telefonía fija en los últimos años y puso el caso de su provincia, Jujuy, donde, afirmó, que «no han hecho una inversión en telefonía fija».
Pinedo aseguró que las inversiones de Telefónica han sido «cuantiosas» en todo el país, pero como no contaba con la información precisa sobre el particular ni sobre el aporte de la empresa al Fondo Fiduciario creado al efecto se comprometió a hacer llegar los datos.
Finalmente, Morales lo consultó sobre la participación de la empresa en Telefé, sobre lo que Pinedo afirmó que la filial argentina de «Telefónica no tiene ninguna participación en medio audiovisual» y expresó que si bien el holding empresario tiene participación en el canal, se trata de «sociedades distintas».