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(Télam).- El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plée, sostuvo ante el máximo tribunal penal del país que debe reabrirse una causa penal contra el ex vicepresidente Amado Boudou y revocarse su sobreseimiento a raíz de haber consignado un domicilio falso en su DNI.

En un dictamen entregado a la sala IV del Tribunal, encargada de revisar el archivo del caso y el sobreseimiento dictado a Boudou por la Cámara Federal porteña, Plée sostuvo que insertar en el documento un falso domicilio, la calle Zado al 3200, en Villa Urquiza, sirvió a Boudou para inscribir en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires un automóvil y motocicletas.

Además, remarcó que, de ese DNI, llegó a tramitarse hasta un triplicado, en el 2007, sin corregir el falso domicilio, donde Boudou nunca vivió.

Plée criticó «un doble estándar» por parte del tribunal inferior, la Sala I de la Cámara Federal, que revocó el procesamiento que tenia Boudou en el caso y lo sobreseyó en julio pasado.

«Si un particular declara un falso domicilio ante la autoridad que expide su documento de identidad su conducta puede constituir delito mientras que si lo hace un funcionario público resulta atípico, lo que es inadmisible en tanto la fe pública, precisamente, debería ser respetada y resguardada con mayor responsabilidad por parte de los funcionarios públicos», advirtió el fiscal.

El caso está a estudio de los camaristas de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.
Boudou ya fue enviado a juicio oral procesado en la causa que investiga delitos en la venta de la ex Ciccone Calcográfica y fue procesado por la compra de 19 automóviles de lujo para el Ministerio de Economía de la Nación, cuando estuvo al frente de esa cartera.

(Agencias).- El presidente de la comisión Bicameral de seguimiento de organismos y actividades de inteligencia, el senador nacional Juan Carlos Marino (UCR- Cambiemos) reveló que en una primera auditoría encontraron gastos sin rendición, realizados por el ex jefe del Ejército, César Milani, por 500 millones de pesos durante el año 2015.

Marino reveló que después de una fuerte pulseada con el bloque del Frente Para la Victoria (FPV), que con mayoría en la bicameral bloqueó su funcionamiento, hoy se realizará una primera reunión.

Consultado si esa auditoría pudo detectar la compra de material de inteligencia para espionaje interno por parte del ex jefe del Ejército, Marino dijo que “la tarea nuestra es auditar a partir de la asunción. Pero no quiere decir que no repasemos hacia atrás”. Pero reveló que por ahora no detectaron ese tipo de compra.

Marino -quien estuvo en Santa Rosa junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el lanzamiento de un Centro de Información Criminal Regional- dijo que pretenden darle otro perfil a la comisión bicameral, diferente al que tuvo hasta ahora. “Vamos a sacarla del oscurantismo”, aseguró.

Otra “sorpresa” que apuntó el legislador fue la falta de control a las fuerzas federales, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Ejército Argentino. “Nunca en estos 10 años hubo un control de qué manera se gasta y en qué se gastaba los fondos. Nunca hubo auditoría a pesar del presupuesto más que interesante que manejan estas cuatro fuerzas”.

Cabe destacar que la Oficina Anticorrupción (OA) solicitó al juez federal Daniel Rafecas que en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilítico del ex jefe del Ejército, César Milani, disponga el embargo de sus bienes para preservarlos, incluida su parte en la sociedad “Tío Tola”, la panchería que tiene junto al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Para la OA, “se encuentran reunidos los elementos suficientes para que se dispongan medidas cautelares tendientes a preservar los bienes de posible origen ilícito, ingresado a los patrimonios de los imputados”.

Además, la Oficina pidió librar oficio a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires y de la Provincia de Córdoba, a fin de determinar si los imputados -en la causa por enriquecimiento ilícito también se investiga a Eduardo Barreiro- son titulares de otros bienes inmuebles y, en caso afirmativo, se les trabe embargo.

“Por el contrario, si no existiesen bienes, exigió que se anote una inhibición general”, pidió el organismo que conduce Laura Alonso, según se informó a través de un comunicado.

La Oficina Anticorrupción se presentó como querellante en esta causa el 12 de octubre, y se suma a la lista de procesos judiciales que investigan delitos contra la administración pública en los que el organismo figura en ese mismo rol, tales como las causas Hotesur, Tragedia de Once, Ciccone, Plan Qunita, subsidios irregulares para la construcción de canchas de hockey y enriquecimiento ilícito de ex funcionarios nacionales como José López, Ricardo Echegaray y Carlos Liuzzi.

