Dos cables publicados en las últimas horas por la agencia de noticias internacional AP dan cuenta de una serie de dificultades que está atravesando Grecia y que se asemejan en gran medida a lo sucedido en la Argentina durante 2001 y que desembocó en una de las mayores crisis económicas de la historia nacional.
El eje de la cuestión es la discusión del rescate de Europa y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al país helénico, que tiene una deuda abultada y prácticamente impagable, como la que tenía Argentina hace 15 años, época en la que también negociaba con el FMI una extensión de los fondos que necesitaba para renegociar sus acreencias.
De acuerdo a AP, el optimismo con respecto a la posibilidad de un acuerdo que impida la caída de Grecia en la bancarrota brilla por su ausencia, según surgió de una reunión estrechamente observada de los ministros de Economía de la eurozona.
El riesgo es un posible default de Grecia el 30 de junio, en medio de otro aspecto que es un ‘deja vu’ de lo sucedido en Argentina: el retiro masivo de los fondos de los bancos.
En las últimas horas, Grecia amenazó con salir del euro si no se le aprueba un rescate y la cancillera alemana, Ángela Merkel, respondió que hay que seguir trabajando y que el gobierno griego debe ajustar más sus cuentas, algo a lo que el gobierno de izquierda radical se resiste.
En un discurso ante el Parlamento alemán, Merkel dijo que en febrero Atenas «se comprometió a reformas estructurales amplias. Estas deben afrontarse ahora con determinación». Además, destacó que «los esfuerzos de Alemania se dirigen a que Grecia permanezca en la eurozona» y reiteró que «donde hay una voluntad, hay un camino: si los líderes políticos en Grecia muestran esta voluntad, un acuerdo con las tres instituciones sigue siendo posible».
Lo que está en juego es un préstamo de 7.200 millones de euros (US$ 8.200 millones), fundamental para que Grecia pueda pagar deudas, ante todo los 1.600 millones de euros que debe entregar al FMI a fin de mes.
Los acreedores de Atenas insisten en que Grecia haga más recortes de presupuesto a cambio del dinero, pero el país se resiste y además quiere un plan a más largo plazo para aligerar su gran deuda, que pese a años de recortes de gastos y subidas de impuestos equivale a un abrumador 180% de su producto interno bruto anual.
En este contexto, los griegos tienen cada vez más incentivos para retirar su dinero de los bancos y, por eso, crecen las especulaciones de que, con o sin acuerdo, Grecia podría hacer algo normalmente reservado a las dificultades financieras más extremas: limitar las transferencias y retiradas de dinero para evitar una fuga. Es decir, una remake del ‘corralito’ ideado por Domingo Cavallo y que fue el empujón final para la presidencia de Fernando De la Rúa.
En teoría, el gobierno podría limitar la cantidad de efectivo que puede retirar un individuo, restringir las transferencias electrónicas de dinero fuera de Grecia y la cantidad de dinero que puede llevar alguien al cruzar la frontera, según señala AP. El problema es que esos límites podrían mantener los bancos estables, pero dañar la economía. Y si la historia es una guía, pueden prolongarse mucho tiempo: Islandia debate ahora cómo relajar las medidas de emergencia, siete años después de adoptarlas.
(DyN) – Se cumple un año hoy del rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a aceptar la revisión de las sentencias en contra de la Argentina, en el juicio contra los holdouts y de la caída en default técnico de la deuda pública.
Tras esa decisión, el 20 de junio del año pasado, el juez Thomas Griesa ordenó que el país no pueda pagar los bonos reestructurados con las operaciones de 2005 y 2010 hasta que se cumpla con su sentencia.
El 30 de junio de 2014, la Argentina depositó 539 millones de dólares de un vencimiento en las cuentas del banco fiduciario New York Mellon en Buenos Aires y Griesa le impidió a la entidad su transferencia.
El juez designó un «special master» judicial, Dan Pollack, para que oficie de mediador entre la Argentina y los acreedores.
A un año de esa resolución, el status jurídico no ha cambiado y el país se encuentra sin posibilidades de buscar financiamiento en el exterior.
En septiembre la Argentina dictó la Ley de Pago Soberano por la cual se pretendía cancelar sus obligaciones en el país y Griesa respondió declarando al país en «desacato».
