En febrero la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) que elabora el Consejo Profesional de Ciencias Económicas tuvo una suba de 1,76% en relación a enero de este año. En tanto, se informó que la variación interanual es de 41,24% y la acumulada en el primer bimestre, 9,01%. Para una familia de cuatro miembros (compuesta por un matrimonio y dos hijos menores) el valor de la CAN es de $ 8.528,25. Por otro parte, en el interior se obtuvieron los siguientes registros:
-Villa María: en febrero la Canasta bajó 0,06% en relación al mes anterior; la variación interanual fue de 26,80%.
-Jesús María: aumento del 4,26% en febrero; desde el mismo mes de 2015, 38,01% y en el primer bimestre, 11,08%.
-Marcos Juárez: alza del 0,69% en relación al mes anterior; el acumulado interanual es de 36,57% y en los primeros dos meses del año, 5,14%.
-Río Cuarto: aumento de 1,53% en relación al mes anterior. La variación interanual, 41,85% y la del primer bimestre, 7,39%.
-San Francisco: incremento de 4,52% en relación a enero; acumulado interanual de 35,84%.
Los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba alertaron sobre la falta de señales claras sobre cuáles son los ejes del modelo de desarrollo que instrumentará el actual Gobierno nacional. Por ahora, indicaron, no hay una orientación precisa de qué sectores productivos se buscan impulsar.
«No se ve claro el modelo de desarrollo –apuntó Mary Acosta, integrante de la comisión de Economía del CPCE-. Todo parece descansar en la expectativa de inversiones extranjeras que llegarán a partir de la baja de retenciones».
Acosta señaló que hay interrogantes respecto de qué capitales se instalarían para producir para un mercado que se achica. En el caso argentino, el consumo cae por efecto de la inflación mientras que Brasil –siempre un «gancho» como motor para la región- no levanta cabeza y su crisis político económica se mantiene sin resolverse.
«La quita de retenciones, como las anunciadas para el campo y la minería, induce a las inversiones extranjeras a actividades puramente extractivas –agregó Acosta-. Son producciones en donde el riesgo es lo que se llevan; con los granos se exportan suelos y más de lo mismo es la minería».
Otro aspecto remarcado por el trabajo del CPCE es cómo evolucionará el endeudamiento. «Hay que seguir de cerca el tema porque podría provocar desequilibrios, sobre todo si las colocaciones son a altas tasas, como ya ha sucedido», indicó Acosta. Un informe de la consultora Economía & Regiones proyectó en unos US$ 23 mil millones las necesidades de financiamiento nacionales para este año.
Por supuesto, a corto plazo la brasa caliente es la inflación: «Indudablemente ya está afectando el nivel de consumo y, además, impone presión a las próximas paritarias». En la evaluación del CPCE ninguna de las medidas anunciadas por el Gobierno colaborarán en la estabilización y baja de precios.
Los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) advirtieron, en un reciente informe, la fragilidad que aún mantiene la coyuntura económica. En ese sentido señalaron que aún hay riesgo de caer en un proceso de “estanflación” y que será muy difícil para los gremios recuperar el poder adquisitivo vía paritarias. Insistieron en que toda la expectativa está puesta en la posibilidad de conseguir financiamiento externo y, en especial, en con qué eficiencia serán aplicados esos recursos. Si se usa para sostener gasto corriente, habrá problemas. Es clave, por ejemplo, que vaya a obra pública porque tiene efecto dinamizador.
Mary Acosta repasó que en el frente fiscal, todas las decisiones son pro suba del gasto público. Planteó –con efecto en la última parte de diciembre- quita de retenciones; exclusión del pago de Ganancias del medio aguinaldo; bono extra para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos y jubilados. Los últimos datos revelan que el rojo fiscal el año pasado alcanzó el ocho por ciento del PBI, sería el déficit más alto desde el regreso a la democracia.
“Todo es gasto público que sube –señaló la economista-. Hay que ver cómo evoluciona el recorte de subsidios que está planteado pero sobre el que no hay precisiones”. La primera suba de la luz y el gas se anunciaría a fines de este mes. El ministro de Energía Juan José Aranguren planea una tarifa social para proteger a los sectores de menores ingresos y, a largo plazo, el proyecto es quitar los subsidios en cuatro años.
Acosta apunta que el ahorro sólo vendrá por la quita de subsidios y que, aun cuando pueda cumplirse la meta de bajar la inflación, Prat Gay planteó un crecimiento para este año de entre 0,5 y uno por ciento pero con presión inflacionaria.
“Reducir la inflación sólo parece posible con baja de consumo lo que frenaría la actividad; ese escenario abre el riesgo de estancamiento con suba de precios”, señala.
