(DyN) – El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que el vicepresidente Amado Boudou, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y otras siete personas declaren como imputados por el «rescate» de la ex Ciccone Calcográfica que imprimía billetes para la Casa de la Moneda.
Así lo aseguraron fuentes judiciales y precisaron que el requerimiento del fiscal imputa a Boudou y Echegaray el delito de «negociaciones incompatibles» con la función pública, castigado con uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el artículo 265 del Código Penal.
Di Lello justificó su pedido en que «no resulta razonable» que un funcionario como Boudou «que ocupó varias veces la Presidencia» esté sujeto «de manera eterna e indefinida» a una investigación penal y por ello, evaluó, se impone darle «un amplio ejercicio de la defensa y pronta resolución de su situación procesal».
En este contexto, el jefe de la Afip, Ricardo Echegaray, le solicitó vía carta al juez federal Lijo que resuelva su situación procesal, «si es testigo, imputado o si será indagado» en la causa Ciccone. El funcionario le planteó que su actuación fue «en el marco de la Ley, tal como la Ley decía y que no hizo lo que la Ley no habilita». Echegaray también le pidió al juez que esta presentación sea considerada por él «como declaración indagatoria».
El requerimiento de la fiscalía incluyó a Rafael Resnick Brenner, jefe de asesores de Echegaray en la Administración Federal de Ingresos Públicos; más José María Nuñez Carmona, amigo de Boudou, y a Alejandro Vandenbroele, titular de la firma The Old Fund, que se hizo cargo de Ciccone, y quien vivía en un piso en el barrio porteño de Puerto Madero cuya propiedad se atribuye al vicepresidente.
También figuran los empresarios Guillermo David Reinwick, Nicolás Tadeo Ciccone, Pablo Jorge Amato, Jorge Enrique Capirone, Máximo Eduardo Lanusse, Sergio Gustavo Martínez, a quienes el fiscal consideró «partícipes en diferente grado de la maniobra».
La solicitud de Di Lello fue presentada al juez federal Ariel Lijo, que instruye la causa y hasta ahora sólo había realizado audiencias de declaraciones testimoniales, que hasta ahora tenía previsto finalizar en abril próximo con la comparecencia de Echegaray.
El fiscal arrancó su escrito estableciendo que la investigación pretende «esclarecer la actividad que habrían desarrollado Vanderbroele y Martínez» de la firma The Old Fund que «habrían adquirido» Ciccone Calcográfica SA cuando había sido declarada en quiebra «con fondos cuyo origen fueron puestos en duda y que a la postre aún son materia de investigación». «La adquisición -señaló- habría tenido la intención de lograr la contratación con el Estado Nacional para la producción de billetes de curso legal» y expuso que a Boudou se lo investiga porque «se habría interesado en la operación comercial referida, junto a su socio comercial José María Núñez Carmona».
Di Lello agregó que «el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas que mantenía» Ciccone Calcográfica «se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, principal acreedora». Y expuso que «se realizaron maniobras conducentes a efectivizar un salvataje, que tuviera en apariencia un apoyo administrativo, cuando el mismo organismo (por la AFIP) dos meses antes había solicitado la quiebra de la misma».
«Se ha logrado determinar que, paralelamente a las vicisitudes del expediente concursal, se realizaban diferentes reuniones» entre Ciccone, Reinwick, Amato, Nuñez Carmona, Vanderbroele y Boudou «en las que se resolvía la forma en que los capitales privados interesados se quedarían con una de las únicas empresas dedicadas a la fabricación de billetes del país».
Además, Di Lello requirió las testimoniales del presidente del Banco Macro, Jorge Brito; el presidente de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda, Cirio Zavalía; el secretario de su comisión directiva, Mariano Andrés Maccarrone; el tesorero Mario Héctor Pelavski, los vocales Daniel Piasek y Patricia De Souza y a la síndica Cecilia Guyot.
Todos esos testimonios, consignó, son para «ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa The Old Fund SA aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica SA y su posterior acogimiento a un plan de facilidades de pago a fin de cancelar la deuda que tuviera esta con la Administración Federal de Ingresos Públicos».
(DyN) – El administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, informó hoy que los ingresos fiscales de enero totalizaron los 90.307 millones de pesos.
Este resultado representa un incremento de 37,5 por ciento respecto de la recaudación alcanzada en enero del año anterior.
El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, dijo que el desempeño recaudatorio de la AFIP durante enero se explicó por el crecimiento de los tributos al consumo interno (IVA), un 42,3%; Seguridad Social, 31,4%; Débitos y Créditos bancarios, un 39,2%; y los Derechos de Importación un 43,7%.
En la conferencia también se informó que las transferencias a las provincias durante enero tuvieron un crecimiento del 46,2%, es decir un monto adicional de 7.604 millones de pesos respecto a igual mes de 2013, en concepto de Coparticipación Federal, Leyes Especiales y Fondo Federal Solidario.
