(DyN) – El kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó enviar a juicio político y multar con el 30 por ciento del sueldo al juez federal Norberto Oyarbide en la causa por el anillo de diamantes.
Fuentes judiciales informaron a DyN que los representantes del kirchnerismo y la jueza y presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez, rechazaron sancionar a Oyarbide, mientras que la oposición votó por enviar al magistrado a juicio político.
En tanto, el Consejo también archivó la denuncia por presunto mal desempeño contra el juez federal Daniel Rafecas por su actuación en la causa Ciccone por el intercambio de mensajes de whatsapp con una de las partes.
En este caso, la causa fue archivada por unanimidad porque vencieron los tres años que el Consejo tiene de plazo para resolver una denuncia contra un magistrado.
Rafecas fue el magistrado que en febrero desestimó por inexistencia de delito la denuncia penal del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
(DyN) – El juez federal Claudio Bonadio fue sancionado por el plenario del Consejo de la Magistratura con un descuento del 30 por ciento de su salario, como consecuencia de las demoras en que incurrió en dos expedientes relacionados con la privatización de Tandanor y créditos incobrables a las Curtiembres Yoma.
El magistrado, a cargo de una investigación por presuntas irregularidades contables de la empresa Hotesur, propiedad de la presidenta Cristina Fernández, vino siendo blanco de durísimas críticas desde sectores kirchneristas en las últimas semanas.
La sanción contra Bonadio fue aprobada por una mayoría estricta de siete votos (contra seis que se inclinaron por la desestimación), conformada por los cinco integrantes del kirchnerismo en el Consejo, más el representante del sector académico y la presidenta del cuerpo, la jueza Gabriela Vázquez.
El viceministro de Justicia y representante del Ejecutivo ante el Consejo, Julián Alvarez, había presentado un dictamen proponiendo la suspensión de Bonadio hoy mismo y el envío a un Jurado de Enjuiciamiento.
Pero para ello eran necesarios los votos de dos tercios de los consejeros presentes, es decir nueve sobre 13, y el oficialismo no llegaba a esa cifra.
Entonces, el consejero académico Jorge Candis, introdujo la moción de la sanción económica, e inmediatamente Julián Alvarez retiró su propuesta de máxima y adhirió al recorte del 30 por ciento del salario de un mes para el magistrado.
A esa postura se sumaron los senadores Ruperto Godoy y Pablo González y los diputados Eduardo «Wado» De Pedro y Héctor Recalde -todos del Frente para la Victoria- y definió con su séptimo voto la jueza Gabriela Vázquez.
Los legisladores radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdés, y la abogada porteña Adriana Donato, se inclinaron por rechazar la sanción argumentando que desde el inicio del proceso contra Bonadio se había excedido el plazo máximo de tres años para adoptar una resolución, en tanto que el abogado del interior Miguel Piedecasas y los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes directamente desestimaron los argumentos acusatorios contra el juez.
La decisión fue adoptada tras un por momentos áspero debate, en el que los consejeros se enrostraron la supuesta pertenencia de Bonadio a los «jueces de la servilleta» y sus vinculaciones con la «década infame», en alusión a los nombres de magistrados que el ex ministro del Interior Carlos Corach habría anotado como jueces adeptos al menemismo en los 90.
El viernes pasado, el viceministro Alvarez, uno de los más ásperos críticos del juez federal, llegó a advertir que «Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa».
La novela que se generó tras la decisión del juez Claudio Bonadio de allanar la firma Hotesur, que administra el hotel de la familia Kirchner en El Calafate, no para de sumar nuevos capítulos.
Es que, mientras Bonadio decidió avanzar con la causa que también involucraría al empresario Lázaro Báez, el kirchnerismo redobló su apuesta contra el magistrado y le sumará otra denuncia en su contra, en el Consejo de la Magistratura.
En concreto, Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de impuestos de la presidenta Cristina Fernández; de su difunto marido, Néstor Kirchner; y de los hijos de ambos, Máximo y Florencia, además de las correspondientes al empresario Lázaro Báez.
Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la AFIP para recabar esa información, en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, informaron fuentes judiciales.
En el caso del ex presidente Néstor Kirchner, se trata de las declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.
La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los bienes personales y a las ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado, y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.
Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.
Contraataque
Del lado del kirchnerismo, el secretario de Justicia de la Nación y miembro del Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, presentó un nuevo pedido de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadio por «extorsionar» a ese cuerpo con medidas que involucran a altos funcionarios cada vez que avanza en el análisis de su conducta.