Hace poco se había publicado un informe en un matutino porteño en el que se daba cuenta que “a Guillermo Moreno y César Milani, el Gobierno de Mauricio Macri les sienta bien. No políticamente, claro está; lo denostan cada vez que pueden. Pero sí en su rol de empresarios gastronómicos y dueños de la cadena de pancherías Tío Tola”.

Pues a pocos meses de abrir un local frente al Mercado de Maschwitz, los ex funcionarios K ampliaron su negocio y desembarcaron en la Ciudad de Buenos Aires con su primera panchería porteña.

En la parte coqueta del barrio de Retiro, sobre la calle Marcelo T. de Alvear, a pasos nada más del Palacio de Cancillería, Moreno y Milani, en sociedad con el empresario Carlos Castelli (fundador de Todo Moda y considerado en el país como el rey de la bijouterie), instalaron una diminuta panchería Tío Tola, casi idéntica a la que tienen en el Gran Buenos Aires, con un distintivo particular: sus precios económicos.

Cristina de Kirchner estaba citada a indagatoria para el próximo jueves pero planteó una prórroga por el reciente nacimiento de su nieto y porque el día anterior, el 19 de octubre, debe prestar testimonio en la ciudad de Río Gallegos en la causa en que se investiga la muerte del hijo del expresidente Carlos Menem.

Por otra parte, el juez rechazó la recusación in limine, esto es sin darle tratamiento, que la expresidente hizo contra el fallo que dispuso su indagatoria y la acusación fiscal. La exmandataria había solicitado la nulidad de la citación así como de la acusación hecha por los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita que motivó su indagatoria al igual que la del empresario Lázaro Báez y otros exfuncionarios.

A través de su abogado Carlos Beraldi, la expresidente resaltó que la causa está «direccionada» sólo en lo que hace a la provincia de Santa Cruz (los fiscales acusaron que el 80 por ciento de las obras allí las cedieron al empresario Báez) y que sólo se investigó respecto a un único proveedor.

La líder del Frente para la Victoria reclamó una investigación de «manera completa, integral y centralizada de toda la obra pública» entre 2003 y 2015, y una «readecuación del objeto procesal, para que sea investigada no sólo una empresa, no sólo una provincia, sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares».

En ese sentido, cuestionó que sólo se investigó «un porcentaje de la obra pública» y criticó que se haya hecho una «análisis en un único territorio o bien personalizado en un único contratista del Estado».

En el escrito, Cristina de Kirchner sostuvo que «son tan graves y manifiestos los vicios en que incurren los fiscales que lamentablemente traen al recuerdo momentos oscuros vividos por la Justicia durante los períodos en que imperaron las dictaduras militares que arrasaron con derechos y garantías constitucionales».

También afirmó que Ercolini «cedió a la presión y dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria e inhibición de bienes reclamado, incluso sin siquiera precisar la conducta que se imputa, convirtiendo un acto de defensa, como es la declaración indagatoria, en una audiencia donde quien va a prestar declaración desconoce de qué se la acusa y por lo tanto se la coloca en un lugar de absoluta indefensión».

Cristina de Kirchner está acusada de fraude con la obra pública al haber beneficiado con licitaciones en Santa Cruz por 16.000 millones de pesos a Lázaro Báez. Ercolini rechazó la nulidad aunque el fallo puede ser apelado ante la Cámara Federal por los abogados de Cristina lo que podría volver a posponer la fecha de indagatoria hasta tanto se resuelva la suerte de su recurso.

(Télam).- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, permanecerá en prisión preventiva en el marco de la causa en la que se lo investiga por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en el año 2005, informaron fuentes tribunalicias.

La sala I de la Cámara de Casación declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa del ex funcionario kirchnerista en la causa en la que fue procesado por «adminstración fraudulenta» en perjuicio del Estado.

Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos emitieron un fallo de dos páginas en el cual confirmaron la decisión adoptada por los magistrados de instancias anteriores por lo que el ex secretario de Transporte continuará detenido, situación en la que se encuentra desde el 2 de abril.