Tanto Echegaray, como el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, calificaron a los resultados de enero como «récord» para un primer mes del año y dijeron que se trata de «un dato económico positivo».ð De acuerdo con los números oficiales del organismo recaudador, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró un ingreso de 27.221 millones de pesos, 42,3 por ciento mas que en el primer mes del 2013.
Echegaray atribuyó la mejora de la performance a los operativos de control que la AFIP lleva a cabo en la costa antes que a los fuertes incrementos de precios de productos de consumo masivo que se tuvieron lugar a finales de diciembre.
El Impuesto a las Ganancias, por su parte, registró una recaudación de 18.372 millones de pesos, 46,9 por ciento más que en enero del 2013, y que se explica, según el organismo al «incremento del impuesto determinado del período fiscal 2012».
En tanto, Débitos y Créditos bancarios produjo 5.748 millones de pesos, 39,2 por ciento arriba del mismo mes del 2013; mientras que los derechos de importación dejaron al fisco 2.545 millones de pesos, 43,3 por ciento superior en forma interanual.
Según explicaron los funcionarios, el anterior récord de recaudación total fue en julio del año pasado, cuando ingresaron 80.298 millones de pesos.
Por otro lado, los derechos de exportación reportaron un ingreso de 4005 millones de pesos, 34,7 por ciento más en forma interanual. La mayor parte de esa cifra fue aportada por el rubro «residuos y desperdicios de las industrias alimentarias», básicamente pellets de soja, que dejaron 1.631 millones de pesos con un incremento del 229,1 por ciento. Grasas y aceites animales o vegetales reportaron 269 millones de pesos, 15,8 por ciento por encima de enero del 2013, mientras que el otros 1.025 millones fueron producidos por el conjunto de exportaciones de menor cuantía, que subieron 48,2 por ciento.
Pero el resto de los rubros de importancia reportó bajas: Semillas y Frutos 44 millones de pesos (-32,5 por ciento), combustibles minerales 685 millones (-9,4), y cereales 350 millones (-52,2). Como ejemplo, las exportaciones de poroto de soja bajaron 74,9 por ciento en volúmenes, las de trigo 93.3, Maíz 77,3 y petróleo crudo 49,3 por ciento.
El Gobierno no realizará variaciones en el Impuesto a las Ganancias ni tratará en las sesiones extraordinarias de febrero del Congreso modificaciones al tributo a los bienes personales, afirmó esta mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El jefe de ministros precisó que el Gobierno va a enviar a la Cámara de Diputados un “paquete de medidas antievasión 3” que será tratado a partir del 1º de febrero.
Pero aclaró que “no está determinado el tema de bienes personales no incorporados al proceso económico con respecto a su definición final y definitiva”.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario también indicó que el Gobierno “no contempla ninguna variación en el Impuesto a las Ganancias”, como se había especulado en los últimos días.
Fuente: agencias.
(Agencia DyN) – La recaudación impositiva de noviembre alcanzó a 73.583 millones de pesos, lo que implica un alza de 21,3 por ciento, pero sumó el cuarto mes consecutivo con desaceleración en el ritmo de crecimiento, según datos que informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El resultado de la recaudación impositiva fue anunciado por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. De acuerdo con la información oficial, el avance de 21,3 por ciento de la recaudación tributaria en noviembre fue el menor incremento de 2013 y el más bajo desde setiembre de 2012.
Por otra parte, hilvanó el cuarto mes con recorte en el nivel de crecimiento luego de agosto con 25,5 por ciento, setiembre con 25,2 por ciento y octubre con 23,6 por ciento. Pese a la tendencia, tanto Echegaray como Pezoa destacaron que la performance fue satisfactoria y muestra que la economía sigue en una fase expansiva a favor del consumo interno que compensó la caída que se produjo en los derechos de exportación, principalmente por la retracción de la venta de cereales.
Echegaray prometió que la AFIP cumplirá con la meta de recaudación 820.960 millones de pesos para 2013 y aclaró que la pauta fijada en 874 mil millones en el presupuesto 2014 «es sólo una proyección». Tanto el jefe de la AFIP como Pezoa subrayaron el comportamiento del IVA que tuvo un incremento interanual de 30,5 por ciento a 23.256 millones de pesos y logró un record. Ambos enfatizaron que es reflejo del buen nivel de la actividad económica, aunque Echegaray también reconoció que «puede haber algún componente de precios».
Las retenciones a las exportaciones tuvieron una caída de 37,4 por ciento a 2.679 millones de pesos. Esta retracción se produjo principalmente por la baja de la venta de cereales. Al respecto, Echegaray deslindó responsabilidad de su organización y atribuyó la situación a «decisiones de política económica». Cabe recordar que el Gobierno a través de la Secretaría de Comercio, hasta el viernes en manos de Guillermo Moreno, fijó una política restrictiva para la venta de granos al exterior.
