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La Corte le pasó la causa por la muerte de Nisman a la Justicia Federal

La Corte Suprema de Justicia decidió “por unanimidad” la “competencia federal” de la investigación que se sigue por la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015.

Así lo determinó el máximo tribunal del país a través de una resolución firmada por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio  Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La Corte se expresó así al responder a un recurso presentado el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz. El mismo pedido había sido planteado por la querella encabezada por la madre de Nisman, Sara Garfunkel. Del otro lado, el pasaje a la Justicia Federal era rechazado por el empleado informático Diego Lagomarsino.

De esta forma, la investigación sobre las circunstancias en la que se produjo la muerte del extitular de la UFI AMIA quedará en manos de la Justicia Federal y dejará de estar en poder de la  magistrada de instrucción Fabiana Palmaghini.

“Se declara la competencia de la Justicia Federal con asiento  en la Ciudad de Buenos Aires para que entienda en la presenta causa”, resaltó el tribunal en su fallo.

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A qué se enfrenta el gobierno tras el fallo de la Corte

«Al caerse por lo menos una parte del ajuste de tarifas, el gobierno  va a tener que tomar algunas decisiones complejas, ya que se le van a plantear disyuntivas: si se cae parte del ajuste fiscal que tenía previsto por la reducción de subsidios, va a tener que optar por reducir otros gastos, por ejemplo los de obra pública como planteó el fin de semana Alfonso Prat-Gay», evaluó el economista Gastón Utrera sobre el panorama que se viene para el Gobierno nacional tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Además, detalló que es muy probable que el recorte se dé en el sector de infraestructura «porque es muy difícil recortar gastos corrientes».

Sin embargo, también adelantó otra posible alternativa: «otra opción es hacer las obras públicas, desembolsar los 80 mil millones de pesos que implique volver atrás el ajuste de tarifas e incumplir el objetivo de reducción de déficit fiscal este año,  un 4,8 % del PBI, según lo planteado por el equipo de Macri».

El economista consideró que «está costando llegar a ese número» y que esta última decisión «atentaría contra el objetivo de generar confianza en el plan económico y a partir de eso atraer inversiones».

Respecto a cual de las dos opciones puede ser más viable, Utrera analizó: «el gobierno va a tener que optar por el mal menor entre estos dos temas planteados en esta disyuntiva. Es altamente probable que decidan hacer las obras  públicas que tienen previstas e incumplir el objetivo de déficit fiscal, incumpliendo también la meta de inflación».

Consecuencias de la opción por el «mal menor»
¿Qué impacto tendría en la economía que el gobierno no cumpla con el objetivo de déficit fiscal? Utrera explicó que «eso implicaría tener que financiar ese mayor déficit fiscal, claramente no va a ser con más emisión de dinero porque el gobierno sabe que ahí se está jugando la batalla contra la inflación, será con mayor colocación de deuda, lo que significa tomar mucha más deuda que la prevista inicialmente».

Asimismo, consideró que otra de las consecuencias negativas es que el INDEC ahora deberá «revisar los números hacia atrás». Utrera confirmó que si bien eso implica para el gobierno «un alivio en la inflación de este año», los aumentos de tarifas definitivos se van a trasladar para el año que viene, lo que representa un aspecto negativo considerando que «el objetivo del gobierno era acumular todos los aumentos por única vez y con impacto transitorio acumularlos en 2016… lo cual complica incluso comprometer un objetivo de inflación».

 

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Siete frases sobre el aumento de las tarifas previas al fallo de la Corte

Mauricio Macri: “No hay otra alternativa a que reduzcamos los consumos de energía y que cada uno se haga cargo de pagar su consumo” (19 de julio)

Federico Pinedo: «Si no hay incrementos en las tarifas, el costo de la energía se pagará con inflación» (7 de julio)

Elisa Carrió: “Hay que dejar sin efecto los aumentos. Cuando uno se equivoca jurídicamente, lo mejor es no darle lugar a la Justicia” (3 de agosto)

Joaquín Morales Solá: «Si la Corte frena la suba de las tarifas, el déficit fiscal puede ser inmanejable» (17 de agosto)

Nicolás Massot: «Si el fallo es adverso, no quedaría otra que endeudarse o emitir moneda y generar más inflación» (17 de agosto)

Macri Negri: «Hubiera preferido una solución política que no me satisfaga a que decida la Justicia» (17 de agosto)

Juan José Aranguren: «Será la Corte Suprema la que interprete si lo que hemos hecho es lo correcto, o no» (16 de agosto).