El juez federal Julián Ercolini procesó al ex funcionario por el presunto delito de haber pagado sobreprecios para adquirir material rodante en mal estado a España y Portugal, para el Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional.

«Los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real», lo que “hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas”, sostuvo el magistrado.

El ex secretario de Transporte fue el primer ex funcionario kirchnerista detenido por una causa en la que se investigan presuntos hechos de corrupción y afronta una larga lista de procesos penales entre los que se encuentra uno por enriquecimiento ilícito, que ya fue elevado a juicio oral.

En el marco de  las Jornadas de Responsabilidad Social Empresaria que organizó el Instituto Argentino de Responsabilidad Empresaria (IARSE), el periodista Hugo Alconada Mon disertó sobre «La comunicación y los Negocios en la Construcción de un Entorno Democrático y Transparente». En diálogo con este medio, realizó un análisis detallado la institucionalidad política en Argentina y los desafíos gubernamentales.

-¿Qué evaluación hace de la institucionalidad del ámbito político en Argentina?

-La realidad es que hay dos países. Una Argentina teórica y otra Argentina real, con baja institucionalidad y organismos de control que no funcionan. En la Argentina real el Congreso Argentino figura séptimo entre nueve Congresos de América Latina analizados en tema de transparencia y en teoría tenemos el decreto de acceso a la información pública desde el año 2003. En un análisis que hicimos para el diario La Nación, solamente nos respondieron el 5 por ciento de los pedidos de acceso a la información pública que presentamos durante los últimos 10 años.

En la Argentina teórica oficialmente Massa, Macri, Scioli  admiten que gastaron unos 250 mil pesos en cada campaña electoral, aunque puertas adentro admiten que gastaron unos 1500 millones de pesos cada uno. ¿De dónde sacaron esa plata? Ellos fueron parte del dolor de cabeza por la suba del dólar blue. Cuando los empresarios hacían los aportes los hacían en dólares, no en pesos. A eso lo tenían que conseguir en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el desafío fue cómo trasladar esos fondos y terminaron con gente de los equipos de la campaña con el dinero en negro en la camioneta rogando que nadie los arrestara. El dólar blue iba subiendo. Teníamos a un gobierno que en teoría estaba tratando de combatir el dólar blue cuando los propios candidatos a presidente  estaban empujando el dólar blue. Una candidatura a un intendente común y corriente vale no menos de un millón de pesos. En la lista sábana, los puestos del quinto al décimo salen  entre cuatro y diez millones de pesos, dependiendo si tenés posibilidades reales o no de llegar al Congreso.

-¿Qué es lo que imposibilita la necesidad superar esa baja institucionalidad?

-Nosotros mismos, los argentinos. De la boca para afuera decimos que nos interesa el cambio pero cuando eso nos afecta, nos ponemos como locos. Un claro ejemplo es la figura del arrepentido que existe en Argentina pero sólo para algunas figuras penales particulares, no para actos de corrupción. Los principales interesados en que esa ley del arrepentido no salga son los políticos y empresarios, porque los empresarios no veían a un Lázaro Báez como un par, lo ven como  un testaferro. Ahora que la ley del arrepentido tiene sólo media sanción, ya hay altos ejecutivos de las empresas que cuando se tienen que marchar y les tienen que pagar están pidiendo el doble de la indemnización que les corresponde. Ese es el sobrecosto por el silencio.

-Ante esta situación, ¿qué acciones  se deberían llevar a cabo para un entorno más democrático y transparente?

-No me imagino un  cambio sustancial, tampoco veo al actual gobierno interesado en eso. Lo que necesitamos es un cambio gradual.

Que la Dirección Nacional Electoral pase a estar bajo el control de la Cámara Nacional Electoral, por ejemplo, para mí es un avance. Era insólito pero el gobierno de turno era el que tenía bajo control del propio Ministerio del Interior los resultados electorales que podían definir su propia suerte y terminamos como en las últimas elecciones, que pasaron 6hs. para poder obtener los primeros datos.

Para lograr una mejora es necesaria una ley de acceso a la información pública e independencia del poder judicial para que un tipo como Oyarbide, que ni siquiera puede justificar los gastos de su tarjeta de crédito, no sea juez.

