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El Gobierno autorizó hoy la emisión de deuda hasta 20.000 millones de dólares y estableció jurisdicciones a favor de los tribunales estaduales y federales de Nueva York y Londres, renunciando a “oponer la defensa de inmunidad soberana”.

Lo hizo a través del decreto 29/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Finanzas, Luis Caputo. El decreto –que también establece excepciones a la “renuncia de la inmunidad soberana”- indica que las colocaciones que se hagan por hasta 20.000 millones de dólares, quedarán sujetan a las cláusulas “de acción colectiva” y “pari passu”.

El decreto autoriza a incluir en las emisiones que se efectuarán “cláusulas para la prórroga de jurisdicciones a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York y Londres” y dispone “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen con cargo al presente decreto”.

De todos modos, la norma aclara que “la renuncia a la inmunidad soberana” no implica “renuncia a oponer defensa sobre ejecución” de Reservas del Banco Central, de cualquier bien localizado en la Argentina o que esté dentro de su territorio y preste un servicio público esencial, o los alcanzados por privilegios e inmunidad diplomática.

También quedan excluidos de la renuncia a la inmunidad soberana “efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago de la Argentina, sus agencias gubernamentales y otras entidades gubernamentales relacionadas con la ejecución del presupuesto”.

Además, se excluyen de la posibilidad de embargo por falta de pago de las obligaciones contraídas los bienes utilizados por misiones diplomáticas, consulares y gubernamentales, los de carácter militar o de agencias de Defensa, los que representen la “herencia cultural” de la Argentina y otros bienes protegidos por “cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable”.

El decreto faculta al Ministerio de Finanzas a “determinar épocas, plazos, métodos y procedimientos de la emisión”, así como también a “designar instituciones financieras para la colocación” y a suscribir acuerdos con bancos colocadores, “previendo el pago de las comisiones”, con agentes fiduciarios, de pago, de información, de custodia y de registración, y con agencias calificadoras de riesgo.

Fuente: Agencia DYN.

El Banco Macro encomendó a Goldman Sachs y UBS una posible emisión de deuda a 10 años, no rescatable hasta el quinto, para capital suplementario (Tier 2) por hasta 400 millones de dólares bajo el formato 144A/Reg S.

Así lo reportó IFR, el servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Las reuniones con inversores en renta fija comenzarán el 25 de octubre en Londres y seguirán al día siguiente en Nueva York.

“Habrá además encuentros en Boston, Los Ángeles y nuevamente en Nueva York, el 27, 28 y 31 de octubre, respectivamente”, precisó IFR.
Las calificaciones del Banco Macro son Caa1 de Moody’s y B- de Fitch.

(Télam).- El gobierno nacional emitió una Letra del Tesoro (Lete) por $300 millones, a 182 días de plazo y con vencimiento al 17 de abril próximo, que será suscripta de forma directa por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (Ffsit).

Así lo estableció Resolución Conjunta 19 – E/2016 de las Secretarías de Hacienda y Finanzas, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La Lete devengará intereses a la tasa Badlar de los bancos públicos, actualmente en 21,96% anual, que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de $1 millón.

El Ffsit fue creado en 2001 para fomentar la inversión en infraestructura del transporte, pero desde hace varios años es utilizado para compensar a los concesionarios viales y a las empresas por el congelamiento de las tarifas.

(Télam) «Las colocaciones de deuda realizadas en las últimas semanas por los gobiernos de Córdoba y Buenos Aires, con tasas que estuvieron por debajo de 8% anual, generaron un mayor aliento para aquellos distritos que tenían dudas sobre la oportunidad de salir al mercado de capitales a captar fondos», de acuerdo a analistas consultados por Télam.

A principios de mayo, de acuerdo al sondeo realizado por Télam, se esperaba que las provincias salieran al mercado a buscar unos US$ 4.000 millones, que sumados a los u$s 1.250 millones que había conseguido el gobierno bonaerense y los u$s 350 millones de Neuquén, totalizaban u$s 5.600 millones.

