Después de presentar un escrito frente al juez federal Carlos Bonadío, por la causa dólar a futuro, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a los manifestaciones que se congregaron frente a los Tribunales de Comodoro Py.
Algunas de las frases de la ex presidenta, fueron:
-“Me pueden citar 20 veces más, pero lo que van a poder hacer es hacerme callar y decir lo que pienso. Me pueden meter presa pero siempre voy a estar junto a ustedes”.
-“El primer presidente perseguido fue Hipólito Irigoyen”
-“Los dirigentes no cambiamos la historia, son los pueblos lo que lo hacen”.
-“No podrían haberse cometido tantos atropellos contra muchas personas sin la complicidad del Poder Judicial”.
-«Estoy segura de que si podrían eliminar la letra K del abecedario, lo harían».
-“Estamos en la tapa de los diarios de todo el mundo por un escándalo internacional, menos en los de la Argentina”.
-“Se pasaron años buscando la ruta del dinero K y se encontraron con la ruta del dinero M”.
-“¿Se imaginan lo que hubiera sucedido si me encontraban una cuenta off shore?”.
-“Hay industriales en crisis y tarifazos impresionantes”.
-“Hay un gobierno que no cuida a los argentinos”.
-«Les propongo conformar un gran frente ciudadano».
-«Que un diputado o senador me diga en la cara que yo lo obligué a votar algo, alguna vez».
Bajo el título “Escrito presentado ante el juez Bonadio por la causa ‘Dólar Futuro’», la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner publicó en su Facebook oficial el escrito que le presentó esta mañana al Juez Bonadío.
A continuación, la parte más importante del documento:
Señor Juez:
Cristina Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa Nº 12.152/15 caratulada “Banco Central de la República Argentina s/defraudación…”, en trámite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20-13430665-4), constituyendo domicilio en Av. Santa Fe 1752, 2º A, a V.S. digo:
Manifiesta.
1) Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo claramente que sólo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante.
En primer lugar, cabe señalar como algo absolutamente novedoso y sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los Legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida.
Es más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el juez hace expresa referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos previstos por el art. 269 del Código Penal.
Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial competente.
En segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado.
Concretamente se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos delictivos, que no fue ni denunciado por los Legisladores oficialistas ni requerido por el Fiscal.
Esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de “plantar”, a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad.
Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo. Afrontare este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier otro ciudadano. La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico.
En tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico tal como lo han explicado cada una de las personas imputadas que declararon en esta causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su Carta Orgánica, es decir, promover, en las medidas de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (art. 3).
Hago propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este expediente el Sr. Ex Ministro de Economía Dr. Axel Kicillof y los Sres. ex Presidente y ex Vicepresidente del B.C.R.A. Alejandro Vanoli y Miguel Angel Pesce, así como también los de los Directores y ex Directores de la misma institución, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del B.C.R.A. en su Capítulo Primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el objeto de la Institución, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, como así también el resto de las disposiciones de dicho instrumento, que como es de estricta hermenéutica legislativa deben ser entendidos y comprendidos en el marco de las definiciones estructurales de la norma.
Resulta insoslayable señalar que mi administración siempre buscó desarrollar una gestión de gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad económica en general.
Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista.
Desde diciembre de 2015 a la fecha la estampida imparable de los precios, la desocupación, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad económica y comercial, tiene indudablemente puntos de convergencia con los efectos de una “maxidevaluación” llevada a cabo por las autoridades del gobierno actual de manera brutal. El Gobierno no cuida a los argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor, angustia e incertidumbre que hoy están viviendo.
En quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves perjuicios para el Banco Central y beneficios indebidos para terceros inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a las que se les dio cobertura mediática mediante la sustanciación de esta causa.
Adviértase que a requerimiento del actual Presidente del B.C.R.A. el Juez de la causa, en dos oportunidades manifestó que no había ninguna medida restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se investigan. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo puede ser que se impute la comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por el mismo magistrado a cargo de esta investigación?
Por otro lado, también se debe destacar que ninguno de los supuestos “terceros enriquecidos ilegítimamente” por la operatoria del dólar futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna siquiera que insinúe esa línea de investigación. Me pregunto: -¿Será tal vez que puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos? Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos “paladines de la moral” que el actual Presidente del B.C.R.A. tiene procesamiento firme por delitos económicos con motivo, nada más ni nada menos, que en la “operación” de endeudamiento conocida como “Megacanje”. Huelgan los comentarios.
Por si todo ello fuera poco, en los últimos días, hechos que son de dominio público muestran como los principios morales que tanto se predican resultan ser sólo un mero ejercicio distractivo y justificativo del ajuste, que ha quedado sepultado en el escándalo internacional de un Gobierno cuyo Presidente, sus familiares más directos y sus funcionarios más allegados quedan al descubierto como titulares de sociedades y cuentas off shore, que en otras latitudes ya han provocado renuncias hasta de Primeros Ministros. En suma, se trata de un conjunto de personas que, según los parámetros que V.S. ha elegido para imputarme en esta causa, merecerían ser también investigados a la luz del supuesto delito de asociación ilícita.
