El Colegio de Corredores Inmobiliarios presentó una nueva edición de su observatorio sectorial. En esta ocasión, los datos fueron aportados por el Cedin.
En el mismo se demuestra que el sector se encuentra en un «punto de equilibrio».
Siendo más específicos, en Nueva Córdoba se mantiene una actividad regular (con una calificación de «5» en una escala de 1 a 10) en cuanto al alquiler, venta y compra de inmuebles. En Córdoba capital lo percibe la misma perfomance, y en donde varía este indicador es en el interior de nuestra provincia.
Un ejemplo de esto es Villa General Belgrano donde hay un aumento en la actividad inmobiliaria de este sector.
En el ranking de lo más vendido se encuentra en primer lugar la venta de «Lotes», y con respecto a los alquileres, el ítem «Casas» lidera el mismo.
Se esperan mejoras a partir de la nueva administración del próximo gobierno. Un 67% de los encuestados por el Colegio coincide que en el 2016 puede haber un aumento de la actividad inmobiliaria.
«Esperamos que estas expectativas se conviertan en realidades y que tengamos índices más que positivos en el segundo semestre del 2016», comentó Matias Merguerian, presidente de Cedin.
La producción de los smartphones Galaxy S6 Edge ha quedado dispareja ante la demanda del mercado.
Samsung tuvo «problemas de oferta ante una demanda mayor a la esperada para el Galaxy S6 Edge», dijo la compañía en un comunicado difundido junto a sus resultados financieros del segundo trimestre.
La compañía también registró un menor número de envíos de sus teléfonos de modelos más antiguos, de gama media y baja.
Sin embargo, el gigante surcoreano vio un alza en sus ingresos móviles, que impulsó las ventas totales de la compañía a 49 billones de wones coreanos (42.000 millones de dólares), un 3% más respecto al trimestre anterior. La utilidad operativa total ascendió a 6,9 billones de wones coreanos (5.900 millones de dólares), ligeramente mejor que las expectativas.
Los inversores no se sintieron impresionados, por lo que las acciones cayeron cerca de 2,5% este jueves en las primeras horas de la Bolsa de Seúl, según informa CNN en español.
Samsung ha sufrido en el mercado móvil frente a rivales globales ya establecidos como Apple y jóvenes, como la china Xiaomi. Está muy alejada de la situación que tenía hace unos años, cuando la compañía todavía podía confiar en su división móvil para obtener sustanciales ganancias, especialmente en China.
En respuesta, Samsung ha reducido sus diversas ofertas de teléfonos inteligentes, y ha dicho que planea bajar los precios en un futuro para sus teléfonos Galaxy S6 y Galaxy S6 Edge. También espera que mejoren las ventas de sus teléfonos de menor costo, pero en ese frente tampoco le ha ido muy bien.
De cara al futuro, Samsung ha puesto su mirada en la India, donde el mercado de los smartphones está creciendo de forma sostenida. Además está atenta a otras partes de su negocio, como los semiconductores, las pantallas, los televisores inteligentes y los equipos de salud, para ayudar a compensar las ventas perdidas en el sector de los teléfonos.
Pero el camino que tiene por delante no es fácil. La tasa de crecimiento del mercado de los smartphones se está desacelerando, y Samsung prevé que su negocio de tablets caiga en números rojos.
Samsung domina alrededor del 29% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, detrás de Apple, que tiene una tajada más grande del pastel.
(DyN).- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a la Argentina a pagar 405 millones de dólares de indemnización a la empresa francesa Suez, por la cancelación en 2006 del contrato para provisión de agua potable y cloacas en Buenos Aires.
«SUEZ Environnement se congratula de la decisión del CIADI que condena a la República Argentina a pagar 405 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños sufridos en relación con la terminación del contrato de concesión de agua y saneamiento de Aguas Argentinas en Buenos Aires», sostuvo la compañía en un comunicado.
CIADI es un organismo del Banco Mundial en la que se dirimen litigios contractuales entre empresas y países soberanos.
Suez se había hecho cargo del servicio de la compañía en 1993 en medio de la ola privatizadora de empresas públicas que implementó el ex presidente Carlos Menem.