Sin embargo, las últimas dos salidas de provincias al mercado, Córdoba primero, y Buenos Aires
-por segunda vez- después, terminaron de decidir a Santa Fe, Chubut, Salta y Tierra del Fuego a seguir esos mismos pasos, con lo cual el año cerrará, hasta el momento, con colocaciones por u$s 6.865 millones.

«Es bastante interesante la nueva mirada que hay de los inversores hacia las provincias», señaló a Télam, Antonio Estrany, director de Banca Global de HSBC Argentina, banco que participó como organizador de la colocación de deuda que hizo el gobierno nacional en abril para afrontar el pago de u$s 12.500 millones a los holdouts que no adhirieron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Estrany subrayó que cuando la Argentina salió a buscar esos fondos se encontró con una sobreoferta de u$s 68.000 millones por parte de los inversores, de los cuales se terminaron tomando u$s 15.000 millones.

En ese momento, indicó Estrany, «se pensó que ésa operación iba a desplazar la demanda de otros emisores, tanto provincias como corporativos», pero remarcó que «sin embargo, se mantuvo un gran interés por las emisiones que vinieron después de varias provincias y también de empresas».

El HSBC también actuó en las tres emisiones de la provincia de Buenos Aires; en la que hizo la ciudad de Buenos Aires, y en la de la petrolera YPF.

La última colocación hasta el momento correspondió a la provincia de Buenos Aires, que el 8 de junio salió por segunda vez en el año a colocar deuda, y obtuvo una tasa de 7,87% para su bono a 10 años por el cual obtuvo u$s 500 millones, operación en la que consiguió bajar un punto y medio el interés pagado tres meses antes, cuando emitió por u$s 1.250 millones.

Previo a eso Córdoba marcó un verdadero hito al conseguir una tasa de 7,13%, la más baja en mucho tiempo para una provincia argentina, por su bono de u$s 725 millones a cinco años.

 

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, sostuvo ayer que «hay muchos números que se pueden usar de referencia» para llevar adelante las paritarias, aunque aclaró que, si «se le cree al Gobierno», el aumento debería rondar entre 20 y 25 por ciento, que es la expectativa de inflación.
«Si nos creen, debería rondar entre el 20 y 25 por ciento», subrayó el funcionario en conferencia de prensa, mientras estimó que el Índice de Precios del INDEC «no va a estar disponible en las primeras paritarias».
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, dijo que la deuda con los fondos buitre, que era de 2.943 millones de dólares, ahora asciende a 9.882 millones de dólares en la Corte de Nueva York, y culpó por el incremento de esas obligaciones al gobierno de Cristina Fernández.
«Juntando el juicio original, incorporando los me too, estamos hablando de un monto original de deuda de 2.943 millones de dólares que dejaron de pagarse con el default de 2001», indicó el funcionario, mientras aclaró que esa cifra creció «a 9.882 millones por la última sentencia».
En ese sentido, se quejó: «Ése es el costo de lavarse las manos por diez años». Además, señaló: «Queremos resolverlo».
Sostuvo, además, que en la primera reunión formal el país no realizará una propuesta ni se definirá la cuestión.
Facturas impagas
Denunció, además, que el Gobierno recibió «el déficit primario más alto de los últimos 30 años, de casi 6 puntos» del Producto Bruto.
«Lo vamos a afrontar», garantizó. A su vez, señaló: «Descubrimos que, en el cierre del año fiscal, hubo mucha disciplina trucha, porque se habla de un gasto, pero no pago».
«Se estaban dejando de pagar algunas facturas», criticó el funcionario en conferencia de prensa.
Subsidios y Ganancias
Prat Gay sostuvo que el Gobierno quiere «subsidiar a los que realmente lo necesitan».
«Tenemos la vocación de dejar de subsidiar al 30% ó 40% más rico de la población», subrayó, mientras aseguró que hay gastos «tremendamente desordenados».
Por otro lado, destacó que el Gobierno buscará subir el mínimo no imponible de Ganancias a 30.000 pesos y modificar las escalas, lo cual pretende que «se tome en cuenta» a la hora de negociar paritarias.
Bajar la inflación y recaudar más por retenciones
El ministro estimó que 2015 terminó con una inflación promedio del 28%, con los últimos tres meses «bastante por encima de eso, por el 30%».
Indicó que el objetivo para 2017 es de entre 12 y 17; 2018, entre 12 y 8, para finalizar el mandato de Mauricio Macri en un dígito.
Por otro lado, sostuvo que el Gobierno será «cuidadoso», aunque aclaró que pondrá «mano dura» para ir «en la dirección correcta».
«Tanto en el ordenamiento de las cuentas fiscales como en la inflación tenemos que ser los más gradualistas», consideró en conferencia de prensa.
El funcionario indicó, también, que se cobrará más por retenciones a la soja en 2016 y «muchísimo más» en 2017.
«Entendimos que las economías regionales estaban fundidas y, si eso sucede, se funde el interior del país”, aseguró.
Argumentó que por ello se eliminaron «prácticamente todas las retenciones».
Por otro lado, señaló que la AFIP debe reintegrar 26.000 millones de pesos por el cepo cambiario.
Prat Gay reconoció que hay «un aumento desmedido de los precios», aunque garantizó que el Gobierno se ocupa de esa cuestión.
«Quiero que sepa la sociedad, los remarcadores, que este es un Gobierno que se está ocupando de esta situación», tras criticar que la administración macrista se encontró con un «desajuste notable en
los precios relativos».
Estimó que se llegará a la primera quincena de enero con una inflación similar a la de septiembre y octubre último, al tiempo que destacó que el impacto del cepo no se acercó «ni por asomo» a los pronósticos de «algunos analistas».
 