Además, y como lo han indicado el Presidente y los miembros del Directorio del BCRA en sus declaraciones obrantes en autos, la operación de venta de futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el Juez de la causa.
En definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos facticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo evidencian las preguntas “inquisidoras” que V.S. le ha formulado a alguno de los imputados, con la intención de tornar justiciables hechos de contenido estrictamente político -terreno en el que el juez se movió con muy poco éxito en sus cargos anteriores-, demostrando también el mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias técnicas.
La fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa mediante una falsa denuncia que el Juez rápidamente instruyó. Dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, llevaron a cabo un allanamiento en el B.C.R.A. con el propósito de originar una corrida bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron.
Después de los resultados electorales, en contra de lo que públicamente siempre sostuvieron, presionaron con esta causa, y de otras maneras, para obtener la renuncia del Presidente del B.C.R.A., borrando con el codo la independencia que debe tener el B.C.R.A. sobre la que escribieran y dijeran en múltiples conferencias y sets de televisión.
Una vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo una devaluación de la moneda que, como se vió, produjo efectos devastadores sobre la economía.
Por último y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron con esta causa imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos, los cuales de haber existido, resultarían exclusiva responsabilidad de las actuales autoridades.
En síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una “corrida judicial” una devaluación, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron.
Finalmente el Gobierno de las excusas -como todo en la vida- tiene un límite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia.
IV.-
Petitorio.
Por todo lo expuesto, a V.S. digo:
1) Se tenga por efectuada la presente manifestación a los efectos que corresponda.
SERÁ JUSTICIA.
(DyN) La ex presidente Cristina Kirchner llegó anoche, a las 21.46, al Aeroparque Metropolitano en un vuelo procedente de El Calafate. Un nutrido grupo de militantes se congregó en las afueras de la terminal aérea porteña para darle la bienvenida. Acompañada por Oscar Parrilli, la ex jefa de Estado se mostró sonriente y saludó a los manifestantes.
Entre los militantes que la aguardaban había banderas de La Cámpora, de Nuevo Encuentro, Kolina, Partido Comunista Congreso extraordinario, La Martín Fierro, Solidaridad e Igualdad, Movimiento Evita, Miles de Luis Delia, Movimiento Octubre, de los radicales de Los Irrompibles y de la cibermilitancia «Resistiendo con Aguante».
Todos ellos se agolparon en el sector de arribos, donde se montó un operativo especial de seguridad y luego se desplazaron hacia el playón, donde tomaron contacto directo con Cristina.
Allí se produjo una situación particular, cuando Cristina Kirchner, vestida de blanco y con un poncho de colores claros, echó a los policías que la custodiaban y les gritó: «Ustedes se van».
Además de Parrilli, estuvieron el líder de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque; el ex titular de la Afsca Martín Sabatella; la ex ministra de Cultura Teresa Parodi; el secretario de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz, Horacio Pietragalla; la diputada Mayra Mendoza, el dirigente radical Leopoldo Moreau, el ex titular de Aerolineas Argentinas, Mariano Recalde y Tristan Bauer. También se encontraban el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada y Liliana Massure.
Minutos después, la ex mandataria dejó la terminal aérea y se dirigió a su casa de Recoleta, en Uruguay y Juncal, donde más temprano había llegado su hija Florencia y donde también se apostó desde temprano un grupo de seguidores K.
Ya dentro de la vivienda, la ex Presidente saludó desde un balcón a los militantes.
“Si aparezco suicidado, busquen al asesino porque no es mi estilo”. Sin medias tintas, el juez federal Claudio Bonadio, al que acaban de apartar de la causa judicial que más complica a la presidenta Cristina Kirchner, dejó en claro que está convencido de que su apartamiento fue una maniobra del Gobierno y de que incluso podrían ir por más.
El magistrado habló con radio Mitre después de que la Sala 1 de la Cámara Federal aceptara un planteo de Romina Mercado, la sobrina de Cristina y titular de Hotesur, la empresa que administra los hoteles de los Kirchner, para sacarle la investigación.
Por sorteo, el expediente recayó esta mañana en el juzgado de Daniel Rafecas.
“No son inusuales este tipo de maniobras en la Sala 1”, dijo Bonadio, quien, ante una pregunta, se excusó de opinar sobre Rafecas: “No hablo sobre colegas”.
Horas después de la polémica generada en el kirchnerismo por los procedimientos ordenados por el juez Claudio Bonadio en le caso Hotesur, la Sala I de la Cámara Federal porteña decidió el apartamiento del magistrado de la investigación.