La reforma anticorrupción, declaraciones juradas sinceras y transparentes, porque no sirven las declaraciones juradas que tenemos ahora, necesitamos que sean de los tres poderes del Estado. El poder judicial no tiene autarquía financiera real. Entonces tenemos problemas como los de la oficina anticorrupción, que tiene un presupuesto total de 63 millones de pesos mientras el presupuesto de fútbol para todos es de 2.500 millones de pesos, 40 veces más. La oficina anticorrupción hasta hace un mes no tenía internet. Quieren hacer investigaciones complejas pero no tienen ni siquiera para buscar por internet información por Google.

Debe haber un sistema real de protección de de los denunciantes. Hay que potenciar organismos de control y fortalecer nuestras instituciones para no lidiar con funcionarios coimeros. También hay que mejorar el sistema nacional del empleo público. Hay 56 regímenes laborales simultáneos en el Estado Nacional. Los empleados que en realidad están en esos regímenes son el 7 por ciento. Hoy el Estado es el principal empleador en negro en Argentina.

A esto se suma la regulación de la publicidad oficial para que deje de usarse con fines electoralistas y no sirva para premiar o castigar periodistas.

Tenemos que influenciar con la presión social, que es lo que permitió que Campagnoli finalmente sea fiscal hoy y que Bodou sea procesado. De a poco podemos ir mejorando pero va a tomar mucho tiempo.

A casi 10 meses del gobierno de Macri, ¿cuáles considera que fueron los principales logros y cuáles son los desafíos más importantes?

-El logro principal para Macri es que ganó, que rompió con el bipartidismo y eso es un hito, como el de María Eugenia Vidal en Buenos Aires, que logró romper con 28 años de peronismo.

El gran desafío es que llega al gobierno sin mayorías parlamentarias y en las urnas porque sacó más del 50% en segunda vuelta, con sindicatos que no controla y una economía que está en recesión. Macri tiene múltiples desafíos para los cuales tiene pocas herramientas. Pero a veces, tu debilidad es tu fortaleza. Porque, en este caso, al Presidente la debilidad lo puede llevar a tener que consensuar y llegar a acuerdos. Esa misma debilidad lo lleva también a tener una posición de fuerza frente a los  reclamos de sindicatos y  empresarios.

-Ud. mencionó la recesión económica. Con ese marco, ¿cuáles considera que son los aspectos que urgen en la agenda económica actual?

– Más allá de lo coyuntural, claramente lo que necesita Macri es poner en funcionamiento la economía rápido y lo mismo debemos buscar nosotros como sociedad. Si no reactivamos la economía, esto una bomba de tiempo tarde o temprano.

-A partir de distintos escenarios que Ud. ejemplificó, como  el poder de los sindicatos y las presiones empresariales, se ha cuestionado la gobernabilidad de la actual gestión nacional. ¿Qué análisis realiza sobre esto?

– En este sentido, el primer y mayor desafío que tiene Macri es su propio Gobierno. Si él hace las cosas bien, si logra reactivar la economía, controla a sus ´muchachos´, si logra realmente consensuar reformas, entonces va a llegar. Pero si él o su equipo empiezan a cometer actos de corrupción, si la economía no repunta, si tiene muchos errores propios no va a llegar porque implosiona. Este panorama es como la regla básica del tenis: hay que pasar la pelotita una vez más que tu contrincante, nada más. A veces lo único que tenés que hacer es reducir tu cantidad de errores no forzados y dejar que el otro cometa errores. Macri también necesita reducir sus errores no forzados para caminar lejos.

-En su paso por Córdoba, Alfredo Leuco planteó en una reciente disertación que existe la posibilidad de que el año que viene Cristina Kirchner pueda ir a juicio oral y público. ¿Considera que pueda ser así?

-Va a depender de varios factores. Es posible que Cristina Kirchner llegue a juicio oral y público, va encaminada a esa senda, rumbo a tener serios problemas judiciales. Pero una cosa es estar detenido, otra cosa es que te condenen. En su momento con Menem pasó esto, lo detuvieron pero después lo liberaron y pasaron muchos años, lo terminaron condenando pero ahora es senador y no está preso  gracias a fueros y otras cuestiones. Las investigaciones por corrupción llevan años. Hay que tomarlo con cautela porque va a depender de múltiples factores. Entre ésos, una de las diferencias sustanciales  es que Néstor está muerto. Ella en la peor de las situaciones puede delegar toda responsabilidad civil y penal en su marido.