«Claudio Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa», sostuvo el número dos del Ministerio de Justicia de la Nación al hablar antes los periodistas en el Consejo.
Álvarez presentó el pedido ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, denunciando que Bonadio adoptó esa conducta en al menos cinco oportunidades, contra distintos funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, además de la presidenta de la Nación.
El planteo de Álvarez contra Bonadio apunta a la causal de «mal desempeño en sus funciones», pero de la alocución del viceministro se desprendieron términos como «extorsión» y «protección» que podría constituir delitos.
Alvarez consideró que con el allanamiento ordenado por Bonadio en la AFIP en busca de las declaraciones juradas de la Presidenta Cristina Fernández y miembros de su familia «está extorsionando al Consejo de la Magistratura», que iba a analizar algunas de las denuncias en su contra.
El funcionario sostuvo que Bonadio «tiene 69 denuncias» en el Consejo «de las cuáles nueve están en condiciones de removerlo».
«Todo el mundo sabe que Bonadio es un juez de la servilleta de (el ex ministro menemista de Interior Carlos) Corach, un pistolero, no tiene antecedentes para ser juez de la Nación», disparó.
Y recordó que el magistrado en su momento debió apartarse de una de las causas que llevaba, sobre el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, porque «no quiso llamar a declaración indagatoria a Corach» ya que, sostuvo «responde a él».
Para Álvarez la situación creada en torno a Bonadio «es una cuestión institucional grave» y lo definió como «uno de los jueces mas cuestionados de la Republica Argentina».
(DyN) – La flamante presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, salió a enfrentar a las voces que le endilgan fuertes lazos con el Gobierno, al asegurar que no tiene «compromiso de ningún tipo» con el poder político y que los integrantes del organismo a su cargo no hacen «política partidaria».
Asimismo, intentó poner paños fríos al enfrentamiento que su sector, la lista Celeste, mantuvo ayer con el del juez Luis María Cabral, de la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados -crítica del kirchnerismo- y manifestó su confianza de que los integrantes de los distintos estamentos del Consejo «ya lograremos acuerdos entre todos».
«Yo soy una mujer de trabajo, tengo 32 años de Justicia, conozco todos los problemas, conozco a los colegas y seguramente vamos a lograr todos los acuerdos necesarios para avanzar en base a la transparencia, a la equidad», confió la camarista del Trabajo, en declaraciones a la radio Vorterix.
En tono conciliador, añadió: «Conozco hace muchos años a Luis María (Cabral) y seguramente nos vamos poner de acuerdo en muchas cosas».
En rigor, el kirchnerismo avanzó ayer en el control del Consejo de la Magistratura al imponer a Vázquez como titular del cuerpo, y también designó como administrador a Claudio Cholakian, integrante de Justicia Legítima, agrupación de funcionarios judiciales cercana a la Casa Rosada.
Consultada sobre sus presuntos lazos con el Gobierno, la camarista resaltó: «No tengo una filiación de ningún compromiso de ningún tipo».
La magistrada se preocupó en señalar que «no» pertenece a Justicia Legítima: «Soy de otro espacio, que es de la Lista Celeste dentro de la Asociación de Magistrados» que «no es la más cercana al Gobierno; es un espacio muy, muy plural», enfatizó.
Acotó que «los jueces no tenemos actividad política partidaria, lo que sí ejecutamos son políticas públicas como el acceso a la justicia para beneficiar a los grupos más vulnerables o políticas de género».
«Política partidaria no hacemos», subrayó, aunque admitió que «la Magistratura es un órgano político porque está integrado por distintos estamentos y uno tiene que hacer acuerdos, dependiendo del tema que se trate, con determinado estamento o con distintos integrantes de esos estamentos».
Vázquez logró llegar a la presidencia del organismo encargado de la selección y acusación de jueces por 7 votos contra 6, mientras que el representante del sector académico Jorge Candis fue elegido vicepresidente, con la abstención de los miembros de la oposición.
En tanto, en un plenario extraordinario que se realizó a última hora de la tarde, el kirchnerismo apartó del cargo al actual administrador general del Consejo, Germán Krieger -a quien le agradeció «los servicios prestados»- y nombró en su lugar a Cholakian.
El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, dictó en las últimas horas una medida cautelar contra la reforma del Consejo de la Magistratura por la que concretamente frenó la elección por el voto popular de los miembros de este organismo que se encarga del nombramiento y destitución de jueces.
Según el fallo firmado por López y difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), la ley 26.855 es “incompatible” con el artículo 114 de la Constitución nacional porque su aplicación «afectaría el equilibrio y la representación» del Consejo.