A la hora de analizar la política monetaria en marcha, Acosta indica que todo lo hecho apunta a recomponer la reserva de divisas, aunque “también conlleva endeudamiento”. En esa línea, apuntó el acuerdo con los importadores para el pago de lo adeudado, y las negociaciones en marcha con los holdouts. Para ver la evolución de las reservas, habría que esperar unos dos meses más “cuando el proceso de importaciones esté funcionando a pleno ya que presionará sobre el tipo de cambio”.
La compensación a lo descripto podría venir por la entrada a nuevas inversiones productivas que sería “lo que agilizaría la rueda de la economía”.
Y señaló que en las discusiones paritarias los gremios no conseguirán recuperar el poder adquisitivo: “Las condiciones políticas no son favorables. La caída de la capacidad de compra tendrá efecto sobre el consumo, la actividad y la recaudación”.
Para el equipo del CPCE “Todo depende de la eficiencia en la aplicación del endeudamiento externo y en cuánto mejorarán las expectativas empresarias. Si es correcto el manejo, en el segundo semestre habría una mejora en los indicadores cruciales de la economía.
En el último encuentro de análisis de Coyuntura del Año los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (Cpce) analizaron las primeras medidas del nuevo Gobierno nacional y plantearon el camino a recorrer para que esas primeras señales se transformen en “política económica”.
En esa línea se marcó que “hasta ahora los efectos de lo hecho es suba de precios, pérdida de poder adquisitivo, encarecimiento del crédito, primarización de la economía y mayor volatilidad financiera. Es difícil que haya un acuerdo entre sectores porque siempre en la crisis hay ganadores”, planteó Mary Acosta.
Para el presidente del Cpce, José Simonella, «no están los famosos cien días para esperar a actuar sobre el déficit fiscal; tienen que empezar a actuar para reducir el rojo porque no podrán financiarse siete puntos del PBI con endeudamiento externo».
El Cpce repasó la eliminación de las retenciones a todas las economías regionales y productos industriales y la rebaja de cinco puntos a las de la soja. El costo fiscal –sin incluir la industria- fue estimado en $27.600 millones aunque por la mejora del tipo de cambio se reduce a $17.900 millones. El resultado financiero del próximo año, después de esa medida, sería negativo en 103 mil millones, mientras que el primario alcanzaría los $1.400 millones.
El escenario post devaluación
Después de la devaluación, el peso argentino acumuló una devaluación respecto del dólar de 51,7% este año, incluso por delante del real que suma 49,3%. Antes de la medida, el peso argentino estaba cerca del yuan, que registró una devaluación de 4,2% este año.
Para el presidente del Cpce, José Simonella, ahora habrá que acomodar los precios relativos. Una apertura de importaciones como la que amenazó el presidente Mauricio Macri sólo impactará sobre los bienes transables. “Qué va a pasar en adelante dependerá de la evolución del tipo de cambio, si bajará o volverá a subir”, agregó.
La liquidación de exportaciones de cereales y oleaginosas promedió los $18 mil millones en los últimos cuatro años. Si el campo cumple la promesa de liquidar $6 mil millones, en 2015 rondaría los $24 mil millones. Esos $6 mil millones, más el canje de yuanes por dólar por US$ 3.086 y los préstamos del Central con garantía de parte de sus activos por unos US$ 5 mil millones (a una tasa del 7% anual; si se ejecuta es deuda) permitirían recomponer las reservas en 14.100 millones.
Con ese ingreso el tipo de cambio de convertibilidad -que era de $18- cayó alrededor del 18%. Todo el cálculo es en base a que se cumplan las expectativas del Gobierno. Para seguir la cotización del dólar Simonella aconsejó seguir el accionar del Central. En las últimas jornadas compró, lo que indica que pretende que no caiga debajo de los $13 para evitar que la liquidación de exportaciones se frene. “Hasta ahora todas las medidas son más gasto y menos ingresos –planteó Simonella-. Seguramente en un mes empezarán a afrontar el frente fiscal”. Para Acosta para evitar emitir en 2016 apelarán al endeudamiento externo.
Economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) analizaron ayer los escenarios que se abren a partir de la devaluación del real y del debate en torno a la necesidad de aplicar un programa de shock o trabajar con un esquema de gradualismo.
En esa línea, el presidente del CPCE, José Simonella, señaló que “lo que es cierto es que todos esperan una devaluación. Respecto de cuándo, depende de quién gane y sobre cuánto devaluará, está atado a la cantidad de dólares que consiga para tranquilizar el mercado”. E insistió en que Argentina tiene un problema cambiario: “Todos están devaluando; Brasil lo hace a ritmo importante. Hay que ganar competitividad. Hay que frenar la inflación. Seguramente el próximo Gobierno deberá llamar a un acuerdo entre empresarios y sindicatos”.