Fuente: TN

Dos cables publicados en las últimas horas por la agencia de noticias internacional AP dan cuenta de una serie de dificultades que está atravesando Grecia y que se asemejan en gran medida a lo sucedido en la Argentina durante 2001 y que desembocó en una de las mayores crisis económicas de la historia nacional.
El eje de la cuestión es la discusión del rescate de Europa y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al país helénico, que tiene una deuda abultada y prácticamente impagable, como la que tenía Argentina hace 15 años, época en la que también negociaba con el FMI una extensión de los fondos que necesitaba para renegociar sus acreencias.
De acuerdo a AP, el optimismo con respecto a la posibilidad de un acuerdo que impida la caída de Grecia en la bancarrota brilla por su ausencia, según surgió de una reunión estrechamente observada de los ministros de Economía de la eurozona.
El riesgo es un posible default de Grecia el 30 de junio, en medio de otro aspecto que es un ‘deja vu’ de lo sucedido en Argentina: el retiro masivo de los fondos de los bancos.
En las últimas horas, Grecia amenazó con salir del euro si no se le aprueba un rescate y la cancillera alemana, Ángela Merkel, respondió que hay que seguir trabajando y que el gobierno griego debe ajustar más sus cuentas, algo a lo que el gobierno de izquierda radical se resiste.
En un discurso ante el Parlamento alemán, Merkel dijo que en febrero Atenas «se comprometió a reformas estructurales amplias. Estas deben afrontarse ahora con determinación». Además, destacó que «los esfuerzos de Alemania se dirigen a que Grecia permanezca en la eurozona» y reiteró que «donde hay una voluntad, hay un camino: si los líderes políticos en Grecia muestran esta voluntad, un acuerdo con las tres instituciones sigue siendo posible».
Lo que está en juego es un préstamo de 7.200 millones de euros (US$ 8.200 millones), fundamental para que Grecia pueda pagar deudas, ante todo los 1.600 millones de euros que debe entregar al FMI a fin de mes.
Los acreedores de Atenas insisten en que Grecia haga más recortes de presupuesto a cambio del dinero, pero el país se resiste y además quiere un plan a más largo plazo para aligerar su gran deuda, que pese a años de recortes de gastos y subidas de impuestos equivale a un abrumador 180% de su producto interno bruto anual.
En este contexto, los griegos tienen cada vez más incentivos para retirar su dinero de los bancos y, por eso, crecen las especulaciones de que, con o sin acuerdo, Grecia podría hacer algo normalmente reservado a las dificultades financieras más extremas: limitar las transferencias y retiradas de dinero para evitar una fuga. Es decir, una remake del ‘corralito’ ideado por Domingo Cavallo y que fue el empujón final para la presidencia de Fernando De la Rúa.
En teoría, el gobierno podría limitar la cantidad de efectivo que puede retirar un individuo, restringir las transferencias electrónicas de dinero fuera de Grecia y la cantidad de dinero que puede llevar alguien al cruzar la frontera, según señala AP. El problema es que esos límites podrían mantener los bancos estables, pero dañar la economía. Y si la historia es una guía, pueden prolongarse mucho tiempo: Islandia debate ahora cómo relajar las medidas de emergencia, siete años después de adoptarlas.