En el medio, también fue la concesionaria de Aguas Cordobesas, hasta que en 2006 le vendió la mayoría accionaria al Grupo Roggio.
«Esta decisión es un paso importante en el proceso de solución de la controversia», consideró la empresa que añadió que «la nueva etapa ahora, será lograr la aplicación de la decisión del CIADI».
En marzo de 2006 el entonces presidente, Néstor Kirchner, ordenó la estatización de la empresa Aguas Argentinas y creo la actual AySa para suministrar el servicio de agua potable y cloacas en Buenos Aires y más de 15 partidos del conurbano bonaerense.
En ese momento se acusó a la empresa de no haber cumplido con el plan de obras, mientras la compañía reclamaba por una actualización de las tarifas tras la ruptura de la convertibilidad y de los contratos atados al dólar que se produjo en 2002.
La empresa presentó ante el CIADI una demanda por más de 1300 millones de dólares, pero finalmente el fallo a favor fue de 405 millones.
En octubre de 2013 la Argentina pudo cerrar el litigio con otras cinco empresas que por motivos similares habían presentado demandas ante ese tribunal.
Esas compañías fueron Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, Vivendi y National Grid, quienes recibieron bonos como forma de pago de sus acreencias.
En consecuencia, no se descarta que en lo sucesivo la Argentina busque un acuerdo similar con la empresa francesa Suez.
La modificación del impuesto interno a los autos, que duplicó el valor de algunos modelos de alta gama, sumado a la falta de dólares de las automotrices para importar autos terminados llevó a que las marcas revean sus estrategias de venta de los vehículos que, caída la demanda, se venden por goteo.
Ya en 2014 hubo autos que dejaron de comercializarse a causa de esta situación: Renault Latitude, Chevrolet TrailBlazer o Fiat 500 Abarth son algunos de los ejemplos de los que desaparecieron de los catálogos.
Pero también hay otros que fueron extinguiéndose de las vidrieras de los concesionarios, aunque aún están a la venta. Sólo que, quien lo quiera, tendrá que tener en cuenta de que son “a pedido”. Es decir, al no haber stock en los concesionarios, las marcas los importan exclusivamente para sus interesados. Claro está, los tiempos de entrega son los que demore el barco en llegar a la Argentina, nunca menos de un mes hasta que el cliente tiene la llave en su poder.
Entre los modelos que llegan sólo por encargo se encuentran el Chevrolet Camaro, el auto más costoso de la gama de GM en el país, y vehículos como el Citroën Grand Picasso en sus versiones tope de gama, el DS4 o los Volkswagen CC, Passat y Tiguan.
Sin embargo, otros vehículos ingresarán bajo esa modalidad cuando se agote el stock que aún conservan en los concesionarios. A partir de ese momento, quienes quieran un Volkswagen Scirocco o Touareg, un Citroën C4 Aircross o versiones medias del C4 Grand Picasso deberán esperar que llegue la embarcación con su pedido a la carta.
Otras marcas, en especial premium, se jactan de tener en stock toda la gama a disposición de los potenciales compradores, pese al brusco descenso de las ventas en ese segmento. Dicen, sin embargo, que de quedarse sin sotck o si el cliente pidiera una configuración especial que no esté disponible en el país, harían el pedido a la terminal correspondiente de origen del modelo, con los subsiguientes tiempos de entrega. Son los casos de BMW, Mercedes-Benz, Audi o Jeep.
Hay casos que difieren de los mencionados. Por ejemplo, Toyota, con varios autos alcanzados por el impuesto interno, tiene stock y un plan de reabastecimiento de todos los modelos, y sólo maneja la opción “a pedido” si el cliente tiene alguna pretensión de color o de equipamiento específico que no pudieran cumplir con los vehículos que habitan en la red de ventas, según informa Ambitofinanciero.
En una dirección similar, Peugeot también reconoce tener autos disponibles para todo el portfolio, inclusive para sus modelos menos masivos, como la coupé RCZ, el SUV 4008 o las variantes top del 508.
A diferencia de Toyota, la marca francesa no trabaja con la modalidad a pedido en ningún caso, sino que se maneja en torno a un plan de reposición del stock, acorde a los volúmenes de demanda previstos para cada año.