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Sanz reconoció que «nos equivocamos con la suba de las tarifas»

El ex senador radical Ernesto Sanz disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí, ante los empresarios sostuvo que «nos equivocamos con el aumento de las tarifas; no hicimos un buen cuadro tarifario, fue un error de gestión».

Al mismo tiempo planteó que en el Gobierno Nacional entienden que es inminente el fallo de la Corte Suprema de Justicia que resolverá la «cuestión de fondo» de las subas de tarifas de gas y electricidad. En esa línea, sostuvo que se “generará un paraguas de interpretación jurídica”, ya que a partir del error del gobierno «se originan  fallos como el de la Justicia cordobesa».

Casualmente, entre los asistentes al almuerzo de trabajo de la Bolsa estaba presente Abel Sánchez Torres, presidente de la Cámara Federal de Córdoba, que anuló el tarifazo de gas en Córdoba.

Si bien Sanz se encargó de aclarar que no cuenta con elementos con sustento para fundamentar su razonamiento, sostuvo que la decisión de la Corte girará dos ejes: por un lado, el reconocimiento de la necesidad de corregir las tarifas y, por el otro, el de hacerlo con gradualidad.

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Corte Suprema: Sólo los gremios registrados pueden convocar a una huelga

(Telam).- Así lo resolvió hoy el máximo tribunal al rechazar la demanda promovida por Francisco Daniel Orellano, un empleado del Correo Oficial de la República Argentina que fue despedido por haber participado en medidas de fuerza sin el aval de ninguna representación sindical.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton y Juan Carlos Maqueda manifestaron que la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos sólo le reconocen el derecho a declarar una huelga a los sindicatos,

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Garavano, sin vueltas: "el establishment político presiona para ampliar la Corte"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo que no hay un proyecto para la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia pero admitió que “hay muchas presiones” en ese sentido, y afirmó que “primero hay que completar” el tribunal.
“No, hoy no hay nada. Sí hay muchas presiones, instalaciones del tema, de lo que podemos decir el establishment político”, expresó el funcionario respecto del aumento del número de integrantes del tribunal.
En declaraciones a radio Cooperativa, Garavano sostuvo que “primero hay que completar la Corte, tienen que estar los dos jueces nuevos propuestos por el presidente”, en alusión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, cuyas designaciones realizadas por decreto se encuentran en el Senado.
“Recién después de ver cómo funciona, empezaremos a discutir o no una eventual ampliación” de los integrantes de la Corte, añadió. El funcionario sostuvo que es “apresurado e inadecuado relacionar una cosa con la otra. El presidente los eligió  pensando en la independencia”.
Consultado sobre la designación por decreto de los dos jueces para integrar la Corte, manifestó que “fue una decisión que tomó el presidente, que nosotros acompañamos. Era el mecanismo constitucional para hacerlo”.
En ese sentido, manifestó que “lo que esperamos es que el Senado, calculamos en el mes de marzo, le pueda dar acuerdo a los jueces y puedan integrar el tribunal”.
Por otra parte, dijo que almorzó la semana pasada con la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. “Le pedí en su momento que dé un paso al costado, pero está firme en seguir en su posición”, indicó el funcionario.
En ese sentido, destacó que tiene “fuertes objeciones profesionales en términos de lo que fue el proceso de reforma procesal penal, que empezó con clara finalidad política y no para ayudar en el combate de la delincuencia”.

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Garavano consideró que Rosatti y Rosenkrantz "están en condiciones de asumir"

(Télam) “Tomar juramento es una decisión de la Corte y puede hacerlo en cualquier momento”, aseveró el funcionario nacional y añadió: “No hay ningún impedimento judicial para que juren”.
Según el ministro, los postulantes “están nombrados. En el Ministerio de Justicia ya se ha cumplido con el proceso de consulta pública”.
“La Corte había planteado su dificultad para integrarse. Finalmente no tomó juramento y se postergó. Era una decisión de ellos”, justificó.
En una entrevista publicada en el diario Página 12, Garavano evaluó la situación actual del máximo tribunal por la exigua cantidad de sus integrantes, al señalar que “hoy tiene sólo tres miembros y si no hay unanimidad no pueden emitir pronunciamientos”.
“Estos dos jueces nombrados tienen más validez constitucional que los conjueces, que responden simplemente a una reglamentación legal y están muy cuestionados”, comparó.
En este sentido, destacó que no se recibieron “impugnaciones sólidas “a las candidaturas de Rosatti y Rosenkrantz, relegando los cuestionamientos a razones de procedimientos por sus nombramientos.
“Tampoco hemos recibido impugnaciones sólidas a estos candidatos: muchas apuntaban al procedimiento por el que se los designó”, subrayó, a la vez que sostuvo que el gobierno no se ha planteado ampliar la composición de los miembros del máximo tribunal.
En este contexto, el ministro de Justicia rechazó enfáticamente que el gobierno nacional haya decidido legislar por decreto, al sostener que esa afirmación “es una falsedad” y, en esta línea, se preguntó: ¿Cuántos decretos de necesidad y urgencia se dictaron?”.
Para responderse seguidamente que tiene contados sólo cuatro, de los cuales «dos son nuestros, del Ministerio de Justicia. No parece ser tanto”.
“Los dos temas nuestros son muy puntuales: uno es el traspaso de las escuchas a la Corte y otro el de la postergación del Código Procesal Penal”, dijo por último.