Asimismo, señalaron que la corrección del tipo de cambio debe ser parte de un programa de medidas que incluya instrumentos de política fiscal y monetaria. Esto implicaría políticas sectoriales que mejoren la competitividad de manera discrecional, racionalización del gasto público, potenciación de la sustitución de importaciones y sostenimiento de la demanda.
Por su parte, la economista Mary Acosta repasó el contexto general sobre el que deberá actuar la nueva gestión. En el primer semestre del año, según Indec, el PBI creció 0,5% mientras que el empleo –con una menor tasa de crecimiento de la actividad- los puestos aumentan más. Esa paradoja se da por una baja tasa de actividad (menos gente busca trabajo) de la misma manera que empuja el Estado como empleador (en el primer semestre de este año subió 4% la cantidad de agentes públicos respecto al último de 2014).
Al analizar el panorama fiscal, los economistas remarcaron que la utilización de recursos extraordinarios es clave : “Al hacer un uso tan importante de reservas y de la emisión, deja al Central sin margen de acción. Es una encrucijada porque constriñe a la política monetaria”.
Señalaron que a los problemas coyunturales hay que sumarle los estructurales como el perfil industrial argentino, altamente dependiente de las importaciones y la necesidad de destinar divisas a la compra de energía. A partir de esas consideraciones se deberá resolver si hay medidas gradualistas o de choque “con impacto en los sectores de menores recursos”.
Acosta planteó que las decisiones deben ser discrecionales, ya que hay áreas de la economía que requieren de medidas más urgentes que otras. En el caso específico del tipo de cambio, Pizarro indicó que para el exportador es importante “mejorar el tipo de cambio de bolsillo”. Por ejemplo, en la producción de granos podría haber eliminación o baja de retenciones como una medida indirecta. “Sería menos costoso ese mix”, dice.
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en representación de las 24 entidades que la integran y que nuclean alrededor de 130 mil profesionales, manifiestó su «preocupación” por el proyecto de reforma de la Ley de Concursos y Quiebras que se analiza en el Senado.
La iniciativa es de los senadores Roberto Urtubey, Pedro Guastavino, Marcelo Fuentes y Miguel Pichetto y entre sus objetivos apunta a realizar cambios en el ámbito regulatorio que incide en la actuación de los profesionales del derecho y de los auxiliares de Justicia.
El proyecto, además, – explican desde la FACPCE – incluye la posibilidad de que la sindicatura, tanto concursal como en el proceso de quiebra sea ejercida indistintamente por un contador público o por un abogado, no previendo ni tomando en consideración el hecho de que si la sindicatura queda a cargo de un abogado, «no sólo vulnera las incumbencias profesionales de los contadores públicos, sino que implica la actuación de un profesional en ámbitos y competencias que le son ajenas y que requieren de conocimientos que exceden el ámbito del derecho”.
En este marco se dirigieron notas en las que explica su posición a las comisiones de Legislación y de Justicia del Senado, a fin de manifestar la intención de que el proyecto no se apruebe en estos términos y que se permita a los profesionales en ciencias económicas , a través de sus representantes, expresar sus opiniones y sugerencias.
Economistas del Consejo de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE) desmitificaron el concepto de “desendeudamiento” que promociona el Gobierno nacional. El aspecto crucial en toda la gestión K es que se cambió el perfil: se reemplazó la externa por la intra estatal. Este traspaso implica más facilidad para el financiamiento externo. Según el CPCE, “la deuda actual argentina –incluyendo todos los conceptos- ronda los US$250 mil millones (incluyendo cupones PBI) . Si se toma el arranque del kirchnerismo, comenzó con US$221 mil millones y hoy es de US$233 mil millones (incluyendo US$ 11 mil millones de los holdouts), según datos oficiales a junio del año pasado, aunque el dato recién se publica”.
A pesar del fallo de ayer de la Cámara de Apelaciones que limita el reclamo de los me too, la deuda pública en default es de US$ 14.987 millones contabilizando capital e intereses. La discusión actual, con sentencia de Thomas Griesa, es de US$ 1330 millones. “Depende de la decisión que se tome, será sostenible o no”, afirmó Guillermo Pizarro, economista del CPCE.
