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enriquecimiento ilícito

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(DyN) – El ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó que está «analizando hacer una denuncia» contra el abogado Santiago Dupuy de Lome, luego de que éste pidiera a la justicia que investigue al funcionario por presunto enriquecimento ilícito.
«Es una denuncia estúpida, no hay nada, digo quién fue el papanatas que presentó esto, porque el juez no puede desestimar esto y tiene que librar oficios. Estoy analizando hacerle una denuncia a este señor, por el perjuicio que me provoca. Tira denuncias como quien canta a la mañana en la ducha», cuestionó el ministro.
En declaraciones a radio 10, Kicillof consideró a Dupuy de Lome un «un pelandrún. Se autopostula como un abogado del PRO, y no sé qué conexión tendrán (Mauricio) Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta, con él», un día después de la denuncia del letrado por presunto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, el precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, calificó como «un disparate» la acusación del ministro de Economía, Axel Kicillof, respecto de que la denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito tenía «vinculaciones» con esa fuerza política.
«Escuché lo que decía Kicillof ayer, la verdad que me pareció un disparate», señaló el actual jefe de Gabinete de la Ciudad. En declaraciones a radio Blue, Larreta minimizó el hecho de que el abogado que presentó la denuncia, Santiago Dupuy de Lome, tenga fotos en su cuenta de Facebook con el precandidato presidencial del PRO, Mauricio Macri.
«Porque el señor tenga una foto con Mauricio y se diga que es simpatizante del PRO, asumir que es una decisión nuestra la denuncia, me parece un poco fuerte. Hoy cualquiera se saca una foto con cualquiera con los teléfonos. Así que decir que es una operación nuestra, la verdad que me parece que es un disparate», señaló.
Larreta aclaró también que no tiene «idea del patrimonio de Kicillof», que no lo acusa, y que solo leyó «los títulos de los diarios».
Ayer, Kicillof fue imputado por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y comenzará a ser investigado por el incremento de su patrimonio en 600 mil pesos el año pasado.
La causa la impulsó el fiscal federal Eduardo Taiano luego de una denuncia de Dupuy de Lome, de quien el propio Kicillof dijo que tiene una foto con Mauricio Macri y es reconocido en el PRO».

(DyN) – El fiscal federal Jorge Di Lello fijó los puntos que quiere que se establezcan en la pericia que se harán sobre los bienes del vicepresidente Amado Boudou y de familiares y allegados, acusados de ser sus testaferros, en la causa en la que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Fuentes judiciales informaron que Di Lello quiere conocer todos los inmuebles que tiene Boudou, así como los bienes muebles (autos, motos, aviones) dinero en efectivo y depósitos, tanto en pesos como en cualquier moneda extranjera y si en el análisis se presentan inconsistencias.
Puntualmente, el fiscal pidió que se analice cómo fue la compra por parte de Boudou de dos propiedades en Puerto Madero (Juana Manso al 700 y Juana Manso 1113) y otra en Bonpland 1246, que es de la periodista Agustina Kämpfer, ex pareja del vicepresidente de la Nación.
También solicitó que en la pericia se establezca si tiene participación en sociedades comerciales, bonos, fondos de inversión, plazos fijos, créditos, deudas y todos sus ingresos y egresos anuales por todos los conceptos posibles.
Lo mismo pidió el fiscal para el resto de los acusados en la causa, a quienes se les imputa participar como presuntos testaferros de Boudou.
Son su padre Amado Rubén, sus hermanos Sebastián y Juan Bautista, sus ex parejas Agustina Seguín y Agustina Kämpfer, su socio y amigo José María Núñez Carmona y el ex presidente de The Old Fund Alejandro Vandenbroele, estos dos últimos procesados con Boudou en la causa Ciccone.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó medidas de prueba en la causa que investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, informó el diario La Nación.
El mismo matutino publicó además un informe en el que asegura que hay funcionarios del Ministerio de Industria, encargada de brindar subsidios a empresas, que son además los dueños de las firmas que terminan recibiendo gran parte de esos aportes.
En cuanto a la situación de Recalde, Rafecas requirió la declaración jurada patrimonial de 2013 a la Oficina Anticorrupción y a la AFIP, al hacer lugar a un pedido del fiscal federal Jorge Di Lello.
Además, Rafecas pidió que la policía federal entreviste a los dueños de los departamentos del octavo piso de un edificio en Alvarez Thomas al 3000, en Villa Urquiza, donde según una denuncia de Graciela Ocaña una unidad pertenecería a Recalde. En la misma causa, se investiga si el funcionario abusó de su autoridad al percibir su sueldo como director de Aerolíneas Argentinas y otro como director de Austral.
En su nueva declaración de bienes, el funcionario kirchnerista sostiene que en 2012 su patrimonio era de $ 4.907.489, contando sus bienes y descontando sus deudas. Mientras que en 2013 ascendió a $ 5.760.556, considerando sus bienes menos sus deudas. La cuenta arroja un incremento del 17 por ciento.
En cuanto a la denuncia contra funcionarios que trabajan bajo el ala de Débora Giorgi, La Nación señala que entre los beficiarios de los bonos que el Estado ofrece desde 2001 para saldar desventajas por aranceles de importación con reintegros del 14% en las ventas (que bajan al 12,5% cuando se les descuenta el IVA), hay asesores y agentes vinculados a la cartera que conduce Giorgi y profesores o autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esa operatoria supone una incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.
En este contexto, la diputada nacional Elisa Carrió (Frente Amplio-UNEN) denunció penalmente a Giorgi por esta supuesta entrega de subsidios a empresas que presuntamente pertenecen a funcionarios de esa cartera.
La denunciarecayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
Carrió pidió que, además de a Giorgi, se investigue si otros funcionarios del Ministerio de Industria pudiesen estar involucrados en las supuestas maniobras.
Y reprodujo el texto del diario que menciona al «subsecretario de Coordinación, contador Marcos Ricardo Coy, que supuestamente aprueba a qué empresas van los subsidios, y asesores o colaboradores sin cargo específico».
«Allí aparece el primer punto sensible: algunos de estos gestores son, a su vez, profesores de la UBA (o mantienen vínculos con ella), que aporta el conocimiento para las auditorías que definen la entrega de esos bonos», acotó la legisladora.
La dirigente de la Coalición Cívica consideró que los supuestos hechos «podrían configurar» la comisión del delito de «negociaciones incompatibles con la función pública y/u otros posibles actos ilícitos».
Por último, la diputada reconoció que en el Ministerio, según público el diario, «negaron que haya funcionarios dueños de empresas que cobren subsidios de esa cartera».