La medida responde a un recurso de amparo solicitado por el Colegio de Abogados marplatense y es la primera que actúa en la práctica poniendo en suspenso las cuestionadas elecciones públicas, ya que en otros puntos del país, como en Córdoba, muchos jueces ya aceptaron los amparos pero no resolvieron nada hasta esperar que el Estado nacional conteste la demanda.
En este caso particular, el juez López sostiene que “la normativa restringe el dictado de medidas cautelares limitando la evaluación de las circunstancias del caso que debe formular el Magistrado, alterando la división de poderes en relación a la caución, máxime, cuando el presente caso no tiene carácter patrimonial”.
Así es que en el expediente 8987, López decretó la medida cautelar y ordenó al Estado nacional «la suspensión de la constitución del nuevo Consejo de la Magistratura como así también el llamado a elecciones para representantes del estamento de abogados en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el 11 de agosto de 2013».
La decisión, lógicamente, está siendo celebrada en todo el país. Los primeros en manifestarse al respecto fueron los propios abogados marplatenses, a través de su presidente, Fernando Román González. “Responde a la intención del Colegio y de otros tantos de todo el país” que es “evitar esta nueva ley porque viola el articulo 114 de la Constitución”, dijo el letrado.
“Estamos muy satisfechos porque en forma cautelar, también declarando la inconstitucionalidad de las nuevas normativas que impiden las precautorias, nos permite seguir discutiendo la constitucionalidad de este Consejo de la Magistratura”, agregó.
Asimismo, el titular del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Bienvenido Rodríguez Basalo dijo que “es el primer paso positivo en el mandato ético que tenemos los abogados”.
En Córdoba, quien se mostró muy feliz por la noticia fue el abogado Martín Carranza Torres, autor de un amparo colectivo que en Facebook reúne más de 12.000 adherentes. “Ante esta noticia, sin euforia hasta que conozcamos verdaderamente el alcance, podemos decir: «La República vive. Viva la República”, escribió en su cuenta de la red social.
La jueza federal, con competencia electoral, María Servini de Cubría, no aceptó el pedido de una medida cautelar presentada por una agrupación de abogados contra la reforma del Consejo de la Magistratura en el marco de los proyectos de democratización de la justicia.
“Dada la naturaleza de la acción no corresponde expedirse de momento con respecto de la medida cautelar intentada”, dijo Servini de Cubría en su resolución en la que “corrió traslado” al Poder Ejecutivo por cinco días para que responda; tras lo cual estaría en condiciones resolver sobre la cuestión “de fondo”, es decir, sobre la constitucionalidad o no de la reforma, informa Ámbito.com
Los letrados que conforman la agrupación “Gente de Derecho” que encabeza el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, habían pedido ante la justicia electoral que se impida la elección popular de representantes en el Consejo de la Magistratura.
Sobre la excusación del fiscal electoral Jorge Di Lello, Servini de Cubría sostuvo: “No resulta imprescindible la participación del representante del Ministerio Público”.
De esa manara, Servini de Cubría optó por escuchar al Estado antes de resolver sobre las cautelares, y para ello habilitó días y horarios inhábiles, lo que prevé que dará una definición lo más rápido posible antes del 22 de junio próximo que es el límite en que las listas deben presentar los candidatos.
“Todo aquel que tenga un espíritu republicano debe sentirse molesto”. La frase pertenece a Luis Enrique Paoloni, presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, sobre la reforma judicial que implantó el Gobierno y específicamente sobre los cambios en el Consejo de la Magistratura.
“Este es un organismo que tiene un poder no sólo de designar jueces sino de sancionarlos o destituirlos. Es decir que tiene un alto poder. El temor que causa esta medida es en aquel que esté ejerciendo la función, si debe intervenir en algún caso que roce el poder político, entonces la independencia puede verse afectada. El magistrado debería tener absoluta independencia y tranquilidad. Esto es un paso atrás”, agregó.
Paolini añadió que la modificación “vulnera una norma constitucional, el artículo 114 de la Constitución Nacional, además de principios constitucionales” y puso de relieve que a partir de ahora, si alguien no presenta un recurso de insconstitucionalidad directo ante un organismo federal, la composición del Consejo quedará desequilibrada.
“De los 13 miembros, uno será representante del Ejecutivo, 4 del Legislativo, dos jueces, dos abogados y cuatro académicos. Es decir, claramente todos miembros de un partido. Yo no alcanzo a dimensionar esto de que los jueces tienen que estar dentro de una lista partidaria”, finalizó Paoloni.