(DyN) – Se cumple un año hoy del rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a aceptar la revisión de las sentencias en contra de la Argentina, en el juicio contra los holdouts y de la caída en default técnico de la deuda pública.
Tras esa decisión, el 20 de junio del año pasado, el juez Thomas Griesa ordenó que el país no pueda pagar los bonos reestructurados con las operaciones de 2005 y 2010 hasta que se cumpla con su sentencia.
El 30 de junio de 2014, la Argentina depositó 539 millones de dólares de un vencimiento en las cuentas del banco fiduciario New York Mellon en Buenos Aires y Griesa le impidió a la entidad su transferencia.
El juez designó un «special master» judicial, Dan Pollack, para que oficie de mediador entre la Argentina y los acreedores.
A un año de esa resolución, el status jurídico no ha cambiado y el país se encuentra sin posibilidades de buscar financiamiento en el exterior.
En septiembre la Argentina dictó la Ley de Pago Soberano por la cual se pretendía cancelar sus obligaciones en el país y Griesa respondió declarando al país en «desacato».
Tras unas negociaciones frustradas con los holdouts, que incluyó la participación de bancos privados locales y extranjeros, la Argentina desconoció a Pollack y comenzó a pedir su remoción.
Los últimos meses de 2014 transcurrieron con la perspectiva de que el 1º de enero, tras expirar la cláusula RUFO -que impedía al país ofrecer mejores condiciones de canje a las ofrecidas en 2005 y 2010- se reanudaran conversaciones, diálogo que finalmente no ocurrió.
En el primer trimestre de 2015, Griesa convocó a los denominados «me too» a que presenten sus acreencias y se hicieron nuevos reclamos por 5 mil millones de dólares».
Dos semanas atrás, Griesa aceptó estos requerimientos y por ende la deuda a renegociar se elevó a unos 7 mil millones de dólares.
La Argentina denunció que Griesa «extorsiona» al país y pretende una negociación con todos los holdouts cuyos reclamos podrían llegar hasta 20 mil millones de dólares.

(DyN) – El Gobierno nacional amplió la emisión de los Bonos del Tesoro Nacional (BONAC) con vencimiento en mayo y en septiembre de 2016, y emitió una nueva versión con vencimiento en julio del próximo año, por un total de hasta 10.000 millones de pesos.
La resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y de Finanzas del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, establece la ampliación del bono emitido en marzo pasado, por el que el Gobierno consiguió casi 5.000 millones de pesos.
Se trata de la quinta emisión de los BONAC que realiza el Gobierno, por los cuales en las cuatro colocaciones anteriores obtuvo en el mercado local 19.800 millones de pesos.
En la última licitación, realizada el 28 de mayo último, el Gobierno consiguió 4.945.765.040 pesos, de los cuales 3.505.765.040 pesos correspondieron al sector privado y el resto al sector público.
Los BONAC con vencimiento en marzo y setiembre de 2016 devengan una tasa de interés variable pagadera trimestralmente en función del nivel de tasa de LEBAC a 90 días y los que vencen en mayo se rigen con la tasa de LEBAC a 252 días. En tanto, el nuevo bono con vencimiento en julio de 2016 «devengará intereses a tasa variable, conforme se define a continuación, pagaderos trimestralmente, excepto el último período que será cuatrimestralmente, los días 14 de septiembre y 14 de diciembre de 2015, y 14 de marzo y 12 de julio de 2016», según la Resolución.