Explicó que en los cálculos de Economía no se computan los reclamos al Ciadi que suman entre US$ 8 mil y US$ 11 mil millones y otros US$ 15 mil millones por cupones del PBI. Así, la deuda pública total es del 43% del PBI. La externa representa el 13% del Producto (más o menos la mitad en manos de privados). Indicó que la que entraña mayor riesgo de refinanciación –en moneda extranjera con privados- es del 8,9% del PBI.
“Hubo un cambio en el perfil de la deuda; la externa cayó a un piso del 11% del PBI y apenas subió; se requeriría el doble de las reservas actuales para cancelarla –agregó-. Pero, en cambio, creció fuerte la interna, que necesitaría hoy para cancelarse cuatro veces las reservas disponibles”. Si la comparación es con las exportaciones, la externa representa el 78%.
Este año los vencimientos suman U$S 9.700 millones y en el 2016 cae a 4.850 millones; hay otro pico en 2017 y después –hasta el 2022- se mueve entre US$ 2.647 y US$ 3 mil millones. La clave es cómo fue cambiando la composición de la deuda por acreedor, hoy el 60% está en manos del sector público, es deuda intra Estado.
El 62% de la deuda externa está en dólares y 22% en euros, lo que implica un peso importante en el global. La mayor parte está en tasa fija (83%) y 15% en tasa variable. En los próximos 15 años vence el 80% de la deuda externa colocada hasta ahora.
Tras un par de años con los resultados negativos como constante, la demanda laboral en Córdoba es otro indicador de que la economía parece estar en un incipiente proceso de recuperación.
Es que, según los datos que mensualmente releva el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE), el Índice de Demanda Laboral (IDL) se incrementó 2,9% en junio con respecto al mismo mes del año pasado y, de este modo, finalizó con un crecimiento del 4,6% en la primera mitad del año.
De todos modos, no debe dejar de mencionarse que la comparación interanual es contra el peor año de los últimos cuatro, con la recesión haciendo mella en la actividad económica, con lo cual la base comparativa tan baja puede inducir a un falso pronóstico de repunte. De hecho, el CPCE subraya que «el valor del índice del mes bajo análisis (junio 2015), se encuentra por debajo del observado durante (junio de) la crisis financiera internacional del 2009«.
Los datos son contundentes al respecto: si bien los pedidos acumulados al primer semestre están por encima del mismo lapso de 2014, mirando más hacia atrás sólo superan al 2003. El récord corresponde a 2011 con 14.162 pedidos. Es decir, en cuatro años la cantidad de pedidos se redujo a casi la mitad.
En tanto, también hubo datos desfavorables actuales, ya que el registro de junio con estacionalidad cayó 15,8% en relación a mayo, mientras que en términos desestacionalizados la retracción fue del 13,8%.
Según el Instituto de Economía del CPCE, el resultado positivo interanual de junio se explica por el crecimiento de pedidos de personal calificado (4,32%) y por la caída de pedidos de empleo no calificado (1,03%).
En términos mensuales, el empleo calificado disminuyó un 21,3%, en tanto el empleo no calificado registró una variación positiva del 6,65%. En el primer grupo, la demanda de profesionales aumentó un 3,22%, mientras que los pedidos de no profesionales decrecieron un 34,18%. En lo que respecta a la demanda de profesionales en ciencias económicas se registró una variación positiva de 35,42%.
En el análisis por sectores, servicios presentó una disminución de 13,67% en comparación con el mes anterior; a su vez, en industria la demanda cayó un 5,68% y en comercio 19,22%. Considerando la variación interanual, el rubro servicios presentó una variación positiva de 0,05%, igual comportamiento reflejó industria (36,32%); mientras que comercio decreció un 7,35% respecto de igual mes de 2014.
El Instituto de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) sorprendió en las últimas horas al difundir su relevamiento mensual de precios que calcula el costo de la denominada Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) y que arrojó una caída del valor de la misma del 0,54% en la capital provincial.
Según el estudio del CPCE, una familia tipo de la ciudad de Córdoba (un matrimonio y dos hijos menores) necesitó $ 6.472,74 el último mes para poder alimentarse correctamente y no ser considerada indigente, mientras que la Canasta Total (CT) que sería el límite para no ser pobre se ubicó en casi $ 14.000.
Estos valores, además de bajar levemente respecto a mayo, acumulan un alza del 9% en el primer semestre y 23,5% midiendo año contra año.
El resultado para el resto de las ciudades de la provincia evaluadas por el CPCE es el siguiente:
– Para una familia de cuatro miembros la CAN se valorizó en $6.284,36 en Marcos Juárez, $6.245,46 en Villa María, $6.211,77 en San Francisco, $6.191,47 en Río Cuarto y $6.117,50 en Jesús María.