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Stolbizer, durísima con Macri por la Corte: "Ni CFK se animó a tanto"

La candidata a presidente por la alianza Progresistas calificó de “inadmisible” la decisión del presidente de designar dos jueces para completar las vacantes de la Corte Suprema.  “Es un grave retroceso institucional”, disparó.
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, había anunciado la designación de Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti como jueces de la Corte Suprema a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
“Parecía que era el camino más rápido”, aseguró el funcionario nacional y luego remarcó que el presidente “está en todo su derecho” de utilizar esa herramienta prevista en la Constitución Nacional.  Garavano indicó que tiene “la sensación de que el presidente se sintió seguro” y consideró que “la sociedad lo juzgará por el desempeño de los dos jueces”.
“Primer y grave traspié del Presidente Macri. Nombrar por decreto jueces en comisión a la Corte es un terrible retroceso institucional”, escribió la dirigente en su cuenta personal de Twitter y luego remarcó: “Ni CFK se ánimo a tanto”.
“El inc.19 del art.99 de la Constitución se refiere a empleos. Podrían ser embajadores, miembros fuerzas armadas, directores BCRA”, completó.
La medida también provocó fuertes críticas en el Frente para la Victoria. Por caso, el jefe del bloque de Diputados, Héctor Recalde le pidió a Macri “dar marcha atrás con las designaciones”, ya que “sobrepasó los límites”.

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Escalera: "frenar el contado con liqui generará mayor movimiento del blue"

Consultado por Punto a Punto Radio, Carlos María Escalera, director de Escalera Bursátil, analizó la presión del Gobierno por el dólar, que a través de la Procelac pidió al Tribunal Superior de Justicia declare ilegal la operatoria llamada «contado con liqui», que permite hacerse de dólares comprando bonos y acciones.
«Es una forma indirecta de entrar y sacar divisas del país y esto le molesta a la autoridad monetaria. Llama la atención que llegue al ámbito de la justicia porque es una operatoria permitida por las normas vigentes», graficó Escalera.
«Lo que se ha visto este año, tanto la Bolsa como los títulos públicos, es que todo el mundo está expectante a un cambio de rumbo, y todos apuntan al 10 de diciembre. Por lo cual no sé si esta noticia generará cambios en el corto plazo dentro del mercado. Eventualmente puede suceder que genere movimientos en el dólar blue. Estas son cuestiones naturales del mercado. Si el mercado necesita dólares sí o sí, los adquiere como sea. Está mal, pero es lo que ocurre», explicó Escalera.
Según su visión, la decisión del Gobierno de intentar intervenir las operatorias de contado con liqui, es un intento más de frenar lo que el mercado naturalmente siente y genera. «Si ahora suspenden la operatoria del contado con liqui, eso traerá aparejado otra cuestión que es que a través del contado con liqui se ha podido fondear algunas operaciones de importación que el país necesitaba aunque el BCRA autorizara los egresos de dólares. Lo que va a generar no sólo un efecto financiero sino también económico».

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La Corte aumentó los sueldos del Poder Judicial un 10%

(DyN) – La Corte Suprema concedió un aumento salarial del 10 por ciento a todos los integrantes del Poder Judicial, incluidos los jueces, que será retroactivo al 1° de junio.
Mediante la Acordada 19/2015, el máximo tribunal dispuso “un incremento salarial del diez por ciento para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial”.
Para ello, “se ha solicitado a la Jefatura de Gabinete de Ministros la modificación de las partidas presupuestarias vigentes para afrontar el correspondiente incremento”.
El incremento será “remunerativo y bonificable”.
La Acordada fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y por el secretario general de Administración, Héctor Marchi.
El decano de los jueces de la Corte, Carlos Fayt, no suscribió el documento.

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