(Télam) – Argentina y Francia firmaron el acuerdo marco del Club de París.

El acuerdo fue sellado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el embajador de Francia, Jean-Michel Casa, quines coincidieron en la importancia del acuerdo, al tiempo que destacaron la etapa decisiva en la normalización de las relaciones financieras.
Kicillof y el representante francés coincidieron en señalar la importancia de haber concretado el acuerdo y destacaron la etapa decisiva en la normalización de las relaciones financieras internacionales que derivó en un contundente proceso de desendeudamiento por parte de Argentina, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.
Argentina refinanció a fines de mayo del año pasado su deuda con el Club de París, establecida en 9.690 millones de dólares, de los cuales 4.955 millones corresponden a capital, otros 1.102 millones a intereses y otros 3.633 millones de punitorios.
La consolidación del monto a pagar fue entonces el resultado de “un proceso eminentemente técnico pero sumamente arduo, ya que los contratos son numerosos y deben consolidarse con las también numerosas contrapartes”, ya que el Club está conformado por 16 naciones, y la deuda nominada en ocho monedas diferentes.
Kicillof resaltó la decisión adoptada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de regularizar los pasivos internacionales producidos por el default del año 2001, «que derivaron en este histórico acuerdo con los países acreedores del Club de París».
El ministro y el representante diplomático galo destacaron además, la cooperación continua que desarrollan ambos países y que, a partir de este acuerdo, se propicia una nueva fase en la relación entre Argentina y Francia.

(AP) – Grecia dice que espera lograr un acuerdo con sus acreedores el domingo, para recibir el tramo final de su plan de rescate internacional que necesita con desesperación para evitar el default.
Pero esa expresión de optimismo en la víspera, que causó un alza en el mercado, resultó efímera cuando Alemania y otros acreedores importantes dijeron que el acuerdo final aún estaba lejos. A falta de éste, Grecia enfrenta el impago de sus deudas y la posible salida del euro.
«El optimismo que expresa el gobierno griego no es cháchara hueca», dijo el vocero Gabriel Sakellaridis a la prensa el jueves. «Entramos a estas negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo con nuestros socios para el domingo».
En la víspera, el premier Alexis Tsipras dijo que el acuerdo estaba cercano y funcionarios griegos dijeron que ya se redactaba el texto de un acuerdo. El ministro de Economía, Giorgos Stathakis, dijo por la noche que esperaba un acuerdo para el fin de semana.
«Creemos que las condiciones son propicias para llegar a un acuerdo», dijo Sakellaridis. «El gobierno griego ha hecho propuestas específicas y realistas».
El gobierno, elegido en enero, ha estado negociando las reformas que debe realizar para obtener el tramo final del rescate de 7.200 millones de euros (8.000 millones de dólares) de sus socios de la eurozona y el FMI.
Atenas necesita los fondos para pagar un tramo de su deuda con el FMI de más de 300 millones de dólares antes del 5 de junio. Es uno de los cuatro pagos que debe realizar al FMI en junio, todos pagos de los préstamos de rescate por 240.000 millones de euros que comenzaron hace cinco años.
Los acreedores insisten que el gobierno debe tomar medidas de reforma económica y no recaer en los malos hábitos del pasado, cuando solicitaba préstamos de manera irresponsable y mantenía un sector público enorme e ineficiente.