Tras unas negociaciones frustradas con los holdouts, que incluyó la participación de bancos privados locales y extranjeros, la Argentina desconoció a Pollack y comenzó a pedir su remoción.
Los últimos meses de 2014 transcurrieron con la perspectiva de que el 1º de enero, tras expirar la cláusula RUFO -que impedía al país ofrecer mejores condiciones de canje a las ofrecidas en 2005 y 2010- se reanudaran conversaciones, diálogo que finalmente no ocurrió.
En el primer trimestre de 2015, Griesa convocó a los denominados «me too» a que presenten sus acreencias y se hicieron nuevos reclamos por 5 mil millones de dólares».
Dos semanas atrás, Griesa aceptó estos requerimientos y por ende la deuda a renegociar se elevó a unos 7 mil millones de dólares.
La Argentina denunció que Griesa «extorsiona» al país y pretende una negociación con todos los holdouts cuyos reclamos podrían llegar hasta 20 mil millones de dólares.
(AP) – Grecia dice que espera lograr un acuerdo con sus acreedores el domingo, para recibir el tramo final de su plan de rescate internacional que necesita con desesperación para evitar el default.
Pero esa expresión de optimismo en la víspera, que causó un alza en el mercado, resultó efímera cuando Alemania y otros acreedores importantes dijeron que el acuerdo final aún estaba lejos. A falta de éste, Grecia enfrenta el impago de sus deudas y la posible salida del euro.
«El optimismo que expresa el gobierno griego no es cháchara hueca», dijo el vocero Gabriel Sakellaridis a la prensa el jueves. «Entramos a estas negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo con nuestros socios para el domingo».
En la víspera, el premier Alexis Tsipras dijo que el acuerdo estaba cercano y funcionarios griegos dijeron que ya se redactaba el texto de un acuerdo. El ministro de Economía, Giorgos Stathakis, dijo por la noche que esperaba un acuerdo para el fin de semana.
«Creemos que las condiciones son propicias para llegar a un acuerdo», dijo Sakellaridis. «El gobierno griego ha hecho propuestas específicas y realistas».
El gobierno, elegido en enero, ha estado negociando las reformas que debe realizar para obtener el tramo final del rescate de 7.200 millones de euros (8.000 millones de dólares) de sus socios de la eurozona y el FMI.
Atenas necesita los fondos para pagar un tramo de su deuda con el FMI de más de 300 millones de dólares antes del 5 de junio. Es uno de los cuatro pagos que debe realizar al FMI en junio, todos pagos de los préstamos de rescate por 240.000 millones de euros que comenzaron hace cinco años.
Los acreedores insisten que el gobierno debe tomar medidas de reforma económica y no recaer en los malos hábitos del pasado, cuando solicitaba préstamos de manera irresponsable y mantenía un sector público enorme e ineficiente.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, cuestionó duramente a las calificadoras de riesgo la última semana y, después del último reporte emitido por Moody’s, seguro sus cuestionamientos ahora serán mayores.
Es que, en el mismo, esta calificadora alertó sobre que el “riesgo de default” en el que había puesto a los bonos argentinos con deuda extranjera, ahora rige también para los títulos emitidos bajo normativa local.
Concretamente, Moody’s amplió la porción de la deuda argentina que está rankeada como Caa2, según un informe que publica Infobae.
En la práctica, esta calificación mantiene a las obligaciones del país en una posición en la que el riesgo de impacto es «muy alto». Si bien la calificadora especificó que no hay cambio en la calificación, ahora hay más bonos soberanos de la Argentina que tienen un riesgo mayor.
Moody´s explicó que esta ampliación de riesgo de default se produce luego de que el juez neoyorquino Thomas Griesa prohibió el pago de bonos bajo ley argentina. El giro del magistrado se produjo cuando negó la autorización al Citibank. «Originalmente, los fallos de los tribunales aplicaban sólo a las obligaciones de la legislación extranjera reestructurados de Argentina, pero el 12 de marzo dictaminó además que ciertas obligaciones de la legislación local estaban sujetos al mismo congelamiento de pago», explicó en un informe.