En el segundo piso de los Tribunales de Comodoro Py, los tres integrantes del cuerpo debatieron el pedido de nulidad realizado por la defensa de Romina Mercado, presidente de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner. Es el mismo tribunal que desechó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidente.
Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler se pronunciaron a favor del desplazamiento de Bonadio, mientras que Eduardo Farah votó por la continuidad. El recurso de Mercado se basó en el rechazo a una convocatoria de contadores de la Corte Suprema de Justicia que realizó Bonadio meses atrás.
El magistrado los había convocado para que –debido a la complejidad de la operatoria de lavado de dinero del caso– lo orientaran desde el punto de vista técnico. Tras el asesoramiento, Bonadio ordenó el peritaje contable sobre las empresas de la Presidente y también del empresario Lázaro Báez.
Fuentes judiciales consultadas por Infobae confirmaron que la Cámara, en disidencia, removió de la causa a Bonadio, al declarar la nulidad de la convocatoria de los contadores.
Bonadio es considerado un juez «enemigo» por la Casa Rosada y blanco de críticas de funcionarios kirchneristas.
(DyN) – El juez federal Claudio Bonadio citó a declaración indagatoria al agregado comercial en Italia y ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en la causa por el cotillón contra el Grupo Clarín exhibido en distintos actos y edificios públicos.
Fuentes judiciales informaron que la citación es para el viernes 22 de mayo, junto al presidente del Mercado Central, Carlos Alberto Martínez, mientras que un día antes deberán comparecer los gerentes generales Guillermo Cosentino y a Fabián Dragone.
Cuando era secretario de Comercio, Moreno había ordenado desplegar grandes carteles contra Clarín en el Mercado Central de Buenos Aires, así como en la fachada de la Secretaría de Comercio, y había hecho imprimir globos y otros artículos de cotillón con frases como «Clarín miente».
El grupo de medios querelló al entonces funcionario y en primera instancia el juez Bonadio -luego de ello denunciado por el Gobierno nacional en el Consejo de la Magistratura- había archivado la causa. Pero en julio del año pasado la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el archivo de la causa que había confirmado la Sala Uno de la Cámara Federal porteña, que dictó varios fallos en sintonía con el oficialismo.
Los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, del máximo tribunal penal del país, consideraron que los camaristas mandaron al archivo la causa contra Moreno sin suficiente fundamentación de que el secretario de Comercio no incurrió en amenazas contra Clarín. Y le ordenaron a sus subordinados que reabran el expediente en que se investiga si Moreno perpetró el delito de «intimidación pública» y que dicten un nuevo fallo.
Tres días después de que el juez Claudio Bonadio fuera ratificado al frente del caso Hotesur, los abogados de Osvaldo Sanfelice, socio de la familia presidencial en diferentes negocios, pidieron que la investigación sea entregada a la Justicia federal de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, según publica Infobae.
Cabe recordar que, la semana pasada, la Cámara de Casación confirmó a Bonadío al frente de la investigación sobre el posible lavado de dinero en la firma Hotesur, propiedad de la familia presidencial.
Aunque también sucedió la semana pasada, el pedido de la defensa de Sanfelice para apartar al magistrado recién se dio a conocer este lunes.
El lunes pasado, la Sala I de la Cámara de Casación rechazó el pedido de recusación que había hecho Romina Mercado, sobrina de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y actual presidente de la sociedad Hotesur, con los votos de los jueces Luis Cabral y Gustavo Hornos.
En el caso Hotesur se investiga el delito de lavado de dinero en el que están involucrados los integrantes de la familia presidencial y el empresario Lázaro Báez.
Sanfelice, según fuentes judiciales, solicitó que pase a Río Gallegos el caso por varios motivos:
– Que el Hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur queda en la localidad santacruceña de El Calafate.
-Que las sociedades bajo investigación Hotesur, Valle Mitre e Idea S.A tiene domicilio fiscal en Río Gallegos.
-Que las empresas de Báez tienen domicilio en Santa Cruz y allí fue su desarrollo económico.
– Que la mayoría de las personas investigadas tienen domicilio en Santa Cruz.
-Que la documentación necesaria para la investigación (facturas, extractos bancarios, etc) se hallan en Santa Cruz.
Ante el pedido de Sanfelice, Bonadio tiene que consultar la opinión del resto de las partes –incluido el fiscal Carlos Stornelli– para luego resolver.
Si el juez le rechazara el pedido a Sanfelice tendrá que intervenir la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah.
(DyN) – El juez federal Claudio Bonadio seguirá investigando si existen irregularidades en la empresa Hotesur SA, que gerencia los hoteles de la presidenta Cristina Fernández y su familia.