-Está trabajando en un nuevo libro de investigación política. ¿En qué asuntos está poniendo el foco?

-En distintos temas pero sobre todo en casos de sobreprecios con foco en la obra pública. Cambiamos los nombres pero repetimos los vicios. Y por eso hablo de cambiar el sistema. Sino vos y yo vamos a estar hablando el próximo año de quién es el próximo Lázaro Báez, Ricardo Jaime. O cambiamos los factores de la ecuación o el resultado es el mismo.

 

 

(Télam).- «Para acceder a las obras, tenías que aceptar las condiciones que te fijaba el gobierno nacional, que era tal empresa, tal retorno. Si aceptabas, te convertías en un socio y la obra se ejecutaba», detalló Juez ante el fiscal federal Federico Delgado.

Además, involucró al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, en cuya causa por enriquecimiento ilícito declaró ayer como testigo a través de una videoconferencia desde Ecuador.

Allí, al brindar detalles de una frustrada obra pública que consistiría en la construcción de 2.500 viviendas en la Córdoba, contó que, tras no aceptar las condiciones que -según su relato- pretendían imponerle De Vido y López, había tenido un encuentro con el ex presidente Néstor Kirchner del que también participó Alberto Fernández.

En la declaración, que se difundió hoy de manera completa a través de fuentes judiciales, aseguró que entre 2004 y 2005, cuando era intendente de la ciudad de Córdoba, el entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner le ofreció financiar la construcción de 2.500 viviendas en la capital provincial.

Según dijo, en principio aceptó la propuesta pero, luego, en una reunión a la que lo convocaron el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su número dos, José López, le pusieron condiciones.

«Me reciben, De Vido me pregunta cómo estaba la adjudicación de predios, y me dice con López que van a hacer 2.500 viviendas. Todo venía bárbaro y, en un momento dado, los dos juntos me dicen ‘esa obra la va a ejecutar Electroingeniería'», narró Luis Juez en su declaración como testigo.

Según el embajador, él se negó a aceptar esa condición y explicó que una ley provincial lo obligaba a llamar a licitación.
«De Vido, con López, me dijo que la empresa estaba seleccionada: ‘O es Electroingeniería o no construimos viviendas con vos'», consignó que le dijeron.

Luis Juez refirió que se reunió entonces con Kirchner y que estaba presente el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández.

A ambos les dijo que no podía aceptar esas condiciones porque, en un futuro, podía «ir preso» al no poder justificar la falta de llamado a licitación.

«El Presidente luego de un zigzagueo me dijo: ‘tenés que ser un poco más tolerante en este tema’; Julio y José son los que toman las decisiones, te vas a quedar sin viviendas», algo que, según Juez, efectivamente ocurrió.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak, sacudió a propios y extraños al asegurar días atrás que estaban al tanto del sistema de corrupción en la obra pública durante el gobierno kirchnerista. Y afirmó que tanto la ex presidente Cristina Fernández como el todopoderoso Julio De Vido conocían de las maniobras fraudulentas que se expusieron con el caso de José López. «Cristina, De Vido y José Lopez sabían perfectamente que había empresas que cobraban antes que otras», dijo Chediak. El ex titular de la UIA, Héctor Méndez también reconoció que se sabía de esas maniobras y que muchas veces fue cómplice.

En Córdoba, en tanto, los dirigentes de empresas constructoras prefirieron el silencio cuando se los consultó por el tema. Pese a que hay muchas empresas de envergadura nacional y participando de grandes obras, los dirigentes de la filial Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción evitaron dar opiniones al respecto.

«Que hable nuestro presidente», se limitó a decir Mario Buttigliento, titular de Boetto y Buttigliengo y referente del sector. Pero Marcos Barembaum, presidente de la entidad local prefirió no hacer comentarios: «ya hablaron las autoridades nacionales», se limitó a decir y no volvió a responder las consultas de Punto a Punto sobre un tema muy delicado para todo el sector.

 

(DyN) El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor Méndez admitió que los casos de corrupción en el gobierno anterior “se sabían” y entre los empresarios se llamaba a la obra pública “movicom”, porque “va con el 15 adelante”, en referencia a las coimas que debían pagarse a funcionarios.