Hace un poco más de dos meses, el magistrado rechazó un pedido de la entidad para procesar el pago de intereses de bonos argentinos en dólares emitidos bajo la ley local, porque consideró que hacerlo violaría una provisión de igualdad (pari passu) de trato frente a otros acreedores. Esa decisión en la corte de Nueva York tuvo fuertes repercusiones en la arena local.
Luego de que Griesa autorizara el pago «por única vez» por un acuerdo del banco con el fondo NML, la entidad aseguró que saldrá del negocio de custodia de bonos en el país, por lo que no actuará más como un agente pagador de los bonos de la deuda. Esta decisión derivó en la suspensión del Citibank para operar en el mercado de capitales.
Pero no fue la única decisión que afectó al banco. Días más tarde, el Banco Central (BCRA) inhabilitó a Gabriel Ribisich para desempeñarse como representante legal y máximo responsable de la entidad en el país. «La decisión se fundamenta en la circunstancia de que Gabriel Ribisich desconoció el marco legal vigente en la Argentina en lo referente a las normas de orden público sobre reestructuración de deuda soberana y de ejecución de convenios celebrados en el extranjero en contravención a las leyes locales», indicó el organismo en un comunicado.
“Default: ¿se arregla en 2015” es el título de la editorial que encabeza el último Informe de Coyuntura elaborado por el Instituto Argentino de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) y que analiza cómo marchó hasta ahora y cómo puede seguir el conflicto con los holdouts tras la decisión del Gobierno de incumplir el fallo del juez Thomas Griesa.
Se trata de un documento elaborado por el economista Gustavo Reyes en el que detalla los pormenores del conflicto con los bonistas defaulteados utilizando la “teoría de los juegos”. La principal conclusión: ambas partes están casi “obligadas” a llegar a un acuerdo porque el contexto las perjudica.
Reyes destaca que, de julio hasta ahora, tanto los buitres como la Casa Rosada eligieron las peores opciones posibles: un escenario donde ambos “perdieron”, porque el Gobierno fue declarado en default y los holdouts no cobraron las acreencias, perjudicando también a otros bonistas.
En este marco, pese a que desde el Estado defiendan cada día la decisión tomada, Reyes enumera una serie de datos que dejan en claro que tomar esta postura “no resultó gratis ya que en los tres meses siguientes al default ocurrió lo siguiente”:
– El tipo de cambio “blue” pasó en solamente un mes y medio de $ 12,70 por dólar (31/7/14) a $ 15,95 (24/9) para luego descender a $ 14,28 (31/10/14).
– Las reservas del Banco Central cayeron en US$ 1.400 millones (un 5%) entre el 31 de julio y el 24 de octubre.
– Los plazos fijos, que venían creciendo a un ritmo levemente superior que la inflación (3% mensual entre enero y junio 2014) pasaron a expandirse solamente al 0,8% mensual (muy por debajo de la inflación).
– La actividad económica pasó de una recesión moderada a una fuertísima contracción a partir del III trimestre de 2014.
“El fuerte deterioro experimentado por la economía luego del default (a partir del III trimestre del 2014), hace que los riesgos de permanecer en default resulten más visibles. Estos riesgos son potenciados por el tamaño de los servicios de la deuda pública en moneda extranjera durante el 2015 en relación al nivel actual de las reservas internacionales del Banco Central (casi un 50%) y por el deterioro del contexto internacional durante los últimos meses (el fortalecimiento del dólar en el mundo, la caída en los precios internacionales de la soja, el miedo a que Europa entre nuevamente en recesión, las enormes dudas sobre la recuperación de la economía de Japón, el estancamiento de la economía de Brasil, etc.)”, destaca Reyes.
El riesgo para los holdouts, en tanto, es que “de no acordar tempranamente en 2015, deberán esperar al menos un año más para cobrar sus acreencias en el medio de un contexto financiero internacional probablemente más complicado y con menor liquidez”.
Por eso, el economista considera que “tanto para Argentina como para los fondos buitre puede resultar muy costoso no arreglar este problema durante el 2015” y destaca el hecho de que los mercados ya estén confiando en tal arreglo: “el índice Merval que había caído un 19% en términos del dólar contado con liquidación entre el 10 de Julio y el 16 de octubre, en las últimas 2 semanas de octubre recuperó casi todo lo perdido”.
