(DyN) – El juez federal Claudio Bonadio citó a declaración indagatoria al agregado comercial en Italia y ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en la causa por el cotillón contra el Grupo Clarín exhibido en distintos actos y edificios públicos.
Fuentes judiciales informaron que la citación es para el viernes 22 de mayo, junto al presidente del Mercado Central, Carlos Alberto Martínez, mientras que un día antes deberán comparecer los gerentes generales Guillermo Cosentino y a Fabián Dragone.
Cuando era secretario de Comercio, Moreno había ordenado desplegar grandes carteles contra Clarín en el Mercado Central de Buenos Aires, así como en la fachada de la Secretaría de Comercio, y había hecho imprimir globos y otros artículos de cotillón con frases como «Clarín miente».
El grupo de medios querelló al entonces funcionario y en primera instancia el juez Bonadio -luego de ello denunciado por el Gobierno nacional en el Consejo de la Magistratura- había archivado la causa. Pero en julio del año pasado la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el archivo de la causa que había confirmado la Sala Uno de la Cámara Federal porteña, que dictó varios fallos en sintonía con el oficialismo.
Los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, del máximo tribunal penal del país, consideraron que los camaristas mandaron al archivo la causa contra Moreno sin suficiente fundamentación de que el secretario de Comercio no incurrió en amenazas contra Clarín. Y le ordenaron a sus subordinados que reabran el expediente en que se investiga si Moreno perpetró el delito de «intimidación pública» y que dicten un nuevo fallo.
El editor general de diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, participó del programa de entrevistas Un mundo con Periodistas y habló sobre la situación actual del periodismo argentino y la histórica disputa del Gobierno nacional con el Grupo Clarín en torno a la Ley de Medios.
“Un medio sin independencia económica no es independiente. Clarín tiene un peso sobre la opinión pública, no sólo porque sea un medio grande o poderoso. Creo que este gobierno, que maneja en este momento el 80% de los medios en Argentina, no ha podido construir un periodismo creíble que no sea de propaganda”, dijo.
“Hemos tenido problemas con todos los gobiernos: Menem, Alfonsín, De la Rúa, Duhalde, pero ni en el peor momento de estos gobiernos nosotros no podíamos hacer nuestro trabajo”, lamentó.
“Había reglas de juego, ellos nos criticaban pero nosotros pedíamos una audiencia con un tipo y el me recibía y después yo escribía lo que quería pero no había una orden a los voceros, a los ministros a que no hablen con Clarín”, se quejó el directivo.
Cuestionado sobre la Ley de Medios, Kirschbaum afirmó que “la ley fue para Néstor Kirchner y el kirchnerismo una herramienta política de domesticación y de disciplina para los medios y periodistas, es inservible porque no contempla el futuro, no está Internet”. “Fue creada para atacar a Clarín y tratar de destruirlo, todavía ese intento persiste. Después, el grupo se convirtió en un botín”, denunció.
No obstante, el editor reconoció que el mercado periodístico necesita una Ley de Medios. “Se perdió una oportunidad de hacer una ley de medios razonable que contemple la modernidad, la diversidad que tanto le preocupa a Sabatella y que no lo cumple, y que no sea un instrumento de guerra sobre el periodismo”, fustigó.
“¿La Ley de Medios a quien favorece? A DirectTV, a la CNN y a todo medio, como las telefónicas por ejemplo, que puede estar presentes en todo el país y no son cuestionados porque políticamente no les conviene. Hay una contradicción bastante grande entre las propagandas de la Ley de Medios y los verdaderos objetivos”, cuestionó.
El juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de indagatoria de directivos de Clarín y La Nación por la causa Papel Prensa, al sostener que esa citación se hace cuando hay «un grado de verosimilitud importante» de la comisión de un delito por parte de los convocados, algo que -a su criterio- hoy no existe.
Cabe recordar que el fiscal federal Leonel Gómez Barbella solicitó que se cite a declaración indagatoria a accionistas y directivos del Grupo Clarín Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto y al director del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre, entre otros, por la presunta apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa a la familia Graiver durante la última dictadura militar.
«Es una obviedad decir que se encuentra dentro de las facultades de los fiscales y de los querellantes solicitar la declaración indagatoria cuantas veces lo consideren, pero también que tal acto procesal se dispone cuando existe un grado de verosimilitud ciertamente importante, que debe estar apoyado en evidencias que objetivamente lleven a considerar como probable la hipótesis denunciada», advirtió Ercolini en su resolución.