– La CT para el adulto equivalente, alcanzó un valor de $4.503,69 en Capital, $4.372,61 en Marcos Juárez, $4.345,55 en Villa María, $4.322,10 en San Francisco, $4.307,98 en Río Cuarto, $4.256,51 en Jesús María. Mientras que para una familia tipo (con dos hijos menores) los valores fueron $13.916,39; $13.511,38; $13.427,75; $13.355,30; $13.311,67 y $13.152,62 respectivamente.
– Estos valores representan una suba mensual de 3,58% en Marcos Juárez y 0,18% en San Francisco; y una caída de 2,32% en Villa María, 1,42% en Jesús María y 0,09% en Río Cuarto.
– La variación acumulada, para el periodo enero-Junio de 2015 fue positiva en todas las ciudades relevadas, siendo un 9,56% en Jesús María, 9,55% en Villa María, 9,54% en Marcos Juárez, 8,11% en Río Cuarto y 5,83% en San Francisco.
– En lo que va del presente año, la variación interanual de la CAN fue positiva para todas las ciudades relevadas, siendo un 29,14% en Río Cuarto, 23,77% en Marcos Juárez, 20,07% en Villa María, 19,82% en San Francisco y 19,30% en Jesús María.
El Instituto de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) realizó ayer su encuentro mensual de coyuntura en el que, como aspecto saliente, definieron cuáles son los aspectos claves que el nuevo administrador nacional deberá enfrentar.
De esa manera, el CPCE estableció una suerte de top five de las problemáticas que la próxima gestión no podrá esquivar de resolver:
1) Recuperar el superávit comercial
2) Resolver el déficit fiscal
3) Ganar competitividad
4) Mejorar la productividad
5) Solucionar el conflicto con los holdouts
Y en esa línea, la economista jefe del CPCE, Mary Acosta, planteó cuáles podrían ser algunas líneas de acción para enfrentar estos temas, entre las que incluyó un abordaje integral del sistema tributario, que debería reformarse; la corrección de los subsidios para reducir su peso sobre el gasto y ganar equidad; y la administración de las importaciones para evitar seguir impactando en el nivel de producción. «Todos los temas están vinculados, para recuperar suprávit comercial hay que ganar competitividad, para producir más hay que eliminar restricciones a las importaciones; es toda la recreación de un círculo virtuoso», resumió.
Acosta llegó a esta conclusión analizando los datos clave de los últimos tiempos, cuando la actividad dejó de caer pero se mantiene en un nivel de recuperación mínima ya que, por ejemplo, las ramas industriales que lograron subir su performance no alcanza a compensar la caída del sector automotor y sus áreas conexas, lo que también transparenta el alto nivel dependencia de ese segmento y la poca diversificación de la producción.
Otro aspecto es la caída del superávit de la balanza comercial, no sólo por la baja de precios internacionales sino por dos factores claves y condicionantes que tiene la Argentina. Por un lado, la importación de combustibles que redujo a la mitad su déficit internanual por la caída de los valores del petróleo y por el déficit de la balanza comercial industrial donde, a pesar del adormecimiento de la actividad y de la administración de las importaciones, sigue siendo negativa. La industria argentina es altamente dependiente de los insumos importados.
Acosta también analizó que, de acuerdo al Indice de Demanda Laboral que elabora el Consejo y que lleva dos meses de suba, podría anticiparse una reacción de la actividad. De todos modos, advirtió que las alzas son en relación a una base muy pobre. El presidente del Consejo, José Simonella, destacó que una economía más grande (por el crecimiento acumulado del PBI) demanda menos empleo.
El frente fiscal se presenta asimismo complicado, con un rojo en crecimiento y con el Central habiendo ya sobrepasado el límite de adelantos transitorios al Tesoro que le permite la Carta Orgánica, un contexto en el que se aceleró la colocación de bonos. Para el 2016 los compromisos de deuda están alivianados respecto a este año.
Sobre el tipo cambio, Acosta planteó que las devaluaciones se mantienen suaves para evitar el traslado a precios. Respecto de la reacción del dólar paralelo en los últimos días, Simonella la adjudicó más a las expectativas generadas por la designación de Carlos Zannini como integrante de la fórmula con Daniel Scioli que al «efecto aguinaldo o exceso de pesos». «Hay expectativas de devaluación, pero ahora se piensa que el tipo de cambio oficial podría mantener un tiempo más que antes de la nueva fórmula», indicó.
En cuanto a la inflación, Acosta sostuvo que presenta una desaceleración interanual; hoy para el CPCE es del 24% anual. Aunque podría haber una corrección hacia arriba en la segunda parte del año en función del impacto de las nuevas paritarias y los planes para impulsar el consumo.