¿Qué podría trabar un acercamiento? Que el Gobierno siga creyendo que puede capitalizar políticamente su enfrentamiento con los buitres. “En la realidad siempre pueden influir también otro tipo de factores no considerados en el presente análisis (factores políticos, visualización distinta de los costos del default por parte de las autoridades económicas, etc.)”, concluye Reyes.
(DyN) – La agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch redujo al rango de «default», la nota de los Bonos PAR 2038 por el incumplimiento en el pago de los intereses que operó en la víspera.
La calificadora destacó en una comunicación a los mercados que «la Argentina no ha sido capaz de cumplir con el pago de los bonos PAR emitidos bajo Ley extrajera, después que transcurriera el período de gracia de 30 días que expiró el 30 de octubre».
Fitch puntualizó que «el incumplimiento constituye un evento de default» y que por esa circunstancia, «ha bajado la nota de esos bonos a D. El único bajo Ley extranjera que queda vigente es el Global 17, cuyo vencimiento para el pago de los servicios vence el 2 de diciembre».
(DyN) – La Argentina podría sumar hoy el segundo incumplimiento en el pago de su deuda reestructurada, si no paga los intereses por U$S 154 millones de dólares correspondientes a Bonos Par bajo ley de Nueva York, cuyo vencimiento operó el 30 de septiembre pasado.
Ante la imposibilidad de realizar la operación a través del agente fiduciario original -Bank Of New York Mellon-, el país depositó el dinero correspondiente al vencimiento del 30 de septiembre en una cuenta especial en Nación Fideicomiso.
Al cumplirse los 30 días desde el vencimiento original del título y el dinero no haber llegado a los acreedores -que no mostraron voluntad de cobrar ni en Buenos Aires ni en París- los Bonos Par involucrados son considerados en default técnico.
El monto original era de 170 millones de dólares, pero 16 millones correspondían a títulos con legislación argentina que fueron pagados en el país.
Por otra parte, el fondo de inversiones Owl Creek está buscando reunir inversores para forzar una aceleración del pago de la deuda restructurada, ante el incumplimiento del gobierno argentino, según informaron agencias internacionales.
El fondo está tratando de conseguir inversores que tengan bonos 2038 y debe conseguir al menos el 25 por ciento de los 5.400 millones de dólares en títulos, para conseguir la aceleración del pago de esos papeles.
El pedido de la aceleración, según indicaron voceros del fondo, tendría lugar en enero, paralelamente con las negociaciones que entablaría la Argentina con los holdouts, por el pago de una sentencia que el país perdió en los tribunales de Nueva York.
El primer incumplimiento del país se produjo el 30 de julio por 539 millones de dólares en títulos Discount cuando se cumplió el plazo legal, previsto en los papeles desde la fecha original de pago que era el 30 de junio.
La Argentina depositó ese dinero en las cuentas en Buenos Aires del Bank Of New York Mellon pero el juez Thomas Griesa ordenó que no sean giradas a Nueva York.
Griesa tomó esta decisión luego de que la Argentina no cumpliera con su sentencia de pagarle a holdouts 1.330 millones de dólares por incumplir la clásula «pari passu».
A partir de ese momento se intentó una negociación que no tuvo resultados, dado que el país se niega a cerrar cualquier acuerdo antes del 31 de diciembre de 2014, período en el que está en vigencia la denominada cláusula RUFO.
Mediante la Ley de Pago Soberano, el país creó una cuenta especial e invitó a sus acreedores a voluntariamente cambiar de domicilio de pago y de agente de pago, oferta a la que los acreedores reaccionaron con indiferencia.
Para el Gobierno nacional, al haber formalizado ambos depósitos, la Argentina no está en default por considerar que realizó los pagos y que el dinero no llega a los acreedores por las trabas impuestas por Griesa.
Los agentes financieros aguardan que a partir del 2 de enero de 2015 la Argentina y los holdouts retomen negociaciones para normalizar los flujos de deuda reestructurada.
(DyN) – La calificadora de riesgo crediticio Standard & Poor’s rebajó a «default» la nota institucional y de cuatro series de Obligaciones Negociables (ON) de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), luego de que la empresa no abonó al vencimiento.