El caso había quedado revestido en una polémica ya que Gómez Barbella, miembro de la agrupación K «Justicia Legítima», fue designado hace sólo tres meses por la cuestionada procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
Ercolini, por su parte, es quien decidió elevar a juicio la causa por intimidación pública contra Luis D’Elía.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, además de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en el marco de la causa en que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.
Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, los directivos «resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación».
Allí argumenta que «Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo».
Leonel Gómez Barbell se basa además en que el artículo 168 del Código Penal, reprime a quien “con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.
«Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión», concluye.
La decisión quedó envuelta en una polémica ya que, según consigna Infobae, Leonel Gómez Barbella era fiscal federal subrogante de Morón hasta que decidió concursar para ser fiscal titular de Comodoro Py. Sin embargo, los resultados de los exámenes oral y escrito y el análisis de sus antecedentes lo dejaron en el undécimo puesto. Pese a esto, la jefa kirchnerista de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, designó en diciembre pasado a Gómez Barbella –integrante de la agrupación «Justicia Legítima»– a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. Y a partir de ese momento, en manos de Gómez Barbella quedaron causas sensibles, como Papel Prensa.
La reacción de los medios
Una vez conocida la decisión de Gómez Barbella, los abogados de los accionistas de Clarín y La Nación dieron a conocer un comunicado en el que aseguran que el Gobierno en los últimos días «preparó el terreno» para el pedido de indagatoria a través «del aparato de comunicación oficial».
Consideraron que Gómez Barbella es un fiscal «afín al oficiliasmo» y que «hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa». Asimismo, indicaron que el expediente «acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla».
Advirtieron además que «la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, del fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella (integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan».
El escrito, firmado por Hugo Wortman Jofré, Alejandro Pérez Chada y Gabriel Cavallo, señaló que «no existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad», ya que, sostuvieron, «se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales».
(DyN) – La Cámara en lo Civil y Comercial Federal confirmó una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín para impedir que el Gobierno fuerce la «adecuación de oficio» de sus medios, en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Sala I de la Cámara ratificó el fallo firmado el 9 de diciembre pasado por el juez de primera instancia Horacio Alfonso, por el cual se le permitió al Grupo Clarín, por el término de seis meses, mantener en vigencia todas las señales de radio y televisión sin que sean incluidas en el proceso de desinversión forzosa.
Después de la Resolución de Alfonso, el Gobierno -a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)- había intentado que se aplicara un «per saltum», lo cual fue rechazado a fines del año pasado por la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto la situación siguió su curso normal.
Ahora, en ese marco, los camaristas María Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni analizaron el planteo que cuestionaba la medida cautelar en favor de Clarín y rechazaron los argumentos oficiales.
En el fallo, al que accedió DyN, los jueces sostuvieron que no se advertía «suficiente entidad en los argumentos de la recurrente que justifiquen revertir la decisión adoptada sobre el punto por el magistrado de la primera instancia».
«La medida otorgada no afecta una norma de rango legal, sino un acto puramente individual. Por lo demás, resulta claro que no excluye al sujeto privado afectado de la legítima obligación de adecuarse a la Ley, sino que busca sanear un acto verosímilmente irregular garantizando la utilidad de los procesos», se señaló.
La Resolución sostiene además que «la medida adoptada más que afectar el interés público lo preserva, en la medida en que la comunidad toda tiene interés republicano en el respeto al debido proceso en todo procedimiento administrativo».
Y remarcó que «el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos -cuya jerarquía constitucional surge del artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental- asegura la tutela judicial efectiva ante cualquier acto que viole derechos fundamentales».
En ese sentido, la Cámara advirtió que «tal exigencia es particularmente imperativa cuando se trata de actos de autoridad pública que prima facie no superan el examen de razonabilidad y que pueden tener consecuencias limitativas en cuanto al acceso de los ciudadanos a la información plural».
Los jueces advirtieron que el Gobierno debería «demostrar concretamente en qué consistiría la afectación del interés público y ello en relación circunstanciada al proceso de examen y deliberación que concluyó con el dictado de la Resolución 1121/AFSCA/2014, no siendo suficiente la mención genérica».
«Con relación al plazo de vigencia de la medida precautoria que ha sido objeto de agravio por parte de la actora, cabe precisar que el señor juez lo estableció en uso de las facultades que le confiere el Código Procesal», se resaltó.
Tras sostener, además, que «concretamente se ponderó la posibilidad de ser reevaluado a su finalización», la Cámara afirmó que «no se advierte la existencia de gravamen actual en la limitación temporal establecida».