La recaudación por ganancias subió apenas 10,8 por ciento a 15.271 millones de pesos, situación que fue atribuida a el aumento en las deducciones personales que operaron en marzo y setiembre. Los derechos de importación subieron 29,7 por ciento a 2.267 millones de pesos. Los ingresos por los impuestos a las naftas -cuyo valor acumula un alza de precios cercano al 30 por ciento en un año- subieron 45,4 por ciento a 1.393 millones de pesos. En tanto, los tributos a la seguridad social tuvieron un alza de 24,8 por ciento a 19.148 millones de pesos, a favor del aumento de las remuneraciones. El impuesto al cheque creció 32,9 por ciento y sumó 5.459 millones de pesos, lo que representa un nuevo record para el tributo, cuya variación también está afectada por la inflación.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, anunció la modificación de las escalas bajo las cuales se calcula el pago del Monotributo, que tendrán lugar a partir del 1º de septiembre.
Al igual que lo sucedido con la suba del mínimo no imponible de Ganancias, el anuncio fue formulado en el marco de una nueva reunión de diálogo político entre los funcionarios del Gobierno y representantes de los sectores empresariales y sindicales más afines a la Casa Rosada.
“Esta medida abarca a una cantidad importante de argentinos, a los más de 2.250.000 personas acogidas al régimen del monotributo; y es una solución a las expectativas de muchos contribuyentes”, resaltó Echegaray.
En el caso de Córdoba, el número de beneficiarios asciende a 241.078, 10,7% del total. La jurisdicción mediterránea es la tercera con mayor cantidad de monotributistas, por detrás de Buenos Aires (34%) y la Capital Federal (17%), y levemente por encima de Santa Fe (10%).
Concretamente, la nueva escala del régimen de monotributo parte de una facturación de $ 48.000 anuales ($ 4.000 mensuales) para la categoría B de prestación de servicios. El límite para ser monotributista, en tanto, se duplicó de $ 200.000 a $ 400.000 para los servicios y de $ 300.000 a $ 600.000 para los que se dedican a la venta de bienes muebles.
Críticas a los monopolios (y a Méndez)
Antes de ingresar a la reunión con empresarios y sindicalistas, la presidenta Cristina Fernández volvió a cuestionar a los sectores monopólicos, acusándolos de perjudicar a las pymes.
“Después lo vamos a charlar con los empresarios. Uno de los problemas que voy a plantear es ue varias de las pymes que vinieron de la misión, me reiteraron las prácticas de abuso de posición dominante de las empresas monopólicas y oligopólicas en la producción de insumos básicos y difundidos, como en la fabricación de productos para la canasta familiar, como así también en las grandes cadenas de supermercados”, señaló Cristina.
“Se quejan ante Defensa de la Competencia de que tal o cual empresa grande tiene un comportamiento monopólico y demás, y entonces como las empresas tienen acceso a la información por efecto de la ley y de quién es el que se queja, después le cortan el crédito, le cortan el chorro, como normalmente se dice, y terminan perjudicadas”, añadió.
Acto seguido, le pegó un palo por elevación al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, quien protagonizó una polémica el último fin de semana al pedir “un ministro de Economía más fuerte”.
“Estas cosas las vamos a charlar después, así que todo el que tenga que decir algo por favor le pedimos que lo manifieste en la reunión o en las reuniones sectoriales que van a tener y van a seguir teniendo permanentemente, porque estamos encontrándole en algunas cosas –dijera el paisano- el agujero al mate”, puntualizó.
Sugestivamente, Méndez no estuvo en esta oportunidad en la reunión y lo reemplazó el vicepresidente de la UIA, José Urtubey, justamente el candidato que los K buscaron imponer este año cuando se eligieron autoridades en la central fabril.
Más fondos para obras sociales
En tanto la titular de la Superintendencia de de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, anunció la incorporación de dos nuevos subsidios al Fondo Solidario de Redistribución que se destinan a las obras sociales, uno denominado Sumate, que apunta a mitigar las asimetrías de trabajos especiales, y otro Suma 70, para mayores de 70 años.
Korenfeld explicó que la medida significa un 20% más de distribución de recursos. “La incorporación de Sumate tiene en cuenta a los monotributistas, a los trabajadores sociales, agropecuarios y a los de casa particulares. La distribución del subsidios será automática y proporcional a cantidad de afiliados”, manifestó. Este subsidio tiene una proyección anual de $ 890 millones.
Respecto de Suma 70, Korenfeld explicó que se decidió luego de tomar en cuenta que muchos afiliados a obras sociales quieren seguir aportando a la misma obra social y, además, las estadísticas muestran un consumo mayor de prestación de servicios de salud a partir de esta edad. Por eso se ha incorporado nueva herramienta, Suma 70, cuya proyección anual es de $ 420 millones.
Korenfeld explicó que “hay multiplicidad de programas; nuestra intención es alcanzar estándares de equidad y transparencia, a partir de SUR, Sano, Suma, Sumarte y Suma 70 vamos a transferir del Fondo Solidario de Redistribución a las Obras Sociales, el próximo año será de $ 6.500 millones”.