«La acción de calificación refleja el no pago de las obligaciones Clase VIII y IX, cuyo vencimiento opero el 26 de septiembre de 2014 y cuyo periodo de gracia de cinco días hábiles contemplados en nuestros criterios de calificación, finalizo el 3 de octubre de 2014», resumió S&P en un comunicado.
La agencia internacional agregó que «la baja en la calificación institucional y en aquella de las restantes obligaciones negociables refleja nuestra opinión de que la compañía no cumplirá con el pago de las mismas durante el correspondiente periodo de gracia».
El último 15 de setiembre, IMPSA informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que iba a postergar el pago de las cuotas de capital e intereses de todas su deuda corporativa en circulación y de sus restantes obligaciones con acreedores financieros.
IMPSA había explicado que postergaba los pagos debido a su situación financiera y como consecuencia de los atrasos sufridos en las cobranzas a algunos clientes en contratos significativos, sin perjuicio de continuar con las gestiones para revertir esta situación.
Días después, la ministra de Industria, Débora Giorgi, admitió que el Gobierno analizaba una posible participación del Estado Nacional en el paquete accionario del Grupo Pescarmona, a modo de salvataje ante la delicada situación financiera por la que atraviesa la empresa.
S&P completó que afirmó la calificación de la ON Clase I de IMPSA en ‘raCC’ y las colocó «Revisión Especial con Implicancias Negativas», dado que su vencimiento opera el 22 de octubre de 2014 y «el riesgo de incumplimiento es muy elevado».
«Las calificaciones de IMPSA reflejan la volatilidad inherente del flujo de fondos de la unidad de construcción, el considerable apalancamiento financiero de IMPSA y la liquidez débil, producto de la concentración de deuda en el corto plazo», explicó el comunicado.
La calificación «D» asignada a IMPSA por S&P refleja una situación de default o de violación de una promesa imputada.
(Télam) – El juez de Nueva York, Thomas Griesa, emitió una orden ayer en la que autorizó al JP Morgan a realizar el pago de intereses de títulos denominados en dólares y bajo ley argentina, con vencimiento el 30 de septiembre, se supo hoy.
El magistrado, sostuvo en el documento que el JP Morgan “está permitido de efectuar el pago de intereses del 30 de septiembre respecto a los bonos denominados en dólares” mediante la transferencia de los fondos recibidos, y aclaró que dicha habilitación “aplica sólo” a dicho pago.
El JP Morgan, sigue así los pasos del Citibank quien el viernes pasado y tras solicitar una audiencia para resolver el tema, recibió la autorización del juez neoyorquino para pagar bonos argentinos denominados en dólares y bajo ley nacional, que contaban con la misma fecha de vencimiento.
Griesa, decidió entonces otorgar a la entidad bancaria un “stay” (o medida cautelar) permitiéndole cancelar intereses – por única vez – por la suma de 5 millones de dólares.
La asunción de Alejandro Vanoli como presidente del Banco Central significará un cambio total en relación al hasta hace algunas horas titular de la entidad, Juan Carlos Fábrega.
Es que lejos del bajísimo perfil que cultiva este último, Vanoli es un funcionario afín a dar declaraciones públicas y que comparte el criterio agresivo en la gestión y en la dialéctica de gran parte del kirchnerismo.
Por caso, las últimas declaraciones públicas de Vanoli como titular de la CNV fueron ayer cuando aseguró que la orden del juez neoyorquino Thomas Griesa de declarar en “desacato” a la Argentina “viola las leyes internacionales” aunque ello “no sorprende”, porque, según consideró, el magistrado “juega para los fondos buitre”.
“La orden de Griesa” de pagar a los fondos especulativos a la par que a los bonistas reestructurados “es imposible de cumplir. Si yo le dijera a alguien andá y matá a un vecino, uno no está obligado, por más que lo diga un juez o el presidente”, comparó el funcionario.
“Todo el mercado, los operadores y la gente, no esperaban de Griesa otra cosa, lo venía anunciando, es como un árbitro que juega del lado de los fondos buitre, cada jugada que hace, toda medida que dispone, no sorprende que sea favor de los fondos buitre, aunque sea irrazonable”, abundó.
Según Vanoli, la Argentina “no” está “en default. Está pagando hasta que la Justicia norteamericana revea una decisión que es absurda”.