La familia Báez decidió poner fin a la constructora y decidieron saldar la mayor cantidad de deudas posibles y cerrar Austral Construcciones, la empresa destinataria del 78,4% de la obra pública nacional durante los últimos doce años.
«Esperamos que se habilite la realización de pagos a proveedores, muchos son de vialidad y se podría entregar maquinaria, pero no podemos mover nada de la empresa hasta que la Justicia lo indique», señalaron a Clarín allegados a la constructora.
Con un complejo escenario judicial, las deudas fueron en constante aumento: 508 cheques emitidos sin fondos por $ 32 millones, un crédito en el Banco Nación de $ 160 millones que la entidad financiera ya calificó «con alto riesgo de insolvencia», no se pagaron las cargas patronales de los empleados. Sólo una radiografía del presente de un imperio de la construcción que llegó a manejar $21.000 millones durante el kirchnerismo, por obras viales.
Lo próximo será el pedido de quiebra. «Por más que saldemos deudas, a qué licitación nos podemos presentar, no vamos a ganar nada más», reconocieron en el entorno del empresario K. El cerco judicial es cada vez más grande.