Con esta resolución, al Gobierno solo le quedaría recurrir a la Corte Suprema para revertir esta medida cautelar si pretende aplicar de inmediato la «adecuación de oficio», esto es comenzar con el proceso forzoso de desinversión que decidió aplicarle al Grupo Clarín.
El juez Luis Rodríguez citó a indagatoria a José Sbattella.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) fue convocado para el 10 de marzo próximo.
Fue citado por haber revelado información referida a actividades del organismo que de acuerdo a la ley 25.246 debía ser secreta y se vinculaba al Grupo Clarín, entidades financieras y joyerías.
La información fue divulgada por el Centro de Información Judicial (CIJ), que aún no difundió el archivo con la resolución completa.
«El juez Luis Osvaldo Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, citó a prestar declaración indagatoria al titular de la Unidad de Información Financiera, José Alberto Sbattella, por haber revelado información referida a actividades del organismo que de acuerdo a la ley 25.246 debía ser secreta. Dichas revelaciones se vinculaban al Grupo Clarín SA –querellante en la causa-, entidades financieras y joyerías. La audiencia será el 10 de marzo próximo», es el texto completo que aparece en el sitio oficial.
(DyN) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó a través de un comunicado «el acto de agresión» del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien rompió públicamente dos páginas del diario Clarín durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Según la entidad, el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director del diario La República de Perú, «lamentó que ‘el gobierno de la presidenta involucre a la prensa dentro de una supuesta ‘confrontación política’, descalificando a los medios como opositores políticos, en lugar de considerarlos un instrumento fiscalizador del poder público, como ocurre en sociedades democráticas'».
La SIP recordó que en la conferencia de prensa en la que denunció una «confrontación política» de «medios opositores», Capitanich «rompió frente a las cámaras de televisión dos páginas del diario Clarín en las que el domingo se publicaron artículos sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, de los periodistas Nicolás Wiñazki y Daniel Santoro, y otro del columnista Eduardo van der Kooy, en el que se aludía a supuestas declaraciones de Capitanich sobre la utilización de la muerte del fiscal Nisman por parte de la prensa».
El comunicado, que tituló «La SIP condenó acto intimidatorio público del gobierno de Argentina», incluyó declaraciones del titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda, de Uruguay.
El periodista señaló que se trata de «una desgracia que la Presidenta y sus más directos colaboradores caigan en la detestable práctica que desarrolla con frecuencia y entusiasmo el presidente Rafael Correa, de Ecuador, uno de los peores predadores de la libertad de expresión en las Américas».
Agregó luego que el Gobierno «no puede caer en la tentación de acusar y desacreditar a los periodistas en actos de sarcasmo público, ya que los discursos belicosos y de confrontación suelen incentivar a los violentos».
El comunicado añadió que «Mohme y Paolillo indicaron que este acto de irrespeto a la prensa ‘no puede ser tomado a la ligera, cuando en Argentina lamentablemente los periodistas han estado expuestos a otras acciones gubernamentales que afectan la libertad de prensa, como casos de espionaje contra medios, juicios simbólicos en contra de periodistas y actos de violencia'».
Un verdadero papelón protagonizó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al romper en plena conferencia de prensa en Casa Rosada dos notas de Clarín a las que acusó de decir mentiras, señalando: «Esto es basura».
La actitud del funcionario generó amplio repudio principalmente en las redes sociales, de parte de usuarios que consideran esta actitud un atentado a la libertad de expresión y a la «pluralidad de voces» que el Gobierno dice defender.
https://www.youtube.com/watch?v=AqpnbQB4LJ0
Comunicado de Clarín
En este contexto, el Grupo Clarín emitió un comunicado en el que cuestionó este acto al que calificó de «violencia impropia por parte de un funcionario de la democracia».
El comunicado completo dice lo siguiente:
«El Grupo Clarín tiene que lamentar que el Gobierno haya decidido cruzar un nuevo límite en la escalada de intolerancia y agresión contra la prensa que viene alimentando, esta vez con un repudiable gesto que además entraña riesgos personales para el medio y los periodistas involucrados.
La decisión del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de romper dos páginas de Clarín con artículos de reconocidos profesionales, conlleva una carga de violencia impropia de un funcionario de la democracia y configura además una peligrosa invitación a que este tipo de actitudes patoteriles se reproduzcan incluso en grados de mayor riesgo personal.
Que quienes más altas responsabilidades ejercen en el país -y por tanto deben velar por la convivencia, el diálogo y la seguridad de las personas- exhiban este tipo de conductas refleja una profunda anomalía institucional.