Así lo resolvió la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal al rechazar una recusación contra Bonadio que había planteado la defensa de Romina Mercado, hija de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, sobrina de la Presidenta y directora de Hotesur.
Los camaristas Gustavo Hornos y Luis María Cabral, que también habían sido recusados, el viernes pasado, por la defensa de Mercado, votaron por la continuidad de Bonadio. Y la otra camarista, Ana María Figueroa, por su salida.
El apartamiento de Bonadio había sido reclamado desde el gobierno nacional hasta por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien llegó a declarar que «estaría demostrada» la presunta «parcialidad» del magistrado en la causa.
Y en los tribunales de Comodoro Py la fiscal de la Cámara, Gabriela Baigún, también había dictaminado porque Bonadio fuera retirado del caso.
Hotesur SA es la sociedad que la propia Presidenta mencionó en sus declaraciones juradas como la encargada de administrar algunos de los hoteles que ella posee, entre los que figura Alto Calafate, y la investigación comenzó con una denuncia que hizo Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Alto Calafate fue contratada por Austral Construcciones, empresa del ultrakirchnerista Lázaro Báez, para ocupar habitaciones que nunca fueron utilizadas, por lo que se sospecha que pudo haber lavado de dinero.
Bonadio allanó la sede jurídica de Hotesur y estaba vacía y le pidió a la IGJ y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) documentación sobre los balances de la empresa y declaraciones juradas.
(DyN) – El juez federal Claudio Bonadio recibió una amenaza de muerte en su despacho y lo denunció ante la justicia, según confirmaron fuentes judiciales.
La amenaza fue recibida el jueves pasado en su despacho en los tribunales federales de Comodoro Py, pero Bonadio no se enteró sino hasta el día siguiente, cuando formuló la denuncia.
La causa quedó radicada ante el juzgado federal número cinco, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, y quedó registrada con el número 743/2015.
El expediente está caratulado como “averiguación de delito”.
Las fuentes no precisaron la metodología ni tampoco el contenido de la amenaza, pero los investigadores orientaron la búsqueda a las eventuales relaciones con la investigación que Bonadio está llevando adelante sobre la empresa Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate.
En esa empresa, según constancias judiciales, es accionista la presidenta Cristina Fernández.
(DyN) – La procuradura general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán por los supuestos delitos de «inclumplimiento de deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad».
Marijuan fue removido días pasados por la Procuradora de su cargo en la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES).
El titular de la fiscalía federal 11 imputó a su jefa máxima de los supuestos delitos de «inclumplimiento de deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad» por su actitud ante el pedido de que removiera al titular de la PROCELAC, Carlos Gonella.
El dictamen de Marijuan se produjo porque actúa subrogando al fiscal federal Carlos Rívolo, que debería ser el titular en la acusación pero se encuentra de licencia, dijeron fuentes judiciales.
La causa se inició por una denuncia del juez federal Claudio Bonadio contra Gils Carbó porque supuestamente no habría cumplido con el protocolo de procedimientos ante el pedido de remoción de un fiscal, en este caso de Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Bonadio declaró en rebeldía a Gonella, le prohibió la salida del país y pidió su juicio político por no presentarse a declaración indagatoria en una causa en la que el fiscal está acusado de violación de secreto.
El juez hizo el pedido de juicio político de Gonella para que pierda la inmunidad de arresto que le da los fueros de fiscal y así llevarlo a declarar por la fuerza pública.
Gils Carbó rechazó lo solicitado por Bonadio y lo fundamentó en que el juez «pretende criminalizar una actividad propia del Ministerio Público Fiscal, cual es la política institucional de rendir cuentas a la sociedad a partir de la difusión de noticias en el sitio web del MPF (www.fiscales.gob.ar)».
«La persecución penal por la difusión de noticias sobre la actuación de los fiscales involucra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos», agregó Gils Carbó.
La Procuradora recordó que los fiscales tienen inmunidad de arresto, otorgada por la Constitución Nacional, y que se trata de un resguardo para su actuación y «no un privilegio personal sino una garantía de los justiciables».
Gonella ya apeló la decisión del juez Bonadio para que sea revisada por la Cámara Federal.
El titular de la PROCELAC está acusado de la difusión pública de una causa por presunto lavado de dinero contra familiares y allegados del empresario español Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por «Manzanas blancas», el mayor caso de narcotráfico del país.
Entre los investigados se encuentra la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, pareja de Temes Coto, que denunció que el caso fue difundido por el sitio web «www.fiscales.gob.ar».
Gonella ya faltó a cinco citaciones a indagatoria y basó sus ausencias en que hay recursos pendientes contra el juez y su investigación, entre ellos un planteo de recusación.
Bonadio entendió que hay «mala intención» por parte de Gonella para presentarse, por lo que lo declaró rebelde, le prohibió la salida del país y le pidió a Gils Carbó su juicio político para que sea desaforado.