En ese sentido, reconoció: “lo que uno tiene que hacer es un mea culpa. Yo también he sido cómplice de muchas cosas”, sostuvo Méndez, quien presidió la entidad empresaria durante buena parte de los gobiernos kirchneristas. “El silencio es una complicidad, el que calla otorga”, señaló al ampliar su autocrítica.

Entrevistado en el programa Toma y Daca que se emite por radio Del Plata se le preguntó si en su sector era conocido el pedido de retornos por parte de funcionarios, y manifestó: “Esto se sabía, era vox populi”. “Cuando asumo por primera vez (al frente de la UIA) hace 10 ó 12 años a la obra pública la llamaban movicom: va con el 15 adelante”, aseguró.

El empresario consideró que hubo durante la administración kirchnerista un “pacto de silencio respetuoso porque nadie quiere ser botón, meterse en el negocio del otro porque cada uno cuida su propio negocio”.

Si bien aseguró que ante la corrupción “todos se rasgan las vestiduras” y sostienen que “hay que denunciarlo, cuando llega el momento nadie denuncia nada y la víctima es el pueblo, la gente es la que paga todo, la que pierde todo, la que se desilusiona y la que va y vota y cree” en los políticos que luego cometen ese tipo de delitos.

De todas formas, destacó que “se puede” ser empresario en la Argentina sin estar implicado en el pago de retornos a los funcionarios, aunque admitió que “quizá sea más difícil, quizá se gane menos cantidad (de dinero), pero se puede y hay muchos” que lo han hecho, afirmó.

El nuevo ministro brasileño de Justicia garantizó «apoyo total» a la investigación sobre el megafraude a la estatal Petrobras, sin importar que algunos de los miembros del gobierno interino estén señalados en el caso.
«No existe la mínima posibilidad de interferencia. Quien conoce mi historia, desde fiscal, sabe que el combate a la corrupción es la cosa más importante no sólo hoy, sino desde siempre en el país», aseguró el ministro Alexandre de Moraes en una entrevista con el canal Globo.
Al menos tres ministros del gobierno interino de Michel Temer, que asumió el jueves después de que Rousseff fue separada del cargo para enfrentar un juicio político, son investigados por el escándalo Petrobras, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil.
Entre ellos destaca Romero Jucá, ministro de Planificación y presidente del partido de Temer, el centrista PMDB.
«La ley debe ser aplicada igual para todos, sin nombre, sin filiación y sin partido. La ley es para todos», subrayó.
El ministro aseguró que dará «apoyo total» a la operación policial Lava Jato (lavadero de autos), que investiga este caso que le costó a la estatal más de 2.000 millones de dólares en pérdidas y que ha manchado a buena parte de la élite del poder en Brasilia.

(Télam).- El ex jugador del seleccionado francés de fútbol, del Saint Etinne y de la Juventus de Italia anunció hoy su renuncia a través de un comunicado oficial distribuido apenas unos minutos después de que se hiciera público el fallo del alto tribunal deportivo que, aunque redujo la duración del castigo de seis a cuatro años, mantuvo la sentencia de culpabilidad.
«Tomo nota de la decisión de la CAS, pero la considero una grave injusticia», señaló Platini, que anunció también su intención de recurrir a los tribunales suizos ordinarios para continuar con el proceso.
Platini, de 60 años, fue suspendido por la Comisión de Ética de la FIFA junto al suizo Joseph Blatter, ex presidente de la entidad reguladora del fútbol mundial luego del escándalo desatado cuando se conoció el cobro de cohechos en el ente mayor del fútbol.
En un principio se los inhabilitó a ambos por ocho años, pero la Comisión de Apelación redujo el castigo a seis.
El motivo de la sanción es un dudoso pago de dos millones de francos suizos que Blatter autorizó para Platini en el año 2011, cuando ya era presidente de la UEFA y Blatter pugnaba por su reelección al frente de la FIFA.
Ambos dirigentes aseguran que son inocentes y que el dinero se acordó como contraprestación de un trabajo de asesoramiento que Platini realizó para la FIFA entre 1998 y 2002.
Además de acortar la duración de la suspensión, la corte suiza redujo también el monto de la multa que Platini debe pagar de 80.000 a 60.000 francos suizos.
La UEFA, momentáneamente a cargo del español Ángel María Villar deberá ahora elegir a un sucesor de Platini.