La clara inspiración del gesto de Capitanich en otros mandatarios de la región con rasgos autoritarios y hegemónicos, revela a las claras las fuentes en las que abreva el oficialismo en su concepción y relación con la prensa no adicta.
La elección de tres reconocidos periodistas de Clarín (Eduardo Van der Kooy, su columnista político desde hace 25 años, ganador del Premio Rey de España; Daniel Santoro, referente internacional del periodismo de investigación, ganador del mismo premio; y Nicolás Wiñazki, joven y destacado periodista que reveló algunos de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años) muestra a las claras que en su obsesión por tapar la realidad, el gobierno ha decidido ir por todo.
Podría haber cuestionado, rebatido o aún desmentido el contenido de las notas, y ese debate sería válido y legítimo. Pero el gobierno optó por estigmatizarlos e intentar disciplinarlos con una carga de violencia inédita.
Pese los escraches y amedrentamientos, los tres periodistas han ratificado el contenido de sus artículos, que fueron realizados de acuerdo a las normas y estándares profesionales, con fuentes inobjetables y con los chequeos necesarios para ser publicados».
Fue una frase tan trágica como premonitoria. El fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, que apareció muerto hoy en su departamento de Puerto Madero, le dijo a Clarín días atrás una oración que marcó su destino. «Yo puedo salir muerto de esto», afirmó.
A pesar de la presión que había sobre él y de la feroz embestida del kirchnerismo en su contra, Nisman estaba confiado en la solidez de su denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés «Cuervo» Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche.
«Desde hoy mi vida cambió. Es mi función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba a escuchar cosas tremendas de mi persona», dijo a TN el miércoles, horas después de sacudir al país con su denuncia.
La diputada ultrakirchnerista, Diana Conti, tomó esa frase, luego de la confirmación de que Nisman iba a concurrir al Congreso para brindar detalles de su investigación en un encuentro reservado.
«Le decimos a la hija de Nisman que se quede tranquila, que no vamos a agredir a su papá», manifestó Conti.
Hoy, tras la confirmación de la muerte del fiscal que denunció hace menos de días a la Presidenta, todas las palabras cobran otro cariz. «Esto va a llevar tiempo, pero va a llegar a buen puerto. Me gustaría equivocarme por la institucionalización del país pero creo que no», expresó Nisman, tras su denuncia.
Horas atrás, apareció sin vida en el baño de su departamento.
(DyN) – El aspirante presidencial del kirchnerismo y gobernador bonaerense, Daniel Scioli, replicó las críticas de referentes del Frente para la Victoria a su participación en un acto del Grupo Clarín en Mar del Plata, al advertir que «la pelea entre los dirigentes no le mejora la seguridad, ni la educación, ni la salud a la gente».
Además, alertó que el kirchnerismo «se nutre de una diversidad que necesita de la unidad de todos los sectores para consolidar los logros» del modelo oficialista.
«Estamos en un momento de campaña (electoral), entonces, uno dice una cosa, otro dice otra. Yo no me quiero apartar ni un milímetro de lo que a la gente le interesa y la pelea entre los dirigentes no le mejora la seguridad, ni la educación, ni la salud. La gente quiere ver acciones concretas que traigan resultados», replicó Scioli en diálogo con radio La Red.
Esta mañana, luego de que otros aspirantes presidenciales del kirchnerismo criticaran la visita al Espacio Clarín en Mar del Plata del mandatario provincial, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que «o están con grupos mediáticos que conspiran contra los intereses del país o con este proyecto político, que ha transformado a la Argentina».
El ministro coordinador se sumó así a otros cuestionamientos que recibió Scioli, como los que lanzaron el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, quien ayer, por la red social de internet Twitter, alertó que, «en nombre del diálogo, no se puede estar bien con Dios y con el diablo».
«Hay encuentros tradicionales, como en este caso, que se agasajan a los elencos. Yo voy, saludo; no se le dé otra interpretación», pidió hoy por su parte el mandatario provincial.
El gobernador bonaerense aseguró que asistió al Espacio Clarín porque «fue una responsabilidad que hace» a su «cargo institucional, que tiene que ver con agradecer a todos los elencos y a sus producciones».
«Y, particularmente, desde lo humano, la posibilidad de darle una abrazo a mi amigo de tanto tiempo (el actor Carlos) ‘Carlín’ Calvo», argumentó.
Y, por último, pidió: «Humanicemos un poco más la política, las cosas. Me parece que esa es la impronta que yo le doy. Como he tenido la oportunidad de agasajar a los deportistas, a los periodistas… en nombre de qué, a que sea una gran temporada (de verano)».