Además, hay una serie de marcas que, sostienen, tiene disponibilidad en los concesionarios para cualquier modelo de su oferta de productos. Entre ellas: Renault, Honda, Ford o Fiat.
En la última década, los juicios de CEOs y altos ejecutivos a las empresas dejaron de ser una rara avis en el mundo laboral para convertirse en una tendencia en crecimiento. Amparados en la Ley Nacional de Empleo 24.013 de 1991, que establece un sistema de multas para el trabajo no registrado, muchos ejecutivos le perdieron el prurito a demandar a una compañía. Los montos indemnizatorios que podían obtener –más del doble de lo previsto, en la hipótesis más pesimista– a partir de beneficios no debidamente registrados en el salario como el auto, la telefonía celular, los bonos o las stock options fueron un incentivo suficiente para visitar a un abogado y presentar una demanda.
Según identifican los laboralistas, los años 2005 y 2006 marcaron el primer pico de los reclamos. Luego, la crisis internacional de 2008/9 –con su impacto sobre el sector financiero, especialmente, los bancos de inversión– desató otro brote. Hoy, los litigios se mantienen en niveles altos, sin la efervescencia de aquellos momentos pero con montos en juego que superan, en la mayoría de los casos, los $ 10 millones –y extremos de hasta US$ 25 millones.
Juan Manuel Arias, socio de Rodríguez Mancini & Arias, es uno de los referentes del mercado representando a la parte actora, coinciden en la City. Su estudio laboralista lleva, hoy, unos 800 pleitos de CEOs, y concentró una significativa porción de los casos en los últimos años. “Me di cuenta de que era mucho más rentable defender a los ejecutivos que a las empresas, y me fui especializando en el tema”, confiesa el abogado, que mantiene los nombres de sus representados bajo siete llaves. El estudio asesora también a firmas pero en otro tipo de asuntos, bajo el ala de Jorge Rodríguez Mancini. En 2014 –recesión de por medio–, vio crecer un 50 por ciento las demandas.
El caso Vizzoti (Vizzoti Carlos vs. la empresa de medicina prepaga Amsa), que derivó en el célebre fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2004 que declaró inconstitucional el antiguo tope a las indemnizaciones laborales, fue el punto de partida para el renombre de Arias entre los directivos. “Los juicios empezaron a ser más importantes en monto. Antes era relativamente barato echar a un ejecutivo porque se le aplicaba el tope del convenio de actividad. Con Vizzoti, si bien postulamos que no se le aplicara ningún límite, la Corte terminó fijando un tope del 67 por ciento de la base salarial, lo que mejoró mucho las indemnizaciones”, señala.
Pero no fue solo el efecto Vizzoti lo que alentó los juicios. Tanto la mencionada ley 24.013 como la 25.323 (del año 2000), pensadas originalmente para combatir el empleo en negro, se transformaron en un arma que la alta dirección supo aprovechar en su beneficio. “Las grandes empresas importaron los paquetes de stock options y otras compensaciones que, trasladados a la realidad argentina, hacen ruido por un montón de lados. Para la ley argentina son salario, por más que muchas sigan tratándolos como no salariales. Eso genera deficiencias registrales y multas”, plantea el abogado.
Las causas que llevan adelante número unos y directores tallan sobre esos conceptos que forman parte de su compensación total: el bono, el auto, el celular, las opciones de acciones. Por los pagos no blanqueados, las indemnizaciones se incrementan un 25 por ciento (sobre el monto no percibido por ese ítem). Y si el empleado no estuvo registrado en algún momento de su vínculo, el importe indemnizatorio se duplica. El no pago en término también está sujeto a multas, detalla Esteban Sojo, socio de Maurette & Asociados, según indica el sitio Apertura.com.
La ley –sostiene Arias– no distingue entre un empleado común y un ejecutivo, como sucede en otros países donde existe una regulación específica para la alta dirección (España, Alemania). “Las empresas no saben anticipar los ciclos de sus ejecutivos –sentencia el abogado. Se manejan con políticas corporativas dictadas de afuera y no les dan el trato acorde a la contribución que generaron. Por eso proliferan las demandas”.