El fiscal de Instrucción, José María Campagnoli, aseguró que «toda la crítica que hizo el Gobierno potenció demasiado» la marcha del próximo miércoles, en la que confirmó la presencia de la familia de Alberto Nisman.
Además, reiteró que la manifestación debe ser «un homenaje» al fallecido fiscal, y dijo que son «una ridiculez total» las acusaciones de «golpismo» realizadas desde el Gobierno.
«El que propició más esta marcha fue el propio Gobierno, que el mismo da que fue anunciada empezó con las críticas, y la marcha fue tomando un nivel que yo no me imaginaba. Toda la crítica que le hizo el Gobierno la potenció demasiado», señaló.
En declaraciones a radio La Red, el fiscal estimó que la convocatoria «va a ser batante alta», y confirmó la participación de los familiares de Nisman, aunque sin dar mayores precisiones. «Parecería que va a ser bastante alta. Gran parte es gracias al Gobierno que la puso en la tapa de los diarios. La gente se da cuenta de que hay un homenaje a un fiscal muerto que se debe rendir», insistió.
Campagnoli señaló además que «probablemente hubieran sido distintas las cosas» si la presidenta Cristina Fernández «hubiera tomado un camino de reflexión ante la denuncia y la muerte», y aseguró que todo «no puede ser blanco o negro».
En ese sentido, dijo que si algún representante del Gobierno participara de la marcha «va a ser una señal de concordia, y yo la voy a aplaudir».
Con respecto a las críticas del Gobierno, que tildó de «golpismo» la convocatoria a la marcha, Campagnoli dijo que son «una ridiculez total», y reiteró que se trata de un homenaje a Nisman. «Es una ridiculez total. En la Procuración no hubo ni un da de duelo, ni un minuto de silencio, ni una bandera a media hasta. Y se murió un fiscal de la Nación», subrayó.
Semanas atrás se conoció que el fondo Elliott Associates, controlante de NML, había puesto la mira sobre empresas del empresario Lázaro Báez a raíz de los supuestos vínculos que lo unen con la familia de los Kirchner. A través de la cláusula Discovery, buscaría rastrear los activos de esas compañías que, sospechadas de haberse valido de dinero público por métodos corruptos, se volverían plausibles de embargos.
Tras el peritaje que llevó adelante un equipo de expertos, este holdout se presentó ante la Justicia de Nevada para solicitar que le permita avanzar sobre el dinero de 123 «sociedades fantasma» que estarían relacionadas a Báez. Una corte de ese estado accedió ayer al pedido.
Con la investigación, NML -que reclama una suma superior a US$ 1.600 millones- busca hacerse de US$ 65 millones que habrían sido lavados a través de esas compañías provenientes de fondos malversados, según consta en el escrito al que accedió Infobae. ¿De dónde surge la cifra? De la investigación que inició en 2013 el fiscal José María Campagnoli y que derivaría en el jury que enfrenta.
«En la Argentina se inició una investigación denominada La Ruta del Dinero K sobre el ex presidente Néstor Kirchner, su esposa y actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner, su confidente Lázaro Báez y los asuntos financieros que lo relacionaban. Los tres presuntamente malversaron millones de pesos de proyectos públicos de infraestructura y lavaron las ganancias y otros fondos sustraídos a través de Panamá y varias corporaciones internacionales», sostiene la presentación.
El texto precisa que el monto involucrado fueron US$ 65 millones de dólares y que las sociedades implicadas reportaban a una misma dirección Aldyne, Ltd., una corporación radicada en las Islas Seychelles. Las sociedades mencionadas por Campagnoli eran 150; de acuerdo con NML, las 123 que ahora puso contra las cuerdas serían parte de las investigadas por el fiscal ya que brindan el mismo domicilio.
«No hay dudas de que se trata de empresas fantasma. Y no hay duda de que las empresas fantasma son creadas con frecuencia para cometer fraudes», señaló.
La ruta del dinero que reconstruyó Campagnoli comprobó que los US$ 65 millones salieron del país y volvieron blanqueados mediante la compra de bonos soberanos argentinos entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013. La suma fue depositada en las cuentas de Austral Construcciones, propiedad de Báez.
El fondo requirió documentación a esas sociedades para dar con sus titulares pero estas aseguraron que esa información no estaba disponible. Solicitó entonces que expliquen las razones, pero encontró una nueva negativa de las firmas, que sindicaron como apoderada a Leticia Montoya, una abogada residente en Panamá.
Montoya aseguró que ninguna operaba a menos de 170 kilómetros de Las Vegas, de manera que entendía que no debía reportar a la corte en donde fue presentado el pedido.
El juez Cam Ferenbach concedió la totalidad de la petición de NML y ordenó una reunión entre sus representantes y los de las 123 corporaciones para abordar las cuestiones relativas a las certificaciones y depósitos de esas firmas. Estableció, además, que las partes deberán comparecer con un documento conjunto sobre el tema antes del 12 de septiembre.