El abogado cordobés Martín Carranza Torres está ultimando detalles de la redacción de una acción de amparo colectivo para evitar que rija la ley de Consejo de la Magistratura, incluida dentro de la llamada reforma judicial y que seguramente será aprobada el próximo miércoles por el Senado de la Nación.
¿Cómo surgió la iniciativa? Carranza Torres decidió crear un grupo en Facebook “con gente preocupada por el avance del Poder Ejecutivo sobre la Justicia. Venía pensando en presentar un amparo colectivo, ya que no hacen falta demasiadas adhesiones, pero la reacción de la gente me terminó de confirmar que debía hacerlo”, sostuvo Carranza Torres, al frente del estudio Carranza Torres y Asociados.
-¿En qué consiste la acción de amparo?
-Lo que está en juego son los derechos de incidencia colectiva, es decir que cualquier persona lo puede iniciar. Tenemos por ejemplo el derecho a un medio ambiente puro y cualquier persona puede presentar un amparo cuando ve violado ese derecho. Del mismo modo, la división de poderes en el país es un derecho de cualquier ciudadano y se puede presentar a través de un amparo.
-¿Quiénes están representados en este grupo?-El grupo en Facebook empezó el 1º de mayo y espontáneamente la gente fue sumando a otros en la red. En este momento hay casi 6.500 adherentes, ya que hay una efervescencia muy grande, porque esto está planteando desde un punto de vista no político. A esto se lo puede ligar con la gente que estuvo en la calle el 18 de abril. Si dentro de 2 ó 4 años hay otro gobierno, ese gobierno se va a aprovechar de este avasallamiento institucional. Acá hay una oligarquía política enquistada en la Cámara de Diputados y Senadores, que de alguna manera se retroalimenta. Es esperable que esta reforma se afiance con el tiempo.
-¿Cuándo y dónde va a presentar el amparo?
-Por lo pronto, hay que esperar a que la ley se haya sancionado, promulgado y publicado en el Boletín Oficial. Vamos a ser muy prudentes en esperar que se cumpla con las formalidades de la ley. Una vez presentado el amparo se van a hacer las adhesiones como corresponde.
La Presidenta Cristina Fernández anunció el proyecto de ley de reforma judicial destinado a la “democratización, transparencia y agilización” de los actos judiciales, que se elevará al Congreso en las próximas horas.
A continuación los puntos de la reforma que se enviarán, algunos al Senado y otros a Diputados, para su análisis y eventual aprobación.
Acciones para la democratización de la justicia:
• Reforma del Consejo de la Magistratura para que los miembros sean elegidos por voto popular. Se amplía de 13 a 19 miembros: además de legisladores, jueces y abogados, se integrarán cinco académico de diferentes extracciones. No serán elegidos por voto los representantes del Poder Ejecutivo y el Legislativo porque ya estarán privilegiados.
• Ya no se privilegiará para ser juez al que ya pertenezca al Poder Judicial. Se implementará un concurso previo para cubrir vacantes.
• Nuevo Registro Público de Causas en todos los tribunales para mejorar el acceso de la información.
• Garantizar el acceso de cualquier ciudadano a las declaraciones juradas del Poder Judicial, igualando los requisitos exigidos al Poder Ejecutivo.
• Para evitar favoritismos, el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial será por examen, y si los postulantes exceden los cargos a cubrir, se realizará concurso público.
• Regulación de medidas cautelares contra el Estado para agilizar las sentencias definitivas. No podrán superar los seis meses las resoluciones de fondo.
• Se crearán tres Cámaras de Casación: Contenciosa Administrativa Federal; Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo Civil y Comercial, para aliviar trabajo de la Corte Suprema y unificar la jurisprudencia.
• Código Civil, Comercial y Penal se actualizarán y se reformarán los códigos procesales para modernizar los procesos judiciales y acortar plazos.
“Estamos haciendo una apuesta muy fuerte a la democratización y legitimación de la Justicia”, expresó la Presidenta. Aclaró que en el caso de los juzgados que queden vacantes, se cubrirán con las personas que previamente habrán accedido a un concurso y que quedarán en un listado, y por orden de aparición, a fin de que los reemplazantes ya no sean digitados.
No podrán participar de esos concursos funcionarios judiciales que hayan actuado durante la dictadura militar, mientras que los jueces subrogantes serán elegidos por el Consejo de la Magistratura. En tanto, se respetarán los escalafones en la carrera judicial para cubrir los cargos vacantes así como los mandatos vigentes.